No es una noticia para nadie que muchas autoridades del actual gobierno, incluidas las del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, consideran a los empresarios como un enemigo de clase, a quien se debe combatir y destruir, negándole en todo momento cualquier tipo de derecho, aún cuando los mismos estén consagrados en la Constitución Nacional. Jorge Bruni, quien en su momento ocupara la subsecretaría de ese ministerio, reconoció públicamente en el año 2008 que el Gobierno ponía el dedo en la balanza a favor de los trabajadores. Esa posición discriminatoria se ha mantenido en forma incambiada tal como lo demuestra la negativa del Presidente Vázquez de recibir a las gremiales agropecuarias (Asociación Rural del Uruguay, Federación Rural, Cooperativas Agrarias Federadas y Comisión Nacional de Fomento Rural) las cuales habían solicitado en los últimos días una reunión con el primer mandatario con el propósito de transmitirle “una visión directa sobre el momento que vive el quehacer del campo”.
Las empresas nacionales, sin importar su tamaño, son sometidas a una segunda discriminación, ya que resulta evidente la preferencia de las autoridades frenteamplistas por las multinacionales, otrora combatidas a capa y espada por ser el brazo económico del imperialismo pero que hoy reciben un tratamiento mucho mejor que el de sus colegas nacionales. Existen varios ejemplos que pueden ilustrar esta situación, incluso en algunos sectores específicos tales como los frigoríficos, las panificadoras industriales o el supermercadismo, en los cuales las empresas extranjeras han establecido fuertes oligopolios que desplazaron a los capitales uruguayos. Se trata de una extranjerización que, al igual que la de la tierra, ocurre en silencio y con el visto bueno de autoridades que reciben de brazos abiertos y con alfombra roja a la inversión foránea mientras celebran acuerdos secretos con cláusulas que comprometen al país por varias generaciones. Todo ello sucede mientras esas mismas autoridades combaten y estigmatizan al empresario nacional, cuya espalda financiera cada día se vuelve más chica y débil como consecuencia del aumento de la carga tributaria y de los costos laborales.
En este injusto panorama, resulta tan oportuna como interesante la propuesta del doctor en Economía Ernesto Talvi, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) quien ha defendido la necesidad de un tratamiento igualitario entre empresarios nacionales y extranjeros. El reconocido académico propuso aplicar a los nuevos proyectos de inversión de todos los sectores productivos estímulos similares a los que el gobierno concedió a la empresa finlandesa UPM. De acuerdo con lo informado por el diario “El Observador”, la propuesta de Talvi, denominada “Todos somos UPM” consiste en extender a todas las empresas por dos años los apoyos y beneficios que se le brindan a la empresa procesadora de celulosa. A modo de ejemplo, Talvi sugiere extender los beneficios otorgados por la Ley de Inversiones a proyectos de inversión presentados en los años 2018 y 2019, aumentando las exoneraciones del Impuesto a las Rentas de las Actividades Empresariales (IRAE), así como bonificar los precios del gasoil y la electricidad.
De acuerdo con el destacado economista, “el costo fiscal de la propuesta sería ‘muy bajo’ porque apunta a proyectos que de otra manera no se realizarían y de los que no se podría recaudar ningún tipo de impuesto”, resaltando que “el impacto expansivo de la generalización del régimen que se le otorgó a UPM a todos los nuevos proyectos de inversión ‘desparramará los beneficios a múltiples sectores de actividad y en todo el país, lo que propulsaría un desarrollo más armónico que el generado a partir de apostar exclusivamente a atraer mega proyectos de inversión’”.
La propuesta de Talvi es oportuna y pertinente, apuntando en forma certera a tratar de solucionar una desigualdad notoria entre el tratamiento que se le brinda a los inversores extranjeros y el que se reserva para los empresarios locales, aquellos que luchan todos los días “aguantando el mostrador” y tratando de cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma. Cualquier emprendedor uruguayo que quiera iniciar su empresa en cualquier ramo de actividad sabe de memoria que primero que nada deberá trabajar para alimentar a un Estado totalmente ineficiente, obsoleto, sobredimensionado e ineficaz, cuya pésima gestión debemos financiar entre todos los uruguayos a través de servicios caros y de mala calidad, sin mencionar los aumentos que en materia de combustibles y energía eléctrica acaba de anunciar el gobierno como suele suceder al finalizar cada año. Una vez alimentado ese “socio invisible” que todo empresario tiene que mantener aunque no se haya dado cuenta de ello, llegará la hora de ver si la actividad arroja algún tipo de rentabilidad o si llegó la hora de reducir los niveles de actividad (y con ello el personal empleado) para tratar de sacar a la empresa de los números rojos.
Finalmente, si la empresa está localizada en el Interior, donde cualquier tipo de beneficio llega tarde, mal o nunca, sufrirá una tercera discriminación como consecuencia de esa localización geográfica. Muestra de ello y de normas que cuentan con más de setenta años, es que los laudos fijados por los Consejos de Salarios por negociadores que raramente salen de Montevideo terminan afectando a empresas de todo el país sin importar la población de las localidades en las cuales desarrollan su actividad o el nivel de ingresos de sus eventuales clientes. Esa situación conlleva una gran injusticia para la actividad empresarial, ya que una tienda localizada en la ciudad de Guichón debe pagar los mismos sueldos que una ubicada en la exclusiva Calle 20 de Punta del Este, donde artículos cuyo precio asciende a varios miles de dólares son adquiridos por una élite que cuenta con un patrimonio millonario. El resultado está a la vista: las localidades del Interior, y concretamente los sanduceros sufrimos en carne propia el problema del desempleo, más allá de que las autoridades competentes en la materia quieran tapar el Sol con un dedo y crean que mostrando gráficas de un Powepoint pueden ocultar las penurias que día tras día sufren miles de sanduceros.
En efecto la forma en que las autoridades uruguayas tratan a las empresas nacionales y más concretamente a las radicadas en el interior del país, parece extraída, lamentablemente, de la famosa frase del exprimer ministro británico Winston Churchill, según la cual “Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir; otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar y muy pocos lo miran como el caballo que tira el carro”.
El Gobierno y su discriminación a las empresas
