La mala administración a la cual ha sido sometida la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) y sus subsidiarias en los últimos años ha transformado al ente petrolero en el ejemplo obligado del desorden administrativo y en un caso emblemático de pésimas prácticas de gestión y administración de los dineros públicos. Lamentablemente los episodios que ilustran ese desgobierno abundan e incluyen no sólo el mal uso de las tarjetas corporativas sino también pérdidas de varios cientos de millones de dólares, inversiones realizadas sin ningún tipo de estudio previo, el caso de las barcazas “Garzas viajeras” y “Río de los Pájaros” y del empujador-remolcador “Ki Chororo” o el horno para cemento que finalmente no se instalará en Paysandú, entre otros casos tan o más graves como los mencionados.
De acuerdo con el comunicado oficial dado a conocer por Ancap en los últimos días, a fines de febrero de 2017 se inició una parada programada de mantenimiento quinquenal necesario de la refinería de La Teja, que debía llevarse a cabo durante tres meses de trabajos, debiéndose restablecer totalmente la producción en junio, al finalizar el período de puesta en marcha. No obstante ello, la refinería no está produciendo aún, lo que implica una demora adicional de tres meses a los plazos originalmente previstos. Según Ancap, esta situación “se debe fundamentalmente a los conflictos generados por el cierre del Servicio Médico de Ancap” ya que los trabajos de mantenimiento de la refinería ya han culminado y, estando en condiciones de retomar la actividad, el país se enfrenta a nuevas medidas gremiales que según el propio ente “continúan dilatando la puesta en marcha de nuestra refinería”.
Como lo expresa el propio ente petrolero, este accionar sindical “acarrea daños por mayores costos de servicio, pero sobre todo por el gasto extra en que se incurre al tener la necesidad de importar combustibles a un costo siempre más elevado que si se refinaran en el país”. A la gravedad de esta situación se suma el hecho que “los precios se han exacerbado en las últimas semanas debido a los eventos climáticos en Estados Unidos y el Caribe, que han encarecido los productos refinados a nivel internacional”, aunque lo más preocupante es que el ente petrolero estatal además de gastar en combustible importado –que posiblemente no sea tanto más caro que el producido en Uruguay, aunque digan lo contrario–, igualmente debe seguir manteniendo el mastodonte que tiene en La Teja, aunque no produzca un litro de combustible.
Pero en lugar de ejercer las facultades administrativas que le otorgan las normas legales vigentes y retomar el control de la planta de La Teja, el directorio de Ancap ha expresado en el referido comunicado que “apela a la buena fe y responsabilidad de los funcionarios” lo que implica una renuncia a ejercer su autoridad para dejar la solución de este conflicto en mano de sus causantes, o sea los dirigentes de Fancap. Una vez más queda claro que las autoridades de ese ente no están preparadas para ejercer el cargo para el cual fueron designadas, y carecen además de la valentía para adoptar las medidas requeridas para encauzar la situación por los canales propios de una gestión y administración adecuadas.
Resulta oportuno, asimismo, reflexionar sobre la representatividad de los dirigentes sindicales nucleados en Fancap que llevan adelante una medida que tiene consecuencias tan importantes. ¿Quiénes designaron a estos dirigentes? ¿Con cuántos votos fueron electos y qué garantías brindó el acto electoral? Estas preguntas resultan fundamentales, ya que los mismos han logrado imponer su voluntad no sólo a un directorio designado por el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros y previa venia de la Cámara de Senadores, sino también a más de tres millones de habitantes que, paradójicamente, son sus empleadores y quienes pagan sus salarios a través de una carga tributaria asfixiante. Así las cosas, no se trata de cercenar la actividad sindical, la cual está claramente protegida por normas constitucionales y legales, así como por los tratados internacionales ratificados por nuestro país, sino de evitar que el uso indebido de sus legítimos derechos perjudique a todos los uruguayos.
Ante la información difundida en la prensa en el sentido que cada semana de retraso en la reinauguración de la planta cuesta un millón de dólares cabe preguntarse quién se hará cargo de esas pérdidas causadas por el accionar sindical de Fancap. ¿Acaso la presidenta de Ancap, Marta Jara o cualquiera de los directores del ente utilizarán su patrimonio personal para cubrir esas pérdidas o serán Fancap o los dirigentes de ese sindicato quienes respondan individualmente con sus bienes por el daño que le están causando al país y a todos los uruguayos? Por muy frustrante que resulte, tenemos que admitir que ninguno de ellos pondrá un solo dólar de su bolsillo para solventar estas pérdidas de las cuales son enteramente responsables, ya sea por acción o por omisión. La verdad es que, también este caso, los que terminarán “pagando el pato” seremos nuevamente todos los uruguayos, quienes a esta altura nos merecemos plenamente que nos califiquen como “los nabos siempre” tal como lo hiciera el periodista Tomas Linn en uno de sus libros.
De esa forma, y gracias a los dirigentes sindicales de Ancap y a la actitud omisa de su Directorio, los uruguayos seguiremos pagando combustibles caros que dificultan la actividad productiva del país y limitan su crecimiento. Las necesidades fiscales para solventar las escandalosas pérdidas de Ancap tienen también otros efectos, más personalizados y directos, los cuales se reflejan en recortes en áreas vitales de la sociedad tales como educación, salud o seguridad, en las cuales existen importantes carencias cuya solución lamentablemente seguirá siendo postergada. En esa redistribución de rubros presupuestales donde lo urgente le gana a lo importante y los resultados electorales se imponen sobre la visión de largo plazo, serán las escuelas, liceos, hospitales y las comisarías de todo el país quienes deberán “ajustarse el cinturón” para poder pagar la cuenta de “la fiesta sindical” que se lleva adelante en la refinería de La Teja.
Ya es hora de que los sindicalistas entiendan algo tan evidente que debería resultar innecesario mencionarlo: el Estado, y en este caso una de las empresas públicas más importantes del país, no le pertenecen. Tampoco son propiedad de los integrantes de sus directorios, quienes manejan a sus anchas presupuestos millonarios, generando pérdidas que comprometen a todos sus conciudadanos por varias generaciones. Tal vez sería bueno que tanto unos como otros lean la Constitución Nacional para recordar que la República Oriental del Uruguay jamás será el patrimonio de personas ni de familia alguna y que en el Estado uruguayo el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario.