(EFE – EL OBSERVADOR)
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, esperará el dictamen de la Junta de Transparencia Pública para estudiar la renuncia de su vicepresidente, Raúl Sendic, tras la polémica generada por las compras que efectuó con una tarjeta corporativa cuando trabajaba en la petrolera estatal Ancap.
“Esperemos a ver qué dice la Justicia en el caso y la Comisión Ética del Frente Amplio”, expresó a la prensa. Al ser consultado sobre si aceptaría la renuncia de Sendic en caso de que el dictamen le sea adverso, Vázquez dijo que “cuando se presenta una renuncia, se presenta una renuncia”, y añadió que ese es “un problema personal” que tendrá que evaluar su vicepresidente. “La función pública exige el máximo de ética a cada uno de quienes la tenemos que desempeñar”, añadió el mandatario.
Tras la divulgación de los gastos realizados por Sendic durante los períodos de tiempo que fue vicepresidente de Ancap (2005-2009) y presidente del ente (2009-2013), la Junta le solicitó a la empresa petrolera información sobre el reglamento para el uso de tarjetas estatales, de acuerdo con lo publicado ayer por el diario El Observador.
La polémica en torno a los gastos del vicepresidente surgió a raíz de un informe divulgado por el semanario Búsqueda y el programa “Así nos va” de Radio Carve, donde se detallan las compras realizadas por Sendic con una tarjeta corporativa durante su gestión al frente de la petrolera.
En el informe se incluye el detalle de algunas compras de supuesto carácter personal, que abarca gastos en ropa, joyas y electrónica, por un monto de $538.973 y U$S 38.325 en tarjetas corporativas.
Por su parte, Sendic solicitó licencia “por motivos personales” desde mañana hasta el próximo 5 de agosto.
INSTALARÁN GABINETE INTERMINISTERIAL
(PRESIDENCIA)
Se instalará un gabinete interministerial para tratar en profundidad el tema de la participación público-privada (PPP), anunció el presidente de la República, Tabaré Vázquez, al finalizar una jornada de trabajo junto con ministros y representantes de la Academia Nacional de Economía. Para el desarrollo de obras, destacó la importancia de mantener la confianza y el grado inversor para la llegada de capitales extranjeros.
“Que un equipo tome el tema en su totalidad y lo analice facilitará el avance de la aplicación de la herramienta PPP”, dijo el presidente.
Vázquez recordó que cuando asumió su gobierno, solicitó: “No nos dejen solos, porque precisamos el aporte de diferentes actores para llevar adelante un gobierno de cercanía y participación ciudadana, porque al país lo construimos entre todos”. En este sentido, dijo que además de la creación del gabinete, se recurrirá al aporte de entidades como esta academia, el sector empresarial y los actores financieros.
Destacó la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo más intenso y extenso de esta herramienta. “Somos conscientes de la importancia de la imagen y la confianza del inversor en la conducción del gobierno nacional”, subrayó. “Generar confianza cuesta mucho y se puede perder rápidamente”, recalcó; además enfatizó que “es el elemento fundamental para atraer la inversión extranjera y para mantener el grado inversor en el nivel que lo tiene el país”. Señaló que “es muy importante para el país manejar adecuadamente las variables macroeconómicas con solvencia, y reconoció el trabajo del equipo económico.
FOEB PREPARA“ACCIONES LEGALES”
(MONTEVIDEO PORTAL)
La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) anunció que emprenderá “acciones legales” para “aclarar y responsabilizar a los que permitieron y consintieron” la presencia de un funcionario militar infiltrado dentro del sindicato durante la democracia.
A partir de la confirmación de la identidad del denominado “Agente L” dentro del sindicato, la FOEB expresó su repudio y sostuvo que “estos hechos no hacen más que confirmar que en nuestro país se ha vivido en una ‘democracia tutelada’ desde la apertura democrática hasta nuestros días”.
Los trabajadores de la bebida entienden que “es responsabilidad del Estado investigar y aclarar en qué marco y con qué finalidad se realizaron dichas infiltraciones”, así como informar “si en el presente se mantiene infiltraciones en las organizaciones sociales y políticas”.
La FOEB considera que este tipo de acciones de inteligencia son “el fiel reflejo de la nostalgia de algunos sectores de nuestra sociedad”. El sindicato reclama “una pronta respuesta de los poderes del Estado”.
MADRE PERMITÍA QUEABUSARAN DE SUS HIJOS
(EL PAÍS)
Tras una denuncia del INAU, la Justicia procesó a un sujeto de iniciales J. E. R. M., de 67 años, por reiterados abusos a menores de edad, actos que cometía en un apartamento ubicado en un edificio sobre 18 de Julio, a una cuadra del Obelisco. Se trata de un hombre que trabaja para un circo extranjero y que está vinculado con el mundo del ciclismo. El hombre fue procesado por reiterados delitos de “atentado violento al pudor”, que por haber menores de edad de por medio, se tipifica con una pena que va de los dos a los seis años de penitenciaría.
La Justicia también dispuso el envío a prisión de una mujer de 35 años, madre de 12 menores de edad, quien enviaba a sus hijos al apartamento del ahora procesado para que este abusara de ellos y los grabara en video, a cambio de dinero o surtidos de almacén.
“La denuncia la hizo el INAU en función de una investigación realizada por sus técnicos, que detectaron la situación. El hombre vivía solo y había sido procesado hace muchos años por un delito de atentado violento al pudor y por una violación”, dijeron a El País fuentes judiciales.
A su vez, los investigadores del caso sospechan que, además de los hijos de la mujer, al menos otro menor habría sido abusado por este hombre.
En el apartamento de J.E.R.M. se incautaron computadoras y pendrives con imágenes que constatan los abusos hacia los menores. La Justicia intenta determinar si compartió esas imágenes con otras personas o las subió a portales de Internet. En ese caso, incurriría en otro delito de difusión de pornografía infantil.
La madre, de iniciales E.C.A.V., de 35 años, fue procesada por un delito continuado de “omisión de los deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad”, cuya pena oscila entre los tres meses y los cuatro años de penitenciaría. Vivía con una pareja, que no es el padre de sus hijos, en una propiedad de la calle Eduardo Víctor Haedo, cerca de la terminal de Tres Cruces.
