(PRESIDENCIA)
Los participantes del programa Uruguay Trabaja del Ministerio de Desarrollo Social realizan cada año 1.100 intervenciones en instituciones públicas, con labores de mantenimiento, refacción y pintura en edificios de todo el país, de las que más de 352 son en escuelas, 155 en Salud Pública, 129 en liceos, 101 en intendencias, 92 en el INAU, 67 en locales del Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU) y 59 en el Correo.
La ministra Marina Arismendi dijo que el programa Uruguay Trabaja apuesta a la inclusión social mediante el empleo de calidad, actividad que facilita la integración en redes y la generación de contactos y amistades a personas que están en situación de vulnerabilidad. Especificó que cada año unas 20.000 personas se inscriben para participar y se realiza un sorteo para ocupar los 3.000 lugares disponibles. A quienes participan se le ofrece capacitación en un oficio específico, como construcción, cocina, atención al cliente, huerta, operario de depósito, carpintería o electricidad, auxiliar de servicio, tisanería o sistema de ciudades, además de talleres en temas transversales que mejoran las habilidades de cálculo y lectura, los conocimientos de salud y género, asociativismo y derechos laborales. Los participantes ingresan por única vez al programa, que dura seis meses en pequeñas localidades y ocho en las ciudades. El programa se gestiona por convenios entre el Mides y unas 30 organizaciones de la sociedad civil.
ESTÍMULOS AL CONTRATAR POR LEY DE EMPLEO JUVENIL
(PRESIDENCIA)
Unas 5.000 personas ingresaron al mercado laboral a través de la Ley de Empleo Juvenil y otras 1.200, en situación de vulnerabilidad social encontraron trabajo con la capacitaciones otorgadas por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). El director del organismo, Eduardo Pereyra, resaltó que “el instituto firmó un convenio importante para capacitar a empresas cooperativas y de la economía social que tienen desafíos de competitividad y sostenibilidad”.
Recordó que recientemente entregó más certificados, en el Centro Penitenciario Santiago Vázquez, a personas privadas de libertad “que se capacitan con la esperanza de que haya un mañana a través del trabajo”. También ejemplificó que se entregaron constancias en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, en Montevideo, a mujeres que construyeron un emprendimiento. Agregó que el Gobierno “busca un acercamiento con representantes de las empresas uruguayas y espera que estos certificados hagan la diferencia a la hora de buscar trabajadores que cuenten con una capacitación técnica de calidad acordada entre trabajadores y empresarios, que además sume valores para una sociedad que apuesta al desarrollo”.
SENADO VOTÓ IMPUESTO A RETIRADOS MILITARES
(EL PAIS)
Con votos exclusivamente del Frente Amplio, el Senado votó el proyecto de ley por el que se fija un impuesto a las jubilaciones superiores a $ 50.000 que presta el Servicio de Retiros y Pensiones Militares. La iniciativa, que pasó a Diputados -donde el oficialismo espera sancionarla en diciembre-, aumenta la edad de los militares para jubilarse a 60 años, sube los aportes que deben hacer del 13 % al 15 % y fija un tope de la jubilación de $ 101.108. El objetivo es reducir en un 10 % las transferencias que se hacen desde Rentas Generales al Servicio, que en 2016 representaron U$S 484 millones. En el curso del debate la oposición criticó el desbalance del Servicio que ha venido incrementándose entre activos y pasivos, y se apuntó a los gobiernos del Frente Amplio por el creciente déficit fiscal.
El senador Álvaro Delgado dijo que en la actualidad existen dos pasivos por cada activo, y que el impuesto es “injusto, confiscatorio e inconstitucional”. Leyó dos informes que abonan la tesis de inconstitucionalidad: uno a cargo de la Universidad Católica y otro elaborado por la Universidad de la República.
En tanto, el senador colorado José Amorín dijo que este impuesto “es parte del ajuste fiscal puro y duro” impulsado por el gobierno frenteamplista. “No tienen por qué pagar otras personas el error del gobierno”, dijo Amorín. El nacionalista Javier García recordó que se asiste a este servicio desde 1918. “No es un fenómeno nuevo, tiene un siglo”, sostuvo, para agregar que en 1982 había 47.000 militares y ahora hay 18.000 aportando al Servicio. “Hay infinitamente menos aportantes y los que aportan tienen sueldos de miseria”, dijo.
ADN DE BRISSA Y EL ACUSADO EN UN TROZO DE MADERA
(SUBRAYADO)
Las pericias forenses que realizó Policía Científica confirmaron la presencia en un trozo de madera de ADN de la niña Brissa González y del hombre acusado de matarla, Williams Pintos. Además, en ese mismo objeto, supuestamente utilizado para golpear a la niña de 12 años, se encontró pintura que coincide con la que hay en una pared de la casa del acusado, en Marindia. Ambas pruebas confirman la tesis del fiscal Juan Gómez, quien acusa a Pintos de homicidio muy especialmente agravado.
El objeto fue encontrado en el lugar donde apareció el cuerpo de Brissa, según informó Telemundo y confirmó Subrayado. El fiscal Gómez dijo a Subrayado que se comunicó a la defensa de Pintos el resultado de estas pericias, y ayer se verificó en el expediente de la investigación. Sobre esta base, el abogado del acusado, Diego Moreira, dijo a Subrayado que resolvió retirar el recurso de apelación que iban a presentar ante un Tribunal para pedir la liberación de Pintos.
El imputado cumple prisión preventiva por seis meses mientras el fiscal reúne las pruebas finales para presentarlas en una audiencia pública donde, si así se dispone, el juez del caso dictará sentencia definitiva, esto es, los años de cárcel que le corresponden al acusado. El fiscal Gómez ya adelantó que piensa pedir la pena máxima, 30 años, con la posibilidad de extenderla 15 años más por medidas de seguridad.
