(EL OBSERVADOR)
La investigación en la Justicia de Crimen Organizado en torno a presuntas irregularidades en negocios con Venezuela y préstamos otorgados por el Fondo para el Desarrollo (Fondes) durante el gobierno de José Mujica dio un giro. El fiscal Luis Pacheco había dividido la solicitud de citaciones por la denuncia presentada por los diputados nacionalistas Rodrigo Goñi y Jaime Trobo y el exfrenteamplista Gonzalo Mujica en negocios de empresas privadas con el país caribeño, por un lado, y los préstamos en condiciones supuestamente cuestionables, por el otro. A fines de mayo, Pacheco pidió a la jueza Beatriz Larrieu como primeras citaciones la comparecencia de ocho personas, todas en calidad de testigos. Entre ellos se encontraban jerarcas del gobierno anterior. Sin embargo, Pacheco rectificó parte de su pedido.
En una nueva vista fiscal enviada al juzgado el 14 de junio pidió que los directores del Fondes durante el mandato de Mujica sean citados en calidad de indagados y no como testigos. Eso significa que el economista Pedro Buonomo, quien fue subsecretario del Ministerio de Economía y asesor durante el gobierno de Mujica, Gabriel Frugoni, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y Sebastián Torres, exdirector nacional de Industrias, pasan a ser investigados y deberán comparecer ante la Justicia con representación de un abogado.
En su solicitud, a la que accedió El Observador, el fiscal explica que se rectifica “en la medida en que en los hechos denunciados las personas integrantes” del directorio del Fondes “serían las únicas eventualmente responsables”. Las audiencias todavía no están pautadas pero se estima que comenzarán en agosto, informaron a El Observador fuentes vinculadas al caso. La denuncia de los diputados indica que los préstamos que el Fondes dio a algunas empresas fueron otorgados en “circunstancias sospechosas” y “no se solicitaron garantías suficientes”, informó el 30 de mayo El País. Esos préstamos implicaron entre 2012 y 2015 unos U$S 53 millones que no fueron reembolsados.
PROHÍBEN EXPLOTACIÓN MINERA
(EL OBSERVADOR)
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º turno revocó una sentencia de la justicia en lo Contencioso Administrativo en la cual se autorizaba a una empresa minera a realizar actividades de explotación en un predio lindero al de Salus, según indicó un comunicado publicado en la web del Poder Judicial. La empresa Salus había promovido una demanda contra la Dirección Nacional de Minería y Geología, en contra de las resoluciones que autorizaban a la empresa minera a realizar estas actividades en ese terreno. Además, declaró que la explotación le impediría a futuro “extraer agua 100% natural, como lo ha verificado hasta el presente”. El tribunal hizo lugar al reclamo y argumentó que “el agua es considerada un recurso indispensable para la vida, no solo del ser humano sobre la Tierra, sino también para la vida vegetal y animal”.
A su vez, agregó que el ambiente “se ha transformado en un recurso crítico: si antes parecía infinito, inagotable, ahora hay conciencia de que es escaso. El medio ambiente no interesa a un solo individuo, sino a un grupo de ellos. Se trata de un problema de acción colectiva y no individual, no sólo interesa a un grupo de individuos actual, sino futuro. No se puede comprometer el interés de las generaciones futuras, lo que lleva a una acción colectiva intergeneracional”, concluyó la sentencia.
JUDICIALES HARÁN OCUPACIONES SORPRESIVAS
(EL PAIS)
Las sedes de la Suprema Corte de Justicia, tribunales de apelaciones y juzgados penales serán ocupadas, en forma sorpresiva, por el gremio de funcionarios judiciales a partir de este lunes. La medida se realizará por el incumplimiento del gobierno a pagar una deuda laboral de U$S 40 millones y en rechazo a una supuesta omisión del Poder Ejecutivo en designar a un fiscal que intervenga en una acción de inconstitucionalidad promovida por funcionarios judiciales contra el artículo 733 de la Ley de Presupuesto.
Esta norma condiciona el pago de las sentencias judiciales ejecutoriadas a la disponibilidad de recursos y a futuras instancias presupuestales. El gobierno debe pagar a 3.800 judiciales una deuda laboral que ronda los U$S 40 millones. El incumplimiento se arrastra desde 2012.
Un comunicado de la secretaría de comunicación de Presidencia de la República rechazó la acusación del gremio judicial de que el Poder Ejecutivo tranca una acción de inconstitucional presentada por el sindicato al no nombrar un fiscal. El comunicado, firmado por el secretario Miguel Toma, lamenta que los integrantes del sindicato no se hayan avenido a la propuesta del Ejecutivo para poner fin al diferendo salarial que se arrastra desde 2012. La deuda se generó cuando la administración del expresidente José Mujica aprobó un aumento salarial para los ministros de Estado, que, por ley, termina estableciendo también las retribuciones de los funcionarios judiciales en un porcentaje de aquellos.