En los últimos meses ha crecido el debate público sobre la permanencia, reestructura o cierre de empresas localizadas en nuestro país, generando una incertidumbre que abarca a trabajadores de distintas áreas: frigoríficos, call centers, curtiembres, alimentos, repuestos, entre tantas otras.
En el centro del problema está un viejo conocido de los empresarios, tanto sanduceros como uruguayos en general: lo costoso que resulta producir bienes o prestar servicios desde Uruguay. En efecto, si bien nuestro país es un paraíso para los que se dedican a la política (ya que pueden obtener un buen salario y ventajas varias sin necesitar capacitación alguna y sin tener que cumplir sus promesas electorales), es un verdadero infierno para quienes trabajan honestamente, están al día con sus impuestos y conviven con una burocracia que siempre pide más para poder solventar los salarios millonarios que perciben los políticos de todos los partidos en nuestro país. En este aspecto no hay diferencias entre gobierno y oposición: son todos iguales. Le “dan manija” a sus votantes para que se peleen en las redes, pero después, a espaldas de esos mismos votantes, se abrazan dándose palmadas en la espalda mientras toman algún whisky escocés de alto costo. Prueba de ello es el acuerdo alcanzado hace algunos días entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto para votar la Ley de Rendición de Cuentas. Mientras tanto, los políticos uruguayos en general y los sanduceros en particular siguen con el “viru viru” y la “sanata”, olvidándose de que atrás de los números fríos y descarnados de desempleo e informalidad existen personas de carne y hueso, junto a sus familias, que esperan y sobreviven como pueden a que a esos “genios” de la política se les ocurra algo que no sea aumentarse sus sueldos y beneficios. A modo de ejemplo, el secretario de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo de nuestro país percibe $382.150 pesos uruguayos por mes, tal como surge de su página web, a lo que deben sumarse otros conceptos (dedicación especial, hogar constituido, prima por compromiso con la gestión, prima por indicadores de gestión, prima por antigüedad y prima por permanencia en el cargo) que muestran el descontrol de salarios y beneficios que existe en el Parlamento.
Si hablamos de senadores, la cosa no mejora mucho —al menos para Juan Pueblo—, aunque claramente sí mejora para los senadores, quienes se dan la gran vida con este nivel de sueldo que pagamos todos “los nabos de siempre”: ganan $339.446 por mes, a lo cual deben sumarse estos rubros: partida para pago de secretarios parlamentarios, $246.508 por senador; partida para pago de secretarios de sectores de hasta 3 integrantes, $ 186.681 por sector; partida para pago de secretarios de sectores de 4 o más integrantes, $59.418 por senador que integra el sector; y por servicio de telefonía celular, $4.627.
La información sobre los diputados es, llamativamente, más difícil de encontrar y menos abundante en la página del Poder Legislativo que la de los senadores, pero en el año 2023 era del entorno de $248.840. A eso deben agregarse otras partidas: partida Secretaría de Legislador, $229.578; partida Bancada, $55.104; gastos de Representación, $41.847; y Hogar Constituido, $1.647.
No resulta una sorpresa que, tal como lo ha informado La Diaria, en su edición del 15 de diciembre de 2015, “los legisladores de Uruguay son los terceros con mayores salarios de América Latina, solo por detrás de Colombia y del Senado de México”. En un país como el nuestro, donde el Salario Mínimo Nacional es de $ 25.383 pesos uruguayos nominales por mes desde el 1.° de julio de 2026, es una obscenidad que los legisladores uruguayos cobren las fortunas que cobran. Tal vez por eso mismo, ningún legislador de ningún partido político ha mostrado en público o colgado en las redes su recibo de sueldo con todos los beneficios que recibe. Por algo será… como siempre, la transparencia es de la boca para afuera, pero que no le toquen el bolsillo a estos supuestos “padres de la Patria”.
Como si todo eso fuera poco para indignarnos, hay que tener en cuenta que los legisladores y demás políticos tienen un “seguro por desempleo VIP” al cual se accede por el simple hecho de pertenecer a la “casta política” que gobierna nuestro país desde el año 1830 y que es una de las grandes causas de que el país no progrese. En efecto, al terminar su mandato o si no son reelectos, los legisladores y otros jerarcas tienen derecho a cobrar un subsidio equivalente al 85% de su sueldo durante un período de hasta un año. Como si fuera poco, ese año en el cual cobran el subsidio VIP se computa como tiempo trabajado a los efectos jubilatorios, y tienen derecho a cobrar el medio aguinaldo durante el subsidio. Indignante.
Si usted no tiene la suerte de ser un legislador uruguayo y lo despiden del trabajo, su situación será bien diferente: el plazo máximo del subsidio se le pagará durante seis meses (y no un año, como a los “señores” legisladores) y, además, será decreciente, comenzando con un 66% del salario (con un tope máximo de $93.155) y terminando al sexto mes con un 40% del salario (con un tope máximo de $50.802). El subsidio que cobran los políticos no es decreciente como el de todos los uruguayos, sino que cobran el 85% durante todo ese año. Una verdadera tomadura de pelo para todo el pueblo uruguayo.
Además, obviamente no tendrá derecho a cobrar el medio aguinaldo, por una simple y poderosa razón: usted no es político, es un simple trabajador o una simple trabajadora que “se parte el lomo” trabajando todos los días y no pertenece a la “casta” política, que en Uruguay es lo más parecido a la nobleza, a pesar de que, afortunadamente, no somos un país monárquico sino una república.
Ante este panorama, resulta bienvenida la iniciativa legislativa del diputado colorado por Salto Horacio De Brum, que propone eliminar subsidios especiales a exlegisladores y destinar esos fondos al INAU.
Es bueno destacar la valentía del diputado De Brum, quien “blanqueó” en vivo, durante la salida al aire del programa de radio “Fácil desviarse”, sus ingresos, explicando cada rubro y aportando una copia de su recibo. El legislador actuó como una verdadera “mosca blanca” que merece ser destacada.
Así las cosas, no puede resultar una sorpresa que exista una profunda brecha entre la “casta” política y la sociedad en general, así como tampoco la mala imagen de los políticos y el rechazo que revelan las encuestas. En lugar de ser una tarea respetable, admirada y que uno aconsejaría seguir a una persona que estime, ser político se ha transformado, por situaciones como las referidas a las remuneraciones de los legisladores, en una actividad que se mira de reojo, con desdén, y cuyo desprestigio sigue creciendo tanto en Uruguay, como en la región y en el mundo.
