(EL PAÍS)
La presidenta del Directorio de Ancap, Marta Jara, pidió a los directorios de las empresas subsidiarias de Ancap que reduzcan los salarios de todos los gerentes a un 60% del sueldo del presidente Vázquez. La decisión fue aprobada por el directorio de la empresa petrolera 15 días atrás con el voto afirmativo de los cinco integrantes, comentaron a El País dos fuentes del Poder Ejecutivo. Uno de los consultados agregó que la decisión tiene el aval del jefe de Estado.
Con esta iniciativa, Jara aplica una política planteada por el gobierno en la pasada ley de Rendición de Cuentas y la redobla. El artículo 10 de la ley mencionada fijó los topes salariales de los funcionarios públicos en un 60% del salario del presidente de la República.
“Ninguna persona física que preste servicios personales al Estado, cualquiera sea la naturaleza del vínculo y su financiación, podrá percibir ingresos salariales mensuales permanentes, por todo concepto, por el desempeño conjunto de sus actividades, superiores al 60% de la retribución total sujeta a montepío del Presidente de la República”, dice el texto aprobado el año pasado sin el apoyo del Partido Nacional.
Esta decisión corre para los nuevos ingresos a la función pública, por lo que los gerentes de las empresas subsidiarias de Ancap no han ajustado sus salarios. Por eso Jara propuso al Directorio ampliar la iniciativa y pedirles a todos los directorios de las subsidiarias que reduzcan los salarios de sus gerentes.
Un jerarca de la Oficina Nacional de Servicio Civil explicó que actualmente ninguna de las empresas subsidiarias tiene a sus gerentes cobrando por debajo de ese tope. La decisión de Ancap tiene como objetivo central lograr un criterio “uniforme y coherente” entre las empresas subsidiarias.
La fuente agregó que la empresa petrolera está llevando adelante una reorganización del trabajo en general. Con las medidas que el Directorio está aplicando se busca conseguir una organización empresarial más plana.
Si bien el mandato de la pasada Rendición de Cuentas fue para los nuevos ingresos, el Directorio de Ancap resolvió ampliarlo para los cargos ya existentes. Esto ocurrió porque detectaron “una oportunidad de adecuar el nivel de las gerencias de las subsidiarias también”, explicó la fuente.
La decisión fue informada a los directorios de Ducsa, ALUR, Cementos del Plata, Caba, Ancsol, Gasoducto Cruz del Sur, Petrouruguay, Conecta, Gas Sayago, Gasur, Pamacor, Matriz, y Talobras.
Varios de los directores pertenecen a la Lista 711 liderada por Sendic. Uno de los removidos es el expresidente del ente, José Coya, sin embargo el dirigente había solicitado un pase en comisión para el Poder Legislativo y se desempeña como asesor directo del senador Leonardo De León. Esta actividad la realiza desde su salida de la presidencia de Ancap.
REGULAN USO DE LAS TARJETAS
Tras el uso de las tarjetas corporativas de Ancap por Raúl Sendic, cuando estuvo al frente del ente, el nuevo Directorio decidió diseñar un nuevo sistema de controles. La decisión fue aprobada la última semana según informó el diario El Observador el viernes 28. A partir de la próxima definición de presupuesto operativo para el control de gastos, establecerá un monto máximo para poder efectuar compras con las tarjetas corporativas.
Los gastos definidos como “de cortesía institucional” (popularmente conocidos como regalos empresariales) solo se justificarán si por razones de necesidad imprevisible deben ser cubiertos. A su vez no se pueden computar como viáticos los gastos en alimentación y alojamiento que requerirán las misiones al Interior.
COMERCIOS CERCA DEL NÚMERO DE FIRMAS
(EL PAÍS)
Los comerciantes del Interior evaluaron positivamente este fin de semana la campaña que llevan adelante para recolectar las firmas que permitan plebiscitar la ley de Inclusión Financiera y aseguran estar cerca del número necesario para llevar adelante el recurso.
Gremiales empresariales —sobre todo colectivos del Interior— impulsan un plebiscito que busca tirar abajo (a través de una reforma de la Constitución) algunos aspectos de la ley sancionada en 2014. A grandes rasgos, se argumenta que esta ley atenta contra la libertad de la persona, por ejemplo, al momento de decidir cómo prefiere cobrar su sueldo y en el momento de efectuar un pago si lo hace en efectivo o a través de una tarjeta de débito.
Tomás Casas, presidente del Centro Comercial e Industrial de Lavalleja, dijo a El País que los empresarios del Interior reunidos ayer en una asamblea de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), celebrada en Atlántida, hicieron una “evaluación positiva” de la marcha de la campaña de recolección de firmas y aseguró que “se anda muy cerca de alcanzar el número necesario”.
Explicó que la campaña se lleva adelante en todos los departamentos al impulso de empresarios y de otros colectivos que incluyen agrupaciones de jubilados y otras organizaciones sociales.
El empresario comentó que se anunció que los aranceles que se pagan por el uso de las tarjetas de débito tendrán un máximo de 1,5% a fin de año, tanto para grandes superficies como para pequeños comercios; hoy están en 2%.
La secretaría de comunicación de la Presidencia informó que las medidas específicas para los pequeños comercios adoptadas en el marco de la ley de inclusión financiera incluyen los subsidios para arrendar los dispositivos POS, el derecho de abrir una cuenta bancaria con un conjunto de servicios financieros gratis y bajar los aranceles del 7% al 2%.
Si bien Casas reconoció que la rebaja de los aranceles para los comercios más pequeños “alivia un poco la situación de los comerciantes chicos”, resaltó que “no hace a la esencia del problema”.
