Cuando uno no termina de ofuscarse por el despilfarro de los millones de dólares en Ancap, aparece una información en el diario El País acerca de que, con base en un documento confidencial, Gas Sayago paga por mes a jerarcas alrededor de dos millones de pesos en salarios sin que la obra de la regasificadora haya hecho algún avance en los dos últimos años. Este dato, según el matutino capitalino, generó una dura disputa entre el oficialismo y la oposición en la comisión investigadora de Diputados sobre esta planta paralizada.
Ese documento reservado agrega que Gas Sayago gasta unos 3 millones de dólares por año (2 millones de pesos por mes) en salarios de una veintena de funcionarios, a pesar de que la obra está detenida hace más de dos años. El texto señaló que la gerenta de la compañía cobra $ 365.000 mensuales (la anterior gerenta, la hoy presidenta de Ancap, Marta Jara, ganaba $ 440.000 por mes), al tiempo que dos gerentes perciben un salario de alrededor de $ 200.000 mensuales, el coordinador del gasoducto $ 231.000, y el director de obra $ 199.000 mensuales.
Además, un especialista en comunicación cobra $ 102.000, el jefe de operaciones marítimas cobra $ 199.000, la contadora técnica $231.000 y el gerente de finanzas y servicios percibe $ 209.000. En tanto, el encargado de relaciones institucionales y un auxiliar de atención ciudadana se encuentran en el Seguro de Paro.
El diputado oficialista Roberto Chiazzaro aseguró que no sabe “si está bien o mal lo que ganan” esos funcionarios. En tanto, el nacionalista Pablo Abdala –ambos forman parte de la investigadora en la cámara baja– hizo referencia sobre los dos cargos de coordinador y director de la obra del gasoducto Cruz del Sur, que conectaría con la planta regasificadora en tierra y recordó que “hace dos años que quedó pronto” y, sin embargo, siguen cobrando esos sueldos. Se trata de “sueldos altos”, que están “por encima de la media del país y también de lo que paga el Estado”. Gas Sayago “administra recursos públicos”, dijo el legislador.
La comisión que investiga el negocio de la regasificadora fue aprobada en noviembre de 2016 por iniciativa de Abdala. Entre los puntos que se están investigando está la forma en la que seleccionó la empresa constructora, GNLS y OAS, las cuales, según este diputado, no presentaron la oferta más conveniente ni en lo técnico ni en lo económico. Además, OAS está asociada con uno de los mayores escándalos de corrupción que se investigan en Brasil en la operación Lava-Jato, que ha llevado a la cárcel a empresarios y gobernantes por el pago de sobornos vinculado con la concesión de obras.
La investigadora también analizará las pérdidas generadas por la empresa Gas Sayago, que suman 65 millones de dólares. Además, 380 empresas uruguayas que suministraron insumos y servicios a GNLS y OAS perdieron más de 22 millones de dólares que buscan cobrar en un proceso concursal ante la Justicia, informó El Observador. El pasado mayo, Gas Sayago, formada por UTE y Ancap para dar forma a la construcción de la planta regasificadora –uno de los más ambiciosos proyectos del gobierno de José Mujica–, envió a las cuatro empresas que se presentaron para la construcción del proyecto en la zona de Puntas de Sayago una carta en donde da “por terminado, de forma definitiva”, el proceso de construcción de la Terminal GNL del Plata.
“El motivo de la terminación definitiva del proceso radica en la necesidad de ciertos cambios en la estructura jurídica y comercial del proyecto GNL del Plata, fundamentalmente para que sea viable desde el punto de vista económico”, argumentó Gas Sayago.
Pero centrémonos en las pérdidas. Todo parece ser así, despilfarrar dinero, que termina pagando el contribuyente. Ancap ya viene de socavar 800 millones de dólares en los últimos años. Y no solo Gas Sayago y el cemento dan pérdidas en la petrolera estatal: también están ALUR, CABA y Carboclor. El vicepresidente de la República y expresidente de Ancap, Raúl Sendic, había dicho que solo el cemento había tenido resultados negativos en Ancap.
Alcoholes del Uruguay S. A. en 2016 arrojó pérdidas por $ 270.986.359. CABA S.A,. que se dedica a la comercialización de alcoholes y solventes, dio pérdidas en 2016 por tercer año consecutivo, por unos $ 22.285.249. Anteriormente, lo había hecho por $ 28.898.191 y $ 14.978.971 en 2015 y 2014, respectivamente. Carboclor S.A. en su balance del año pasado arrojó una pérdida por $ 265.936.749.
Cada vez se vislumbra con mayor notoriedad la ineficiencia de Ancap, la mayor empresa estatal, y su desastre financiero, responsabilidad del Frente Amplio y, sobre todo, de los años que fue dirigida por Sendic, que llegó hasta maquillar los balances de ALUR.
“La manea de la inamovilidad laboral de los funcionarios públicos y el deslumbramiento frenteamplista con los monopolios estatales limita agudamente los planes para darle a Ancap el orden y la eficiencia operativa que son comunes en cualquier empresa privada bien administrada”, señalaba un análisis de El Observador de junio pasado. La cuestión es que, con los ojos abiertos, se sigue permitiendo el despilfarro y lastrando la credibilidad del país.
