Reconversión del empleo, ante déficit en formación

En 1992 fue creado el Fondo de Reconversión Laboral, el cual en 2008 fue transformado en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). Con aportes de trabajadores y empresas particulares, esta institución del Estado busca adecuar la mano de obra que se encuentra en dificultades por cambios de escenario y situaciones coyunturales a las necesidades del mundo del trabajo.
Es así que empleadores y trabajadores aportan en partes iguales al Fondo de Reconversión Laboral, para que cumpla el objetivo primario de destinar recursos a capacitar a personas con trabajo o desempleadas y también a empresarios. El organismo tiene conformación tripartita con tres integrantes del Poder Ejecutivo, dos del sector empresarial y dos del Pit Cnt.
Tras un primer período en que la actividad del instituto fue muy menor, los requerimientos al fondo se han disparado y en los últimos tres años, sobre todo, se ha registrado una concurrencia no inferior a las 200.000 personas. Es así que el registro obtenido entre 2015 y 2017 es más de la mitad del total de las capacitaciones en sus 25 años de funcionamiento.
El director nacional de Empleo, Eduardo Pereyra, quien además ejerce la dirección general del Inefop, indicó que entre 1992 y 2017 se logró capacitar a 400 mil personas, con la salvedad de que la formación se aceleró en los últimos tres años. En 2015 fueron 30 mil quienes recibieron calificación y asistencia técnica, al año siguiente se llegó a 50 mil y en 2017 se llegará a un récord de 130 mil, dijo a El Observador.
En cuanto a las causas de este incremento de actividad, reflexionó el jerarca que hay más interés entre los trabajadores y desempleados en recibir calificación y evaluó además que “hay una mayor sensibilidad ya que el país viene de un proceso de desaceleración económica”. Señaló que durante el año el instituto generó cursos de capacitación para el sector turístico, el transporte de carga, de pasajeros, para la industria de la construcción y la salud privada.
Sostuvo Pereyra que asimismo se busca promover la calificación tecnológica y para eso el Inefop está cerrando un acuerdo con la Cámara Uruguay de Tecnologías de la información (CUTI). En el mismo sentido, consiguió becas con el Centro de Ensayos de Software (CES), organización especializada en el área. En este caso, las becas son para la carrera de testing de software. Además, mantiene acuerdos con gremiales agropecuarias, el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) y el Ministerio de Ganadería. “Van quedando muy pocos sectores sin acuerdo con el instituto”, dijo Pereyra.
En cuanto a los recursos, el Inefop recibe anualmente un aporte de U$S 30 millones a través del FRL y por menor actividad en varios años logró generar una “caja” de U$S 80 millones. Este año por el mayor nivel de capacitaciones y cursos brindados está previsto que el organismo ejecute más del ingreso anual y deba tomar unos U$S 10 millones de lo ya generado.
Pero durante la mayor parte de su actividad, salvo en este último período, el instituto no respondió a las expectativas por una diversidad de causas, porque no se adecuó a las necesidades de trabajadores ni de empresas, e incluso mientras se han integrado aportes de las dos partes, hay una deuda pendiente del Poder Ejecutivo, al punto que a mediados de año, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional reclamó al Ejecutivo el pago de una deuda –o al menos de una parte– de U$S 65 millones. Ese monto no recibido es el aporte que el gobierno debió haber volcado al instituto en los últimos seis años pero no lo hizo. Empresas y trabajadores aportan un 0,125% al Fondo de Reconversión Laboral (FRL) y el mismo porcentaje debe ser volcado por el gobierno para la capacitación de trabajadores.
Por cierto que más allá de la integración de los aportes y los problemas del mercado de empleo, el gran problema del Inefop era que no se veía como una herramienta apropiada para los fines por los que fue creado, en gran medida por un desfasaje entre la realidad y lo que se estaba en condiciones de ofrecer y lo que se necesitaba fundamentalmente para la reconversión. Se estaba a menudo ante empresas en proceso de desaparición o de pasar a números en rojo porque no estaban en condiciones de competir en un mercado abierto y donde el mismo producto que viene del exterior se vende a precios imposibles de absorber por los costos de producción que tiene el Uruguay, entre otros factores.
Asimismo, ante cambios que han venido para quedarse o más aún, para seguir cambiando sin solución de continuidad, el Inefop ha sido una especie de bombero para apagar focos que se han multiplicado en todo el país, y todo lo que se hace, con la mejor intención y disposición, más allá de los errores que puedan cometerse, es ir detrás de los acontecimientos, como un mal menor ante el costo social del desempleo y el que implicaría asimismo sostener a miles de personas en el Seguro por Desempleo.
El mayor problema radica en que la formación de la fuerza de trabajo en el Uruguay está desfasada desde hace tiempo de la dirección en que va el mundo, tanto en el ámbito de la enseñanza como en la capacitación que requieren las empresas, y por lo tanto cuando ya las cosas se han distorsionado o precipitado solo se pueden lograr soluciones a medias o respuestas para «seguir tirando», porque prima lo urgente sobre lo importante.
Además, estamos ante un crecimiento que está instalado sobre bases relativamente frágiles, y no se están generando empleos genuinos, a la vez que el empleo de calidad que se necesita no está acompasado por la capacitación acorde de la mano de obra. La reconversión laboral por entidades como el Inefop, por lo tanto, es un paliativo que ha crecido en su incidencia por fuerza de las circunstancias, debe tomarse como lo que realmente es, un complemento necesario sobre la marcha, mientras se actualice un esquema educativo y de formación profesional que está todavía muy lejos de lo que requiere el mundo moderno.