MONTEVIDEO (Por Daniel Hardy Coll).- Senadores de todos los partidos políticos intercambiaron opiniones y posiciones con cinco ministros de Estado durante diez horas el pasado martes sobre el preacuerdo de inversión de UPM firmado por el presidente Dr. Tabaré Vázquez, para instalar una posible segunda planta de celulosa de dicha empresa, la que se ubicaría en la margen sur del río Negro, en Durazno.
Los mismos fueron convocados en calidad de comisión de régimen especial por el senador blanco Luis Lacalle Pou, que les formuló por escrito 67 preguntas abarcando todos los ejes temáticos que hacen a una inversión de tanta envergadura. Los jerarcas se dividieron el cuestionario para responder.
LOS CINCO
Uno a uno fueron llegando a la sede del Palacio Legislativo. Los ministros convocados junto a sus subsecretarios y al prosecretario de la Presidencia, fueron Danilo Astori, de Economía y Finanzas; Víctor Rossi, titular de Transporte y Obras Públicas; Eneida de León, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Carolina Cosse, de Industria, Energía y Minería; y Ernesto Murro, de Trabajo y Seguridad Social.
Cosse se refirió a los objetivos de inversión que tiene el gobierno, habló de la importancia de la generación de empleo, aseverando que el Producto Bruto Interno (PBI) de la región que integran Durazno, Tacuarembó, Florida y Cerro Largo crecería entre un 10 y 15%, cuando el promedio global sería del 2 %. Asimismo se refirió a la capacitación del personal en una zona con mucha pobreza y falta de empleos, a la calidad de vida y al desarrollo del Interior.
El ministro Víctor Rossi defendió la inversión de 4.000 millones de dólares que realizará UPM, más los mil millones de dólares que deberá invertir en la infraestructura el país. Se refirió a las obras ferroviarias esencialmente, explicando que hay 250 expropiaciones a realizar, de campos y viviendas en el trazado.
Seguidamente fue el turno de Danilo Astori. El titular de Economía y Finanzas manifestó que: “No podemos hablar de una renuncia fiscal, porque no hay alternativa, no se puede instalar ninguna planta de celulosa sin una Zona Franca. Si no se instala no hay renuncia a nada tampoco. Hay muy fuertes indicios de interés de inversores privados para hacer las obras demandadas: en el lanzamiento se presentaron 150 empresas nacionales y extranjeras, en las instancias de intercambio bilateral tuvimos 25 reuniones y en el proceso de consulta pública recibimos informes de 26 empresas”. Acerca de cómo impactarán las obras en el déficit fiscal dijo: “El proyecto contiene acciones importantes, sugieren impactos fiscales positivos importantes con un crecimiento del PBI del 2%. (…) El 8% de los insumos de la planta serán nacionales: productos químicos, plásticos, metalúrgicos y siderúrgicos. El viaducto portuario será financiado con el Fonplata en un 50% y el resto será dinero de la ANP; la obra es de U$S 50 millones”.
El siguiente grupo de preguntas fue resuelto por la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, quien confirmó que el Mvotma no recibió aún un estudio de evaluación de impacto ambiental de parte de UPM. Sobre el río Negro y su situación de contaminación actual, indicó que hay 15 estaciones de monitoreo de las aguas que estudian 43 variables cuatro veces al año. Dijo también que “hoy la Dinama tiene casi 200 funcionarios, cuando para la obra de la hoy ex Botnia había solo siete. Si la calidad de los estudios presentados no es la requerida por la Dinama los plazos del contrato se suspenden, lo mismo si UPM no contesta en tiempo y forma a nuestros requerimientos”, afirmó.
