Hay cuestiones de identidad, maneras de ser y hacer, de convivencia y relacionamiento entre las personas y las instituciones que caracterizan a cada una de las pequeñas poblaciones diseminadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Hábitos, modos de vida, tradiciones, proyectos, cosas que se han perdido en el tiempo que se desean recuperar, cosas inexistentes que es necesario crear, proyectos en beneficio de todos los habitantes de un lugar.
“Cosas de Pueblo” es un programa del gobierno central –llevado adelante por la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República–, el cual acaba de ponerse en marcha en diez localidades de menos de 1.000 habitantes de Paysandú y cinco de Río Negro.
En la firma de los acuerdos correspondientes para la transferencia de recursos económicos, participaron más de medio centenar de vecinos de localidades tan disímiles y distantes como Arbolito, Chapicuy, Constancia, Esperanza, Gallinal, Lorenzo Geyres, Morató, Piñera, Piedra Sola o Termas de Guaviyú –por citar los de Paysandú–, conjuntamente con los intendentes de Río Negro y Paysandú, Oscar Terzaghi y Guillermo Caraballo, y de la OPP, encabezadas por su subdirector, Santiago Soto.
El programa, que busca promover el desarrollo con equidad territorial, fortaleciendo la descentralización y aumentando las oportunidades de crecimiento en los territorios más vulnerables del país, apunta a reforzar la cohesión social entre los gobiernos nacional y departamental con actores de la sociedad civil.
Como antecedentes de la convocatoria realizada este año, de la cual son ganadores 15 proyectos de Paysandú y Río Negro, son las ediciones realizadas entre 2008 y 2011 con ejecución central desde OPP y la ediciones 2013-2015, donde se cambió al formato de fondo concursable, en ambos casos para localidades de hasta 3.000 habitantes.
Este año, la convocatoria fue específicamente para localidades de menos de 1.000 habitantes de Paysandú y Río Negro, las que podían presentar proyectos por montos de hasta 300.000 pesos que promovieran y potenciaran la cultura e identidad local y fortalecieran la participación social y comunitaria en zonas urbano-rurales.
De esta manera pudieron participar instituciones locales y organizaciones de la sociedad civil de los pueblos, tales como comisiones de fomento, organizaciones sociales, deportivas y culturales, organizaciones sin fines de lucro, cooperativas y otras organizaciones no gubernamentales. Los proyectos presentados, que tienen nueve meses para desarrollarse y un estricto control de recursos con rendiciones de cuentas cada dos meses, según disposiciones del TOCAF, refieren a temas por demás variados y que representan intereses de cada una de las comunidades. Todas son cosas de pueblo que interesan, como es lógico, a quienes viven en cada una de esas comunidades, pero que en muchos casos tienen un perfil que –de ejecutarse con acierto– pueden significar uno o varios peldaños en la tarea de crear andamiajes básicos para posteriores desarrollos locales, para posicionar patrimonios olvidados y recuperar narrativas y testimonios porque, como dijo Galeano, también “estamos hechos de historias”.
Precisamente, aquellos aspectos –muchas veces intangibles– que definen una comunidad son también los que aglutinan y afirman el sentido de pertenencia permitiendo la construcción de un “nosotros”.
En este sentido, cabe recordar que cuando se habla de identidad cultural, se hace desde la perspectiva del individuo y su entorno en relación al sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten costumbres, valores y creencias, ya que la identidad se crea a través de lo colectivo e individual y se retroalimenta con la relación con el entorno. Si bien seguramente no resultó fácil negociar intereses legítimos pero muchas veces disímiles de las diferentes organizaciones y grupos que pueden existir en cada localidad, los proyectos ganadores de la convocatoria supieron no sólo conciliar la diversidad sino también construir una iniciativa coherente con un eje central que los vertebrara y en torno al cual pudieran confluir los esfuerzos y trabajos que se avecinan.
Esto no es menor e implica un gran ejercicio de ciudadanía que necesariamente debe anteponer el bien común a los intereses particulares y que por otra parte, permite el aprendizaje de nuevas formas de trabajos colectivos. Por supuesto que surgieron dificultades en el proceso. La más notoria es la casi inexistencia de organizaciones formales en las localidades que pudieran asumir los requisitos de personería jurídica y RUPE para la transferencia de fondos, aspecto que fue solucionado en la mayoría de los casos a través de la Agencia de Desarrollo de Paysandú –que oficiará como administradora de estos proyectos– aunque también hay localidades que lograron apoyos de otras organizaciones no gubernamentales locales que cumplían esos requerimientos.
No obstante, una dificultad que se repite una y otra vez en las convocatorias a proyectos concursables –y que en muchos casos resulta una limitante- es la falta de formación para la redacción y escritura de mismos.
Ocurre que formular objetivos, redactar resúmenes, argumentar para fundamentar por escrito, formular antecedentes y resultados esperados, en definitiva, escribir proyectos, no es algo que nace naturalmente, sino que se aprende. Y quien no consiga alguien que sepa hacerlo y de una mano para ese trabajoso proceso o para completar y enviar un formulario en línea –porque las habilidades digitales e informacionales también deben ser enseñadas-, seguramente no podrá presentarse.
A este país que apuesta al gobierno electrónico, que ha otorgado computadoras portátiles a escolares y jubilados, en el cual existen varias convocatorias concursables que muchos desean aprovechar legítimamente, le está faltando formar a los ciudadanos para las posibilidades que se les ofrece.
No es un tema menor. Y es un tema del cual deberían encargarse los organismos que realizan las convocatorias, los gobiernos departamentales y locales porque lo que está en juego es ni más ni menos que la posibilidad efectiva del ejercicio del derecho a la participación y la efectividad de las políticas culturales en las cuales se destinan dineros públicos.
Cosas de pueblo
