(EL PAIS)
Uruguay actúa con “prudencia” ante las solicitudes de datos de fiscos extranjeros, había dicho el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, ante el Parlamento. En el caso de Argentina, el más emblemático por la cantidad de activos (inmobiliarios, dinero) que tienen sus ciudadanos en Uruguay, la Dirección General Impositiva (DGI) respondió el 40% de los pedidos que le llegaron. “No es que frente a cualquier pedido la administración tributaria automáticamente lo da”, dijo Ferreri en esa ocasión.
En el marco de los distintos acuerdos de intercambio de información bilaterales vigentes, Uruguay respondió sólo 40% de los requerimientos del fisco argentino. Se trató de convenios de intercambio de información de los llamados “a requerimiento”, en los que el país que pedía información sobre los bienes o rentas de un contribuyente en el otro país debía aportar elementos de una investigación previa, aseguró Daniel Lejtman, de Lisicki, Litvin & Asociados al diario argentino El Cronista.
“Argentina fue uno de los países más activos en pedir información en el marco del convenio de intercambio de información a requerimiento, y se estima que en el marco de una mejor relación bilateral, la cantidad de respuesta podría mejorar”, señaló Lejtman. Esto cambiará a partir de 2018, cuando Uruguay ingrese al intercambio de información automática al que se comprometió en el Foro Global de Transparencia Fiscal. Este intercambio (con datos a 2017), supone que la DGI enviará toda la información sobre ciudadanos extranjeros a los fiscos respectivos que se hayan comprometido al mismo y Argentina es uno de ellos.