Mientras, Ernesto Murro, se refirió al acuerdo marco laboral firmado el 12 de setiembre, casi dos meses antes de la firma del preacuerdo de inversión, reunión en la que participaron las partes involucradas, la empresa UPM, el Pit-Cnt, el MTSS y las cámaras empresariales. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a quien le tocó el último grupo de preguntas, precisó: “Se afianza la negociación colectiva, se ratifica trabajo decente y productivo, seguridad laboral, formación, calidad de vida, capacitación. Los protocolos de actuación deberán quedar finalizados antes de la decisión final. Propusimos que si hay acuerdo tripartito pudiera llegarse a regular la ocupación. Diálogo, negociación, prevención, como solicita la OIT”.
PARLAMENTO AFUERA
“¿Cuánto le sale al país esta inversión de UPM? Acá hay un endeudamiento público y no va a pasar por el Parlamento para su aval, y no puede salir sin pasar por el Parlamento”, afirmó el senador del partido Independiente, Pablo Mieres, en su exposición en la Cámara Alta, después de las disertaciones de los cinco ministros convocados en régimen general y sin consecuencias políticas. Si bien expresó su total apoyo a estas inversiones entiende que “este contrato no tiene dos lecturas, porque Uruguay asume todas las obligaciones y UPM ninguna, ni siquiera la obligación obvia de construir la planta si Uruguay cumple con todos los requisitos exigidos por la empresa. Sabemos que es una empresa digna, respetable, confiable, pero nos subordina a su propio interés. Lo dice el artículo 4.3 que señala que la construcción queda a su estricta decisión (…) Es inaceptable haber firmado este contrato”, aseveró.
“SOBERANÍA AVASALLADA”
La legisladora blanca Carol Aviaga duramente expuso que: “Esto es un tema de soberanía nacional, y está avasallada. Esto va más allá de si es viable ponerla sobre el río Negro, es más, quiero saber cuál fue la resolución del presidente (que habilita) a que firme este contrato en nombre de los uruguayos. La Constitución no habla de contratos y tratados con empresas trasnacionales, no puede; con otros Estados sí, pero Estado con empresas no. Aquí ni el Poder Judicial tiene poder porque cualquier alteración se dirimirá en cortes internacionales. Y el Poder Ejecutivo queda sometido a la fiscalización de UPM”, afirmó Aviaga. “Si no se prevé la posición de la oposición, este contrato debe quedar nulo”, sentenció.
UN MES
El exintendente blanco de Fray Bentos, hoy senador, Omar Lafluf, afirmó en sala que “es muy breve el plazo de un mes para otorgarles la autorización ambiental”, y agregó -entre otras reflexiones- que “las obras del ferrocarril estarán, como lo dijo el ministro Rossi, para el 2022, y si en el 2020 UPM decide no hacer la planta, ¿qué cargará el tren si no tiene este cliente con 2,4 millones de toneladas de celulosa para llevar al puerto de Montevideo? (…) Además, el contrato señala que si en el mes hay cinco trenes con demora en la corrida entre Paso de los Toros y Montevideo, UPM no pagará el canon”. Lafluf agregó que se habla de otros costos y aranceles no previstos que no pagará tampoco UPM por 30 años; y sobre el empleo, uno de los grandes temas en discusión, basándose en lo que ocurrió ya, sugirió no manejar cifras de “5.000 a 8.000 empleos, porque están defraudando a la población, es un aporte y además no encuentro ningún ítem que hable de beneficios para las empresas uruguayas que abastezcan a esta industria de la celulosa. No olvidemos que los finlandeses tienen su propia fábrica de hormigón premoldeado que montaron cuando la primera planta y que no voy a dar el nombre”, señaló.
ASOMBRADO
El senador colorado Pedro Bordaberry hizo uso de la palabra también. En su exposición subrayó “el Dr. Jorge Batlle trajo la mayor inversión al país porque dijimos no al default, y ustedes sí, por eso tanta negociación, no nos pidieron todas estas cosas a nosotros. Hoy escuché las barbaridades jurídicas más tremendas que he escuchado. (…) Por suerte que el senador Lacalle Pou los convocó para que nos informen. Pero hay cosas muy buenas, la cláusula 11.2, lleva las controversias a la Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Interamericano de Desarrollo), cuando desde el Frente Amplio en las voces de Korzeniak y Gargano decían que no. (…) (…) Ver al FA defender una multinacional y las regulaciones laborales, es espectacular. ¿Dónde quedó el discurso al no imperialismo y el no a las multinacionales?”
