La relación entre el individuo y el Estado ha sido uno de los puntos más debatidos por filósofos, juristas, historiadores y políticos a través de los últimos siglos. A modo de ejemplo podemos mencionar la Carta Magna de 1215 que obligó a “Juan sin Tierra”, rey de Inglaterra, a otorgar determinados derechos a los nobles ingleses, o la visión absolutista del Luis XIV y su famosa frase “El Estado soy yo”, todo ello en el marco de un proceso que adquirió especial relevancia bajo la inspiración de pensadores como Locke, Montesquieu y Rousseau y que se tradujo en eventos históricos como las revoluciones Inglesa de 1688, de los Estados Unidos de 1776 y de Francia de 1789.
Todos estos movimientos desembocaron en el nacimiento del Estado de Derecho, que como ha señalado el constitucionalista uruguayo Horacio Cassinelli Muñoz, para que sea realmente tal, “no basta con que se proclame la regla de que todos los actos de los gobernantes deben adecuarse al orden jurídico, sino que es necesario además que se establezcan mecanismos que garanticen los derechos de los individuos”. La creación de la Defensoría del Vecino en nuestro departamento se encuentra en la misma línea de pensamiento del referido académico compatriota, por lo que no se trata de una iniciativa que carezca de sustento técnico.
El origen de ámbitos como la Defensoría del Vecino puede situarse en el derecho escandinavo a través de la figura “Ombusdman”, pero luego de la Segunda Guerra Mundial se extendió en forma paulatina a través de diversos países europeos, impulsada por los procesos integracionistas que culminaron con la entrada en vigencia de la Unión Europea. En América Latina, el proceso ha sido más lento y se inicia a partir del retorno de los gobiernos democráticos a los distintos países de la región. En todos los casos, y más allá del nombre y ámbito específico que se otorgue en cada país (Defensor del Pueblo, Defensor de los Ciudadanos e incluso Defensoría o Defensor del Vecino en ámbitos geográficamente más acotados) esta figura tiene algunos objetivos comunes, tales como el hecho de tratarse de un organismo relacionado con la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos frente a los poderes públicos, así como el objetivo de lograr mejor cumplimiento, mayor transparencia y más eficacia en el accionar de estos.
La existencia de una Defensoría del Vecino otorgaría a los sanduceros un ámbito en el cual podrían presentar una queja o denuncia contra el Gobierno Departamental en situaciones que vulneren sus derechos humanos y sin que esa presentación implique la pérdida del derecho a comparecer ante cualquier autoridad administrativa (incluyendo el Gobierno Departamental), judicial o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o jurisdiccional, promoviendo las peticiones, acciones, quejas, excepciones o recursos previstos en la Constitución y las Leyes de la República. De esta forma, el ciudadano no pierde ningún ámbito en el cual reclamar por sus derechos, sino que, por el contrario, se suma un nuevo espacio especializado (la Defensoría del Vecino) cuya inmediatez y cercanía con los reclamantes se traduce en respuestas rápidas y concretas a través de una estructura enfocada a subsanar las demoras y omisiones que suelen ser la característica de las burocracias departamentales.
Es importante tener en cuenta que la Defensoría del Vecino es una institución con funciones independientes del Gobierno Departamental, ya que no se trata de un empleado ni está sometido a su jerarquía, y su actividad se desarrolla sin perjuicio de las facultades atribuidas a otros ámbitos tales como Juntas Locales o Municipios. Como lo establece el decreto de la Junta Departamental de Montevideo en esta materia, quien ocupe la titularidad de ese organismo “no recibirá instrucciones de ninguna autoridad, debiendo desempeñar sus funciones con la más amplia autonomía técnica, objetividad y neutralidad”.
Esta aclaración resulta de vital importancia porque muchas veces existen temores en los actores políticos que pueden pensar que la Defensoría del Vecino puede quitarles protagonismo, dificultar sus acciones o vulnerar sus potestades.
En realidad, se trata de lo contrario: beneficiar al ciudadano para que los derechos que le otorgan la Constitución, las leyes y los decretos departamentales pueden ser ejercidos en forma rápida y efectiva, sin perderse en los laberintos de la burocracia de los organismos que muchas veces enlentece, cuando no paraliza, la actividad de quienes deben tomar tales decisiones porque al fin y al cabo detrás de los números de expedientes existen personas de carne y hueso con problemas reales.
En Paysandú, la existencia del “Ombudsman” ha sido impulsada durante décadas desde las páginas de EL TELEGRAFO por Luis M. Pirieveis como una forma de defender a los ciudadanos del ejercicio arbitrario de los poderes públicos. Asimismo, en el plano político local, diversos actores han discutido, en forma intermitente y con mayor o menor intensidad, la creación del Defensor del Vecino e incluso ha sido objeto de estudio por técnicos locales.
En efecto, en un artículo incluido en el primer número de la revista “Cuadernos del CEP”, iniciativa editorial del Centro de Estudios Paysandú publicada en diciembre del año 2006, el Lic. Fernando Burjel señalaba que la “variedad y complejidad de los intereses ciudadanos (por aquello de que ‘cada uno es un mundo’) obligará a imaginar nuevas dimensiones y mecanismos que potencien el involucramiento de todos en la cuestión pública.
La incorporación de mecanismos de estímulo a dimensiones no territoriales de ciudadanía, tales como las dimensiones temáticas o sectoriales –por ejemplo a través de Fondos de promoción de proyectos culturales o juveniles– o la posible creación de figuras tales como la de ‘Defensor del Vecino/Ciudadano que institucionalice en procesamiento de los reclamos y sus propuestas , pueden ser algunas pistas a explorar en esa dirección”.
Así las cosas, creemos que las fuerzas políticas de nuestro departamento, aún aquellas que no tengan representación en la Junta Departamental, deberían conformar un ámbito de discusión que en el menor tiempo posible elabore un proyecto de decreto departamental para crear la Defensoría del Vecino, tomando las medidas necesarias para su rápida aprobación.
Se trataría de una señal con un doble contenido: significaría una apuesta clara por políticas departamentales de largo plazo con un fuerte respaldo político; por otro lado, lograría un avance sustancial en la defensa de los derechos humanos de los habitantes de nuestro departamento.
