En las últimas horas, los funcionarios de las empresas de Estado instrumentaron un paro de 24 horas en reclamo de políticas para fortalecer las empresas públicas y en rechazo a las tercerizaciones y los contratos precarios del gobierno, haciendo hincapié en que de las 34.000 personas que trabajan en las empresas públicas, 10.000 son tercerizadas. En total, en Uruguay hay 290.000 trabajadores públicos.
El dirigente de la Mesa Intersindical, Guillermo Reherman, señaló que la medida se toma ante dificultades en la negociación colectiva y también por la situación misma de las empresas: “El conflicto no es por una cuestión salarial. Como consigna tenemos la defensa de las empresas públicas y la pelea contra cualquier intento de privatizar, ya sea en general o algunos servicios”.
“Queremos empresas que sean eficientes, que sean una locomotora para el desarrollo de Uruguay y por eso estamos dispuestos a discutir cualquier elemento que se plantee para mejorar el funcionamiento de las empresas”, agregó.
El planteo del dirigente sindical parte de la concepción de un Estado omnipresente y paternalista para el que todos debemos trabajar y estar sometidos a sus arbitrios, regulaciones y decisiones, a efectos de que luego desde la burocracia estatal se haga la redistribución de riqueza.
Pero el mundo que crece, en los países donde la calidad de vida de la población mejora constantemente, las cosas van por otros carriles. Allí, la base del desarrollo y el consecuente derrame en crecimiento social y calidad de vida se sustenta en una economía sana, que favorezca la inversión, la investigación, se eduque y capacite en función de una visión de futuro.
De lo que se trata, por ejemplo, es de ser competitivos ante el mundo, porque un país pequeño como el nuestro debe ser abierto, apostando a la producción para la que se cuenta con ventajas comparativas, pero sin quedarse en la primarización, para generar las condiciones de dar valor agregado.
La competitividad –palabra clave–, tiene que ver con los costos de producción y la productividad, en forma esquemática, en resumen es mejorar la relación de precios entre el costo de producir bienes y servicios y los de nuestros directos competidores, pasando por aspectos nada desdeñables como la tecnología.
El ser competitivo es todo un desafío de primera importancia, porque indisolublemente comprende decisiones políticas en materia económica y su consecuente repercusión social, que no es fácil de asumir para ningún partido en el poder por sí solo, y debería ser parte de políticas de Estado que se lleven adelante por encima de quien ejerza el gobierno.
Ocurre que en el factor competitividad se conjugan muchos parámetros y componentes, que van interrelacionados entre sí y que cuando se produce un desequilibrio, terminan generando distorsiones que derivan en transferencia de recursos desde un sector a otro, reclamos por daños colaterales y efectos indeseables para corregir estas anomalías en el tramado económico.
El tipo de cambio, es decir la relación cambiaria, es uno de estos componentes que no puede tomarse aislado tanto en sus causas como en sus efectos, y en este aspecto es que pone énfasis el economista Ignacio Munyo, al advertir que el atraso cambiario que vive Uruguay “es crítico” y constituye “uno de los principales desafíos del país”. Pese a presentar una larga serie de signos favorables –como la fuerte liquidez, la desdolarización de la deuda pública, la solvencia del sistema bancario y una inflación controlada–, Uruguay está más caro de lo que indican los fundamentos económicos del país y eso repercute en la competitividad frente a otros mercados.
Según Munyo, el desalineamiento del tipo de cambio respecto a lo que debería ser es de 15%, diez puntos porcentuales por encima de la estimación del gobierno. Los cálculos toman en cuenta la productividad relativa del sector transable, el ingreso del sector privado y el gasto público para determinar cuán caro debería ser el país. Esa diferencia de 15% tiene varias consecuencias, pero fundamentalmente implica una pérdida de rentabilidad que, entre otras cosas, se traduce en pérdida de empleos.
Y esto es lo que ha ocurrido manifiestamente en nuestro país, sobre todo en el último año, según las estadísticas, porque se han destruido miles de empleos como consecuencia del factor costo empresarial: Uruguay es un país caro, y esta relación con el mundo la pagamos en pérdida de competitividad y en desempleo, nada menos.
“Con una rentabilidad 15% menor los empresarios tratan de minimizar las contrataciones”, dijo Munyo en una conferencia organizada por el IEEM y El Observador. Ante esa situación, consideró que “Uruguay debería procesar un ajuste del tipo de cambio para volverse competitivo” aunque abaratar al país en la situación actual “es un proceso lento y complicado”.
Si será complicado, que el tipo de cambio sigue utilizándose como ancla para la inflación y es uno de los “platitos chinos” que se ha ido abandonando por el equipo económico, al decir del presidente del Banco Central, Mario Bergara.
Pero mientras tanto, cuesta mantener en el aire los platitos del déficit fiscal y la presión tributaria sobre la actividad económica, lo que indica que será muy difícil navegar con piloto automático mucho más tiempo, mientras los correctivos –incluyendo el gradualismo en el tipo de cambio, con medidas complementarias– no deberían demorarse, porque cuanto más se tarde, más traumático resultará enmendar las distorsiones.
Somos caros y se sigue destruyendo empleos