DESARROLLO EQUITATIVO
El legislador socialista Yerú Pardiñas defendió el contrato, al igual que Rafael Michelini y Patricia Ayala. Pardiñas expresó que “si no hacen la inversión, bueno, veremos cómo usar esa infraestructura para un mejor desarrollo equitativo del país. (…) Si esta inversión genera este desarrollo bienvenida sea (…) Nos comprometemos, hacemos y gana el país, gana el Interior. Y todo con tanta transparencia como nunca la hubo y nos importa que la gente lo sepa”.
AGENCIA MONITOREO
El senador Jorge Larrañaga exigió crear una Agencia de Monitoreo Ambiental independiente con sus propios fondos para seguir de cerca este proceso y para ello elevó simultáneamente un proyecto de ley al respecto antes de uno de los tantos cuarto intermedios solicitados. También pidió por la creación de un Defensor del Medio Ambiente y por juzgados en esta materia. Solicitó que se reinvierta en el Interior gran parte de los recursos que pudiera dejar esta segunda planta. Asimismo citó a destacados científicos de facultad de Ciencias, Luis Aubriot y Guillermo Chalar, de la cátedra de Limnología, que hablan del estado crítico de las aguas del río Negro –ya publicado por EL TELEGRAFO–. Se refirió asimismo a la parte laboral. “Quiero aclarar –dijo– que las ocupaciones no son una extensión del derecho de huelga y elevo a la presidencia este proyecto de ley al respecto”. Seguidamente manifestó: “Acá hay un contrato de adhesión del gobierno a UPM, tanto que los finlandeses tienen 25 meses hasta el 15 de febrero de 2020, para aprobar o no esta inversión. (…) Es el Estado el que carga con todas las obligaciones y UPM ninguna. Soy consecuente con lo votado, yo voté la inversión con Finlandia en su momento, critico la forma en la que se ha negociado ésta, el secretismo y las consecuencias para el país. Antes del 15 de febrero (de 2020) no decidirá nada UPM, aún cuando Uruguay haya cumplido con todas sus obligaciones, la inversión puede no llegar pero sí nos quedaremos con todas las deudas. Esto es todo, ¿o habrá más noticias para este boletín, más exigencias?”
LACALLE POU
El senador convocante, Luis Lacalle Pou, también hizo un resumen al finalizar. Dijo que no se respondieron las 67 preguntas, que ninguno de ellos invertiría en este acuerdo si tuvieran que usar sus capitales. Criticó la obligación de UTE de tener que comprarle energía a esta segunda planta y gastar entre 45 y 120 millones de dólares, afirmó que “el tren de 270 kilómetros no estaba en los planes de este gobierno y si estaba nunca lo dijeron.
Aquí además se deben hacer 250 expropiaciones. El Estado se obligó mucho y mal. No es cierto que al puerto le sobren espacios, hay una enorme lucha por el espacio, les pregunto, ¿a quién se va a perjudicar y a quién se va a beneficiar? (…) Pero hay una pregunta muy importante que el ministro Astori aún no contesta, puede ser muy difícil arriesgar una cifra y se habla de un efecto emulación, pero será un efecto contagio”. Luis Lacalle Pou comenzó denunciando el malestar de la oposición por tanto secretismo, hermetismo y confidencialidad de la operación que, como ya lo informó EL TELEGRAFO, desde Paso de los Toros hace días, fue la propia empresa finlandesa que lo solicitó, para no entorpecer las negociaciones y ver afectada su cotización en bolsa, como lo aseveró Jaakko Sarantola, vicepresidente senior de desarrollo de UPM para Uruguay.