Hasta ahora, no han sido colmadas las expectativas de los representantes de las listas mayoritarias en las elecciones de representantes del directorio de la Caja de Profesionales Universitarios, en cuanto al cambio de rumbo en la gestión. Por eso, sus representantes están en una gira por el Interior del país para dar a conocer esta realidad.
Con este objetivo visitaron Paysandú el doctor Odel Abisab, director de la Caja de Profesionales Universitarios en representación de los pasivos, y la doctora Leticia Gómez, presidenta de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.
Los profesionales consideran que quienes deberían promover los puntos inherentes al mandato, al que llegaron gracias a los votos de sus afiliados, ante la deficiencia de la gestión anterior, no han resuelto situaciones con base en nuevos parámetros. En cambio, han mantenido los de la administración anterior, que recibió un fuerte rechazo en las urnas. Leticia Gómez indicó a EL TELEGRAFO que se han centrado “fuertemente en la actividad gremial, puesto que en los dos últimas directorios nos encontramos con una gestión inadecuada de los fondos de la Caja y de los criterios de gastos e ingresos”.
Esta percepción “ha sido compartida por el electorado. Han manifestado la existencia de un problema ese no han dado como resultado estructural en el manejo que no es tal, porque la Caja es la que tiene la mejor relación activo-pasivo y tiene un excelente patrimonio. El problema está en la gestión de esa organización, en los gastos que se hacen, en que tenemos un gerente general absolutamente alineado con la posición del Poder Ejecutivo, que tiende a ser restrictiva de los beneficios y gravosa en cuanto al aporte de los activos. Ese director general tiene al día de hoy un sueldo de 600.000 pesos mensuales”.
Observó que “además esa gestión no es exitosa y la única idea que se les ha ocurrido para intentar sanear los recursos de la caja ha sido reducir las prestaciones de los jubilados y pensionistas, y crear un sistema que le hace más gravoso al activo la vinculación con la caja porque lo obliga a trabajar más años para tener una tasa de reemplazo más baja”. Esa tasa de reemplazo pasa a ser del 60 al 50% para quienes se jubilen.
Las alternativas radican en que el directorio de la Caja revea los conceptos de gestión “con los que está manejando esta situación”, evaluó la profesional. “Tenemos un porcentaje muy grande con declaración en ejercicio. En algunos casos, hay que convencerlos de que el sistema de la Caja les permite generar un seguro adicional para el momento de su retiro y que la relación de la inversión es la mejor que pueden obtener con ese dinero. A los que declaran no ejercicio y no es verdad, deben asumir que es una competencia desleal si ejercen. No hay que dejar que se les convierta en una deuda impagable y estar rápidamente sobre la declaración en ejercicio, exigir que pruebe claramente que la persona no ejerce y visitar al activo que declara no ejercicio para, si no es real, incentivarlo con información a que intente hacer ese ahorro previsional y tratar de que no incursione en un camino en que cuando sea descubierto lo ponga frente a una deuda que con las multas y los recargos le sea imposible de asumir. Al mismo tiempo, la Caja debería de ser cuidadosa con los gastos, que no es el caso del pago que se ha hecho a consultoras que no han servido para nada y estructuras de asesoramiento innecesarias e inconducentes”, evaluó.
“Sostenemos que los cinco electos en este período que asumieron en julio el direcorio de la Caja lo hicieron basados en un programa electoral que cuestionaba la gestión anterior y ahora nos encontramos con que no todos ellos están haciendo lo necesario para cumplir con sus promesas electorales”, precisó. “No debe ser así y tenemos que empezar a exigir que no sea así, que las promesas electorales o se cumplen o se acredite muy bien por qué no se puede cumplir y se explique. Eso no se está haciendo”.
“NO SE ESTÁ CUMPLIENDO”
En la misma línea, el director Abisab reflexionó que “hemos venido integrando una delegación de afiliados a la Caja de Profesionales y, en mi caso, invisto ambas condiciones. Soy parte de la directiva de la Asociación de Afiliados y, por otro lado, soy el titular de la representación de los pasivos profesionales en el directorio”.
“Estamos recorriendo el país dando cuenta de en qué está la asociación” y subrayó que “efectivamente no se está cumpliendo por lo menos con la celeridad que de alguna manera teníamos expectativas en función de conversaciones previas a nuestra instalación en el directorio en cosas que había que hacer y convinimos. Tenemos una reserva con respecto a la diferencia de urgencia y de tiempos con los que estamos actuando cada uno de los integrantes del directorio”.
“Nosotros, como representantes de los pasivos, tenemos un claro mandato y a él nos atenemos. Ya hemos planteado las reivindicaciones en pos de las que estamos, pero también hemos aportado una propuesta concreta y plan estratégico con objetivos muy claros en cuanto a lo que hay que hacer. Lamentablemente, el directorio no ha votado de manera unánime por sus siete miembros, dos en representación del Poder Ejecutivo, cuatro en representación de los profesionales activos y uno por los pasivos”, indicó.
“La mayoría, en proporción cuatro a tres, prefirió votar un documento que proviene de bases conceptuales formuladas por el directorio que se fue ‘corrido’ por el voto de los profesionales en las últimas elecciones, tras ser duramente cuestionado”, indicó. “En este caso, se termina apoyando y reconociéndole derechos a ese directorio, que fue rechazado por los votantes. Nosotros decimos que quien tuvo ese comportamiento fue rechazado y ha perdido el derecho de que consideren sus consejos en cuanto a lo que debe hacerse”, finalizó.