(AFP)
Uruguay vivió un paro general parcial con una masiva movilización de trabajadores enfrentados duramente con el gobierno cuando se debate la ley nacional de presupuesto. Aunque en la mayoría de los sectores que adhirieron a la convocatoria la paralización fue de media jornada, los sindicatos de funcionarios estatales y de maestros y profesores extendieron la medida por 24 horas.
Desde tempranas horas, miles de trabajadores se concentraron en zonas cercanas a Presidencia, donde tuvo lugar un acto de protesta en el que las críticas apuntaron principalmente a la decisión del Ejecutivo de enviar al Congreso el presupuesto sin terminar de negociar con los sindicatos, que demandan mejoras en las condiciones salariales.
Hay una “diferencia rotunda con el Poder Ejecutivo: discrepamos con la forma en que ha tratado la cuestión de la rendición de cuentas”, manifestó Marcelo Abdala, secretario general del Pit Cnt.
“Mientras recién empezaban los primeros diálogos, avasallando como si fuera una aplanadora estos ámbitos de negociación colectiva, en el día de ayer (martes) el Poder Ejecutivo le pasa por arriba (a los trabajadores) enviando la rendición al Parlamento. Está mal, gente. Lo que está mal, está mal”, añadió.
El ministro de Economía, Danilo Astori, había adelantado que el gobierno establecería un aumento de 172 millones de dólares del gasto público respecto al anterior presupuesto y que, de ese total, 62 millones serían destinados a educación. Los trabajadores piden el equivalente al 6% del Producto Bruto Interno (PBI) en gasto educativo.
El PBI creció 4,3% en el primer trimestre del año en relación con igual período de 2016, en buena medida impulsado por una excelente temporada turística. Sin embargo, los datos de desempleo a marzo dispararon las alarmas. El 9% que marcó la tasa de desocupación no solo es el guarismo más alto de la serie de 13 meses presentado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sino que se trata de la cifra más alta en casi 10 años.
A mediados de junio, el diario El Observador informó de la pérdida de más de 20.000 puestos de trabajo en el primer trimestre del año. El mismo diario había consignado días antes de fuentes empresariales que el número de empresas en concurso a acreedores se duplicó en los primeros cuatro meses de 2017 sobre igual período de 2016. Varias industrias importantes han cerrado en los últimos dos años y el gobierno apuesta a la instalación de una nueva planta de celulosa de la finlandesa UPM para compensar la situación, aunque el proyecto no está aún definido.
SE INCREMENTARON VÍNCULOS LABORALES EN EL ESTADO
(EL PAÍS)
En la Rendición de Cuentas enviada al Parlamento se suma un anexo con la cantidad de vínculos laborales y allí se revela que en 2016 aumentó en 1.246 la cantidad de vínculos laborales en el Estado durante el año pasado con respecto a 2015. En total, el Estado tuvo el año pasado 306.269 vínculos laborales entre funcionarios y no funcionarios, mientras que el año anterior habían sumado 305.023, según los datos presentados al Parlamento.
Al 31 de diciembre de 2016 en el Estado uruguayo había 293.585 vínculos laborales de funcionarios públicos, de acuerdo con el informe oficial, mientras que el año anterior alcanzaban a 291.333. Los vínculos de 2016 de funcionarios públicos se dividen según el tipo de vínculo en 112.119 presupuestados (38,2%), 83.963 docentes efectivos, interinos y suplentes (28,6%), 29.412 efectivos y contratos policiales (10,02%), 26.169 efectivos militares correspondiente a personal superior y subalterno (8,9%), 24.989 contratos permanentes o de función pública (8,5%), 498 provisoriatos (0,2%), 8.863 zafrales y eventuales (3%), y 7.226 funcionarios públicos con otro tipo de vínculo (2,5%), revela el texto.
En la comparación con el año anterior se constata que la cantidad de presupuestados aumentó en 3.005 vínculos; los docentes crecieron en 916; se sumaron 2014 efectivos policiales y 1.292 efectivos militares; bajaron en 2.458 los contratos permanentes; crecieron en 348 los provisorios y en 107 los vínculos zafrales y eventuales y en 710 los funcionarios con otros vínculos. Por otra parte, el informe de 2016 refleja que hay 12.684 vínculos que no tienen calidad de funcionarios públicos; estos representan 1.006 menos que en 2015 cuando sumaban 13.690.
PROFESORES FIJARON NUEVO PARO
(EL OBSERVADOR)
Luego del fracaso de la negociación salarial con el Poder Ejecutivo, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) resolvió un paro nacional de 24 horas para el jueves 29 de junio. El dirigente de Fenapes, Marcel Slamovitz, dijo a El Observador que, además, el sindicato planteará al Pit Cnt la realización de un paro nacional de 24 horas en defensa de la educación pública. Adelantó que esta medida se decidirá en el secretariado ejecutivo de la central obrera a realizarse mañana viernes.
En la asamblea los profesores expresaron su “repudio absoluto” a la falta de negociación colectiva por parte del gobierno. “El Poder Ejecutivo dice que negocia, pero en definitiva no negocia nada. El Poder Ejecutivo laudó, pero no nos dio la posibilidad de negociar”, dijo Slamovitz.
Este paro se suma al paro de 24 horas que ya resolvió el sindicato de profesores de Montevideo para el viernes 30 de junio. La propuesta inicial del Poder Ejecutivo proponía destinar U$S 50 millones para el incremento salarial de los docentes. El objetivo era cumplir con el artículo 4 del convenio firmado en 2015 que establece llegar a 2020 con un salario mínimo nominal de $25 mil para un docente grado 1. Sin embargo, los sindicatos señalaron que ese monto no alcanzaba para cumplir dicho convenio y pidieron $1.800 millones.
El gobierno cedió y les ofreció $1.700 millones ($200 millones más) y una partida de $50 millones para cubrir algunas inequidades. No obstante, les presentó esta propuesta bajo la condición de que los sindicatos firmaran un preacuerdo el martes pasado. Los gremios consideraron que la propuesta no era suficiente porque no atendía todos los puntos del convenio 2015 (inequidades, presentismo, por ejemplo). Por esta razón, decidieron no firmar el preacuerdo y el gobierno cerró la rendición solicitando $1.500 millones para incremento salarial.