En el año 1762 Juan Jacobo Rousseau publicó “Del Contrato Social”, una de las obras fundamentales sobre los derechos políticos de los ciudadanos. En su obra, que tuvo una influencia más que considerable en las ideas que impulsaron diversas revoluciones, Rousseau otorga una especial importancia a la voluntad general como “como verdadero motor del cuerpo social”, la cual se expresaba a través de un pacto o contrato social entre hombres libres e iguales por la cual cada uno de ellos renuncia a alguno de sus derechos para someterse a las reglas de la sociedad y poder de esa manera vivir en comunidad y armonía con sus semejantes. Para Rousseau ese acuerdo es, precisamente, el origen del Estado como entidad política que se sitúa por encima de los individuos, pero cuya legitimidad proviene de ellos y es precisamente a ellos a quienes debe servir.
Si bien el Estado fue originalmente liberal, fue poco a poco asumiendo un rol más amplio en sus objetivos y fruto de esa tendencia entraron en vigencia las Constituciones de México de 1917 y de la República de Weimar en 1919, las cuales hicieron hincapié en diversos derechos sociales. Comenzó así la época del “Estado Benefactor”, que protegía a los menos privilegiados para brindarles oportunidades que permitan el desarrollo de sus potencialidades.
En Uruguay, los uruguayos fueron testigos de cómo uno de los instrumentos de ese Estado (las empresas públicas) se fue transformando en un fin en sí mismo, que actuaba como el “premio consuelo” para aquellos candidatos que no obtuvieron los votos necesarios para alcanzar el puesto deseado, asegurándose de esa forma no sólo un ingreso mensual –que pagamos todos los uruguayos– sino también un lugar de visibilidad pública desde el cual lanzar su próxima candidatura.
Existen varios ejemplos de esta desgraciada costumbre uruguaya, pero una de esas empresas públicas resulta particularmente emblemática: Ancap. Creada en 1931 a la sombra de la crisis financiera producida dos años antes, nace como consecuencia de un acuerdo político que implicaba un reparto de cargos en diversos órganos del Estado, así como votos para diversas leyes y por ello fue bautizado por sus detractores como “el pacto del chinchulín”. Así pues, no puede extrañarnos los escándalos que rodean actualmente a la empresa Ancap y sus subsidiarias carentes de transparencia, ya que nada bueno surge de un ente creado no sobre base de una visión estratégica de intereses nacionales y proyecciones técnicas adecuadas, sino de una necesidad de ganar espacios de poder a costa del bolsillo de los contribuyentes. Con el diario de hoy, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que “aquellos polvos trajeron estos lodos”.
Transcurridas algunas décadas de un crecimiento anárquico y clientelístico, el Estado Uruguayo se ha transformado en un ente ajeno a cualquier ideología y que solo responde a los intereses de sus integrantes y de las corporaciones sindicales que manejan varios de sus vastos e importantes sectores. Así pues, el Estado no pertenece más a los uruguayos, sino que es propiedad exclusiva de sus funcionarios y de sus autoproclamados representantes sindicales y son ellos quienes están a cargo de los destinos de los administrados. Para corroborarlo, basta con el reciente episodio por el cual el Consejo de Educación Secundaria dio marcha atrás con su propuesta para que la elección de horas docentes tuviera una duración mayor a un año, imponiéndose así la visión de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) en ese sentido. La señal para la educación pública de nuestro país no podría haber sido peor.
Más allá de episodios puntuales, el Estado Uruguayo sigue adelante ajeno a la realidad del mundo que lo rodea y a las necesidades de los ciudadanos, recordando en cierta forma a lo que el escritor mexicano Octavio Paz definía como “el Ogro filantrópico” y que supera incluso las versiones filosóficas que tratan de explicarlo. Como el propio Paz lo explicó en el año 1978, “Los liberales creían que, gracias al desarrollo de la libre empresa, florecería la sociedad civil y, simultáneamente, la función del Estado se reduciría a la de simple supervisor de la evolución espontánea de la humanidad. Los marxistas, con mayor optimismo, pensaban que el siglo de la aparición del socialismo sería también el de la desaparición del Estado. Esperanzas y profecías evaporadas: el Estado del siglo XX se ha revelado como una fuerza más poderosa que la de los antiguos imperios y como un amo más terrible que los viejos tiranos y déspotas. Un amo sin rostro, desalmado y que obra no como un demonio, sino como una máquina”. Como ha señalado el intelectual mexicano Juan Federico Arriola, el Ogro Filantrópico “tiene actos humanitarios y de solidaridad con la población, el que asiste, el que subsidia a los más pobres, pero es al mismo tiempo regresivo y violento, con cierres de espacios en lo económico y en lo político”.
En ese contexto, el Estado ha columpiado sin elegancia, pero con eficacia para sus propios intereses, entre quienes quieren limitar su presencia y aquellos que desean que todo lo controle. La realidad es muy diferente a esas vagas simplificaciones: el Estado tiene su propia bitácora y sus capitanes, contramaestres y marineros lo han hecho mutar de manera cruel e inexorable: ya no aspira a ser el escudo de los débiles, sino que se contenta y esmera por defender su propio statu quo, en una suerte de liturgia grotesca que condena a todos los uruguayos a servicios caros y de pésima calidad.
La mejor forma de lograr crecimiento económico y bienestar social es a través de un Estado que actúe con eficiencia y eficacia en las necesarias políticas sociales que deben instrumentarse para quienes más lo necesitan. No existe ni puede existir mejor política social que utilizar los dineros públicos en forma racional, dejando de lado gastos innecesarios que benefician únicamente al selecto círculo de funcionarios públicos que disfrutan de comodidades inaccesibles para el resto de los uruguayos que día a día deben salir a buscar el sustento en un país con claros problemas de empleo. El punto central es gastar mejor y hacerlo en forma eficiente para que sectores tan sensibles como la educación, la salud o la seguridad pública reciban fondos entregados en base a una planificación y ejecución racionales, y no con base en los dictámenes arbitrarios y demagógicos de los jerarcas públicos de turno. Todo ello en el marco de una libertad que no ahogue con impuestos y trabas burocráticas la iniciativa privada. Es verdad que el Ogro Filantrópico del que hablaba Paz posee las bondades de todo filántropo (ayudar a los que más desamparados), pero no podemos olvidar que como Ogro que es borrará cada una de ellas mediante el uso arbitrario, clientelista y desordenado de los recursos públicos, manteniéndonos a todos los uruguayos como simples aportantes para una élite de jerarcas y funcionarios que sólo cuidan de sus propios intereses.
