Están pintados

Ya no tiene importancia si el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observa o no un gasto, alcanza con la decisión política del secretario de Estado al frente de un ministerio, o del presidente del directorio de un organismo para que el gasto se haga sin mayores dilaciones.
Eso, que se ha transformado en una costumbre, plantea la pertinencia de la permanencia de los organismos de contralor sin poder vinculante, tales como el mencionado TCR, o la Junta de Transparencia y Ética, que últimamente actuó “de oficio” en la sonada renuncia de Raúl Sendic a la vicepresidencia, o la Auditoría Interna de la Nación, que lucha por tener datos parecidos sobre las entidades que debe controlar –por ejemplo las cooperativas– y sus diferencias numéricas con el Instituto Nacional del Cooperativismo.
Igualmente tanto las redes sociales como los medios de comunicación le dan protagonismo a estos organismos, cada vez que surge alguna compra que resulta polémica, como el caso de la adquisición de un avión al servicio de Presidencia de la República –pero supuestamente para uso multipropósito– por aproximadamente 1,3 millones de dólares. Sin embargo, los cambios en la integración del TCR terminaron dando vuelta la opinión del organismo respecto a la compra del avión en cuestión, dado que un nuevo integrante en representación del Frente Amplio votó en contra de la primera observación y basó su respaldo en el principio de la “razonabilidad” del gasto.
También hubo observaciones al Ministerio de Desarrollo Social por irregularidades en contrataciones directas de organizaciones de la sociedad civil o cooperativas de trabajo para que realicen un acompañamiento social a clasificadores de Montevideo.
Las observaciones se basaron en el incumplimiento del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), pero aún así el llamado se adjudicó unos días después por más de 30 millones de pesos; o la contratación de una cooperativa social no inscripta en el registro del ministerio, además de otras observaciones por contrataciones directas a unas 70 instituciones por más de 50 millones de pesos para brindar cuidados a familias beneficiarias. En cada uno de esos casos, pese a las observaciones, el ministerio resolvió continuar con el gasto.
Las intendencias municipales son los organismos que constatan las mayores observaciones a sus gastos por parte del TCR, al igual que otros ministerios, como el tan divulgado caso de la compra a China de uniformes para la Policía efectuado por el Ministerio del Interior. Es que las comunas muchas veces se ven en la disyuntiva entre actuar con rapidez o evitar la observación.
De acuerdo a la Constitución, el cometido del Tribunal es vigilar “la ejecución de los presupuestos y la función de contralor de toda la gestión relativa a la Hacienda Pública”, (Art. 228). Por lo tanto, ante las competencias que le confiere la Carta Magna, el ordenador del gasto en cuestión puede desistir de la compra, corregir la circunstancia en que aparece la observación, pedir una reconsideración o insistir en el gasto.
En caso que una erogación se disponga de igual manera, el TCR dará cuenta a la Asamblea General o Junta Departamental para que determinen su responsabilidad. No obstante, las observaciones no tienen consecuencias en los hechos ni impiden que el organismo referido ejecute el gasto programado, tampoco se han reunido ambas cámaras para tratar las observaciones porque no es físicamente posible. Incluso el propio organismo solicitó que se incluyera en la última Rendición de Cuentas, la eliminación de algunas obligaciones y pudiera centralizarse en observaciones de mayor envergadura, porque en todo caso, la Constitución ciñe su tarea.
El TCR se conforma, al menos en Uruguay, por siete integrantes que responden a una cuota política y tienen el rango de un senador, en tanto los elige la Asamblea General por mayoría especial. Por diversas razones su labor es cuestionada, pero hasta ahora no se ha dado el debate de cómo debe ejercerse el contralor.
En su página web, la Auditoría Interna de la Nación (AIN) se define como “un órgano estatal de control de organismos públicos, de sociedades anónimas y de cooperativas, funcionalmente desconcentrado del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que actúa con autonomía técnica en el desempeño de sus cometidos”.
Sus auditorías también han detectado compras sin previa cotización, manejo irregular de los fondos, incumplimientos o cumplimientos parciales de las metas planteadas y falta de controles en diversas dependencias del Estado, y eso se comprobó en varios organismos auditados tras la gestión de José Mujica.
Paralelamente constató que entre 2013 y 2014 hubo gran deficiencia de los registros y ausencia de controles que aseguren la integridad de algunos expedientes, debilidades en los procedimientos de emisión de cheques y cuentas bancarias, entre otros aspectos. De hecho padece en sí misma las diferencias de registros de las entidades que debe controlar, en comparación con otros organismos que conforman el arco de la institucionalidad.
La AIN no conoce el número real de las cooperativas y cuando estas reciben intimaciones, tampoco dan señales. Mientras contabiliza 474, el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) tiene 805 registradas, lo que da la pauta que algo no está bien.
Igualmente, tampoco tiene un poder sancionatorio ante los incumplimientos pero otorga un Certificado de Regularidad a las entidades que cumplen con sus obligaciones. Estas situaciones paradójicas se repiten en la Junta de Transparencia y Ética (Jutep), una entidad que no cuenta con capacidades sancionatorias, ni técnicos ni presupuesto y, a estas alturas, con poco respaldo si se tiene en cuenta que las actuaciones de oficio cumplidas en los últimos meses han sido, además, cuestionadas. La Jutep se encargó de analizar el uso de las tarjetas corporativas, cuando Raúl Sendic estuvo al frente de Ancap, además del comportamiento y la administración de las declaraciones juradas de unos 55.000 funcionarios públicos, que finalizan en los cajones, porque solo son públicas las del presidente de la República y su vice. En realidad, tal como dice el titular de la Jutep, Ricardo Gil, “en todos lados puede haber corrupción, pero el sistema tiene que estar montado para controlar bien”. Y “el sistema” no está montado para ejercer buenos controles, porque los organismos a cargo no cuentan con el poder de la sanción y la especificidad de su tarea es clara. Tampoco resulta curioso que, si no es por los medios de comunicación, muy pocos estarían enterados de su existencia.