Cooperativismo y desarrollo social

No es ninguna novedad que el cooperativismo uruguayo tiene al menos parte importante de sus raíces en Paysandú, donde el movimiento cooperativo ha sido un reiterado motor de emprendimientos industriales, comerciales, culturales, sociales, financieros y deportivos.
Aunque el más fuerte empujón del cooperativismo se dio en nuestro solar desde mediados del siglo XX, tuvo el importante antecedente a principios de dicha centuria en sindicalismo agrícola cristiano. La organización de sindicatos y cooperativas que llevó a cabo el padre Horacio Meriggi tuvo como punta de arranque a Paysandú al formarse en 1922 el Sindicato Cristiano Agrícola de Parada Esperanza y, posteriormente, se extendió a otros parajes del departamento y el país. Fue así que la Federación de Sindicatos Agrícolas de Paysandú jugó un importante rol en el progreso de la agricultura en el Departamento, estableciendo colonias y extendiendo la influencia del movimiento cooperativista sanducero a otros departamentos.
Más tarde, en el transcurso de la década de 1950 el departamento de Paysandú se vio sorprendido por la aparición de diversas organizaciones colectivas que en forma mancomunada reunían el esfuerzo de sus socios, con la finalidad de alcanzar metas económicas en formas muy concretas, rescatando los aspectos humanos y sociales fundamentalmente y que eran el pilar para sostener el objetivo de sus acciones.
Reseñar la historia de las cooperativas sanduceras llevaría varias páginas –tarea que ya ha sido realizada con la publicación del libro “Aportes para una crónica del cooperativismo sanducero”, del arquitecto Juan Carlos Siázaro (2006)– y no es nuestro objetivo ahora, sino que simplemente lo traemos a colación para señalar que las cosas tienen sus orígenes y antecedentes, los que van moldeando una forma de ser y trabajar el desarrollo del capital económico y social de cada lugar.
A modo de ejemplo, cabe señalar que la aprobación de la Ley Nacional de Vivienda en 1968, vino a dar solución a variadas iniciativas que, por ese entonces, surgían en los gremios para procurar resolver el problema de la vivienda propia. De esa forma, aparecen las cooperativas Covisan hasta la 9, y las Municipales 1 y 2, en tanto en 1985 aparecieron cooperativas de producción y otras nuevas de vivienda.
Ese rol preponderante del cooperativismo sanducero tuvo su destaque en 2013 al designarse a nuestro departamento como Capital Nacional del Cooperativismo en el marco de un proyecto de ley impulsado por el entonces diputado Miguel Otegui, quien contó con un decisivo pronunciamiento del Centro Cooperativista Uruguayo (CCU) a solicitud de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores. Al avance que significó la aprobación en 2008 de la ley Nº 18.407, que regula el funcionamiento del sistema cooperativo, se agregaron posteriormente nuevas normas que posibilitan la formación y el apoyo a cooperativas, como por ejemplo las cooperativas sociales. A su vez, la creación del Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop) y de Incubacoop como dispositivo para fomentar y favorecer el desarrollo de la cultura cooperativa con innovación tecnológica y conocimiento, son instrumentos auspiciosos que facilitan procesos. La cantidad de cooperativas continúa en aumento en Uruguay, habiéndose llegado en los últimos años a unas 3.000 aproximadamente, con sectores con importantes crecimientos como los de las cooperativas de trabajo, sociales y de vivienda.
No obstante, el movimiento cooperativo continúa enfrentando una serie de desafíos. Recientemente, la presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), Graciela Fernández, dijo que la falta de tierras para construir, el acceso a financiación, la visibilidad y participación de las cooperativas en la economía y sociedad de Uruguay son algunas de las cuestiones claves donde se debe trabajar fuertemente.
En este sentido, expresó que en el país están faltando tierras para el sistema cooperativista y que se deben mejorar las condiciones tributarias “que a veces tienen otros sectores dedicados a lo mismo pero no son cooperativas de vivienda”. En esta línea, agregó el beneficio del descuento del IVA en los materiales de construcción.
La dirigente descartó que existan dentro del sistema cooperativo problemas importantes diferentes a los de otros procesos asociativos que buscan conformar un proyecto, aunque señaló que el acceso a financiación es un factor crucial que afecta fundamentalmente a expresiones de la economía social a cuyos emprendimientos les es difícil encontrar crédito.
Algunas señales a estos planteos están dándose desde la esfera gubernamental. Por ejemplo, ayer el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, Gustavo Bernini, anunció que este año serán adjudicados 6,6 millones de dólares en cinco programas estratégicos dirigidos a cooperativas y emprendimientos productivos autogestionarios, como parte de las nuevas líneas programático-estratégicas del Fondo para el Desarrollo. Estos financiamientos serán realizados mediante llamados concretos, a través de convocatorias conjuntas con el Instituto Cuesta Duarte del Pit Cnt o a través de la ventanilla pública.
En este sentido, anunció próximos llamados de programas de fortalecimiento de la competitividad, apoyo al financiamiento de cooperativas o empresas autogestionadas que necesitan capital de giro o inversión, fomento de habilidades empresariales mediante el otorgamiento de fondos no reembolsables de asistencia técnica. Otro programa estará destinado a la cooperación y el fomento del desarrollo cooperativo, y el último es para el desarrollo de cooperativas como proveedores. “Visualizamos que muchas cooperativas deben fortalecerse para ingresar en la cadena de proveedores de empresas de mayor porte, porque eso le asegura la sostenibilidad, un ejemplo de ello es la megainversión que se radicará en el centro del país”, indicó Bernini en referencia a la proyectada nueva planta de celulosa de UPM.
El apoyo y promoción del sector –por ejemplo con los préstamos a largo plazo y bajas tasas de interés como las anunciadas para las convocatorias que pronto se realizarán– se impone como una necesidad para abrir posibilidades de trabajo y desarrollo pero también se requiere absoluta rigurosidad en la evaluación de la viabilidad de las propuestas, en la medida que de dineros públicos se trata. Más allá de esto, no hay duda que el cooperativismo continúa siendo una opción viable y efectiva para resolver problemas de seguridad ocupacional, como instrumento de inclusión y para la dignificación en sus horizontes personales.