En un documento de 18 páginas, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) logró resumir el comportamiento 
del expresidente de Ancap, Raúl Sendic, en sus gastos representativos y el manejo de las tarjetas corporativas que, a diferencia de otros integrantes del directorio, no remitió comprobantes ni detalles del dinero utilizado durante su gestión. La Jutep concluyó que el exjerarca violó la normativa vigente para la utilización de fondos públicos bajo el rótulo de “omisiones” e “irregularidades”, entre otras definiciones.
Pero comencemos por el final del informe que lleva la firma de su presidente Ricardo Gil, vicepresidente Daniel Borrelli y vocal Matilde Rodríguez, quienes aprobaron las actuaciones por unanimidad. Allí señala: “Si bien este directorio tiene la opción legal de proceder por razones fundadas a la apertura de las declaraciones juradas presentadas por el señor Sendic ante la Jutep en virtud de la Ley N° 17.060, ha resuelto no hacer uso de esa opción. Se trata de un procedimiento relativamente complejo en lo formal y cuyo efecto está absolutamente limitado por la total imposibilidad de verificar el patrimonio declarado en tanto la Jutep no tiene potestades ni recursos para acceder a las bases de información imprescindibles para dicha verificación (registros de bienes muebles e inmuebles, información financiera, etc.)”.
Es decir que uno de los organismos encargados de controlar y velar por el buen uso del dinero de los contribuyentes no cuenta con personal ni recursos necesarios como para desempeñar su función y lo precisa en ese documento, emitido por una actuación de oficio. El único abogado exclusivo para la Junta es su vicepresidente y el único contador fijo es su presidente, además de otro abogado en pase a comisión. Con este personal técnico debe analizar unas 55.000 declaraciones juradas que cada dos años presentan los funcionarios públicos obligados a ello. La Junta debe manejarse con un presupuesto anual de 19 millones de pesos, y en agosto pasado cuando Gil solicitó otros 10 millones en el marco de la Rendición de Cuentas, la respuesta resultó negativa.
Esta falta de presupuesto y ausencia de personal no permitió que –por ejemplo– se abrieran las declaraciones presentadas desde febrero o no se publicaran en los diarios de circulación nacional los nombres de los funcionarios que no entregaron su declaración jurada. Paralelamente, la Cámara de Diputados estudia una iniciativa que plantea la extensión de esta obligación a un universo de 70.000 funcionarios, pero es innecesario destacar que si no se efectúa una fiscalización acorde con los que ya existen, poco se controlará a otros ámbitos que ingresen a la citada comisión. Y cuando aún persisten los coletazos del “caso Sendic”, se abre otro frente en el Partido Nacional y la Jutep anunció que, nuevamente, actuará de oficio en uno de ellos. Es el caso del intendente de Soriano, Agustín Bascou, quien de acuerdo con la denuncia presentada por la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental, se habría favorecido al vender combustible con destino a los vehículos municipales en una estación de servicio de su propiedad y al supuesto libramiento de cheques sin fondos. El otro caso, descartado por Gil para la investigación de la Jutep, corresponde al diputado nacionalista Wilson Ezquerra, quien manejó alcoholizado por la ruta y atropelló a una mujer, a quien le provocó lesiones graves.
En cuanto a Sendic, el documento de la Junta lo compromete aún más y tanto como para que el fiscal del Crimen Organizado, Luis Pacheco, lo incluya en las indagatorias por las irregularidades en Ancap, donde identifica omisiones a la “probidad”, “rendición de cuentas” o “rectitud” y “prohibición de uso indebido de fondos” e identificó más de cuarenta compras realizadas que, “en principio, no aparecían directamente relacionados con los cometidos institucionales”. Si bien el dictamen reconoció que –a pesar de las omisiones– “en todos los casos se trata de montos reducidos” que “no implicaron un incremento significativo del patrimonio del señor Sendic”, le imputa una responsabilidad “mayor”, “en tanto máxima autoridad del organismo y promotor del procedimiento de uso de esos medios de pago en el organismo que presidía”.
Con el paso de los días se habló que, tras la renuncia de Sendic a la vicepresidencia, el Frente Amplio dejó muy alta la vara de la ética que los blancos deberán cruzar a partir de las investigaciones a Bascou en manos de la Justicia. Sin embargo, Sendic no se mostró arrepentido ni pidió disculpas por su título inexistente, a pesar de que la vicepresidenta Lucía Topolansky insiste en que es uno de los que más sabe de Genética Humana aunque “no tenga el cartoncito”, que tampoco se otorga con licenciaturas de “seis meses”, según la definición del senador José Mujica, en un claro insulto a la inteligencia de quien escucha.
Muy por el contrario, la lista 711 –perteneciente a Sendic– calificó el fallo del Tribunal de Conducta Ética y Política del Frente Amplio como “desproporcionado” y “sin pruebas”. Sin dejar de mencionar, por supuesto, que su fuerza política no resolvió ningún tipo de sanciones o inhabilitaciones para ejercer futuras candidaturas. De hecho, su sector analiza el futuro político del exvicepresidente.
Como sea, la pelota embarrada ahora está en la cancha nacionalista y los blancos deberán actuar en consecuencia porque el propio Bascou reconoció que “hubo cheques que no se pudieron cubrir” ante la denuncia de uno de sus acreedores, quien no pudo cobrar el dinero porque el cheque que había recibido por la venta de ganado no tenía los fondos correspondientes y eso es, simplemente, un delito. Es que la ciudadanía necesita un mensaje claro de la clase política, en tanto conforman las instituciones o legislan y en otros casos ejecutan la normativa vigente conforme a un estado de Derecho. Si los órganos políticos no se expiden ni resuelven sobre la base de la conducta de sus referentes cuestionados por omisiones e irregularidades y comportamientos reñidos con la ley, entonces todos serán lo mismo y nada valdrá la pena. La vara de la ética no la tiene ningún partido político porque es un término absoluto y no un objeto de relatividad que se usa para las comparaciones.
En todo caso, la vara está en manos de los contribuyentes porque cualquier administración no manejará nunca fondos propios, sino de los ciudadanos. Los hayan votado o no.
