El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo a comienzos de setiembre en una disertación organizada por Somos Uruguay que el país “debe estar preocupado por el empleo, que viene con retraso con respecto a otras variables económicas porque la tasa de empleo ha tenido caídas importantes en los últimos tiempos y a eso el país lo tiene que encarar a la luz de los nuevos tiempos y a la luz de la coherencia con los demás instrumentos de la política económica y, naturalmente, con una política que no puede dejar de percibir la tensión de las cuentas públicas que hay en el país en estos momentos. Y tiene que tener la posibilidad de controlar y manejar ese resultado fiscal con las metas que se ha trazado, con mucha prudencia, de llegar a un déficit fiscal de 2,5% del PBI al final de este período”.
Las cifras oficiales señalan que el Producto Bruto Interno creció 4,3% en el primer trimestre del año, y eso significa un incremento relevante que –contrariamente a lo que debería suceder– no incidió en la mejora de la economía nacional ni tampoco en la generación del empleo. La producción primaria, el agro y la actividad sojera impulsaron dicho crecimiento que, en este último caso, corresponde a mejores rendimientos (unos 3.000 kilos por hectárea) en comparación con el año pasado, motivado por el clima. Es decir que, tampoco se debe a las políticas trazadas desde el Poder Ejecutivo sino al protagonismo que tuvo la lluvia en esos rindes en un sector que no crea nuevos empleos.
En Uruguay se perdieron 40.000 puestos de trabajo en el lapso de dos años, y la tendencia permanece negativa porque no se recuperaron, a pesar de los guarismos oficiales que ubican el desempleo por encima del 8% y, en el caso de Paysandú las organizaciones sindicales están preocupadas porque sostienen que la cifra es de dos dígitos a nivel local, sin mayores posibilidades de revertir la situación.
A mediados de este mes, el Plenario Departamental del Pit Cnt organizó un encuentro para discutir la necesidad de inversiones públicas en el departamento y las propuestas del movimiento de los trabajadores, ante la sensibilidad existente por el “estancamiento laboral”, según su definición. En la sala “Miguel Ángel Pías” de Casa de Cultura, sobró lugar y se notaron varias ausencias de referentes locales, como por ejemplo los ediles, quienes se excusaron de participar por encontrarse en un congreso nacional, pero tampoco enviaron a sus suplentes. También faltaron organizaciones sociales, fundamentalmente las denominadas de segundo grado, como por ejemplo algunas ramas específicas del movimiento cooperativo, con gran influencia en el tema porque, de hecho, se conforma por trabajadores organizados en federaciones o asociaciones que movilizan aspectos relacionados estrictamente a la construcción, el empleo, la vivienda y, por ende, a la reactivación de la economía en el departamento.
Es decir, todos están de acuerdo en que el problema existe pero no han conformado un gran frente común que los movilice, sino que se observan acciones aisladas, donde cada marcha “es su marcha” y cada reivindicación “es la reivindicación”. En realidad, el sector público se muestra separado del privado y los movimientos sociales relacionados a la producción permanecen despegados de los sindicales, cuando el asunto a resolver es una problemática afín a todos.
En los últimos días, en las redes sociales aumentó la propaganda a favor de la Ley de Empleo para la discapacidad en el ámbito privado, con la promoción de la recolección de firmas y fotos con banderas azules bajo hashtag #YoApoyo. De acuerdo con el Censo de 2011, unas 517.000 personas presentan algún tipo de discapacidad (15,9% de la población), casi la mitad pertenece a hogares de menores ingresos, se estima que el 80% están desempleadas y en su mayoría tienen bajos niveles de instrucción. Y, si bien existe la Ley 18.651, de Protección Integral de Personas con Discapacidad que define un 4% de las vacantes del sector público para esta población, dicha iniciativa tampoco se cumple a cabalidad, ni se observan movidas de las mismas organizaciones que exijan su cumplimiento.
Paralelamente, según el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre abril-junio, la tasa de desempleo entre los menores de 24 años alcanzó 25,7%, sin dejar de mencionar la cuestión de la informalidad en la mencionada franja etaria. Este panorama estructural se repite desde hace años, pero la brecha sigue marcada en el género y la edad, porque el desempleo en la población femenina es entre 1,5 y 1,9 veces mayor que en los hombres. A este panorama sociodemográfico, se deberá –necesariamente– agregar otras variables, como las culturales que en Paysandú persisten con un fuerte impacto de mirada hacia el pasado industrial y el efecto que provoca el desarrollo de las nuevas tecnologías que, al menos en el mundo desarrollado, abren nuevas fuentes laborales, pero en Uruguay aún no hemos despertado a esa realidad que llegó hace bastante rato.
Intrínsecamente relacionado con esto, se encuentra la modalidad ideológica de la capacitación que todavía no se cuestiona para qué modelo de país se capacita a los trabajadores, o en qué áreas específicas se necesitará una mayor solvencia. Porque en la actualidad, la preponderancia se encuentra en los servicios, en comparación con la industria o el sector primario, que deberá luchar con índices elevados de precarización laboral. Este último aspecto se fomenta a través del subempleo o los cuentapropistas, que retienen una baja carga salarial y escasos aportes, que tornarán complejo su futuro previsional. Es decir que el crecimiento de la economía, a pesar del optimismo manifestado por el Poder Ejecutivo, demuestra en los territorios que no lograron mejorar la calidad de vida de la población y la inserción en el mercado laboral es clave para ello. Todo esto sumado a que la densidad no aumenta, a diferencia de otros países del continente, porque –de lo contrario– el problema sería aún mayor.
Entonces, una sociedad que convive en compartimientos estancos –como la nuestra– padecerá siempre el efecto contrario que provocan estas compuertas en los buques, porque mientras las naves permanecen a flote a pesar de las averías, en las comunidades esas divisiones solo permiten un ensanchamiento de las brechas ya existentes.