El Banco Central del Uruguay (BCU) elevó controles y sanciones a las empresas para la prevención del lavado de activos e interviene con la suspensión de actividades a aquellas que publican información errónea en sus sitios web, incluso con la designación de interventores. Con el cometido de proteger a los inversionistas, la entidad financiera cambia de forma constante las normas, fundamentalmente en materia de requisitos.
Ocurre con los intermediarios y asesores, a quienes el BCU solicita continuamente sus registros y fichas de clientes, a cualquier tipo de inversor y exige información calificada para la habilitación de un intermediario de valores, quien incluso deberá presentar un plan de negocios donde justifique la viabilidad empresarial. A esto, deben sumarse los requerimientos de los asesores con antecedentes personales, profesionales y declaración patrimonial, entre otros ítems.
En comparación con la región, la Ley de prevención de lavado de activos y el financiamiento al terrorismo es muy avanzada, sin embargo, aún existe falta de conocimiento acerca de su funcionamiento por instituciones financieras uruguayas. Asimismo –y al igual que otros países– Uruguay permanece vulnerable al lavado de activos, en tanto su papel como centro financiero offshore cuenta con amplios servicios financieros y empresariales para no residentes, que lo vuelve particularmente vulnerable al lavado de dinero.
En todo caso, los enfoques avanzados apuntan a la instrumentación de sistemas que estipulen la detección y el reporte oportuno de operaciones inusuales y sospechosas. Eso, al menos, sería el ideal. Pero la realidad se manifiesta tal como hace unos años la describió el actual presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y entonces director de proyectos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Ricardo Gil Iribarne: el control uruguayo tiene “terrible agujero”.
En aquel momento, Gil Iribarne se quejaba de un problema de difícil solución que pasaba por la escasez de Reportes de Operaciones Sospechosas que permeaban en el sector no financiero, es decir, inmobiliarias, escribanos o casinos que daban la pauta de que algo fallaba. Y falla todavía. Si Uruguay presentaba 15 reportes de operaciones sospechosas por lavado de activos hace tres años con unos 200 procesamientos por este delito, es que algo andaba mal. O muy mal. Es decir que, dado lo detallado anteriormente, no es que Uruguay carezca de normativas, sino –por el contrario– son buenas en comparación con las existentes en la región. Lo que ocurre es que no se aplican de acuerdo con las exigencias establecidas. En este caso, como en otras cuestiones, hay una responsabilidad de dos partes: el sector financiero que no da el paso necesario para esos reportes y un Estado que no supervisa adecuadamente.
Por eso, parece que nunca pasa nada en este país y, sin embargo, sucede. Pero nos enteramos cuando “explotan” en los titulares casos como el del sindicalista argentino Marcelo Balcedo. Si los mayores reportes de casos de lavado de activos provienen del sistema financiero y unos pocos de inmobiliarias –que reportan cuando es evidente la vinculación del delito con el investigado– en un territorio donde se presencian continuas inversiones de no residentes, es que fallan particularmente los controles desde arriba hacia abajo.
Y, en última instancia, los sonados casos de sanciones a inmobiliarias y profesionales se vincularon con la venta de la estancia El Entrevero en José Ignacio, por su estricta relación con una causa en Crimen Organizado que develó la trama en la famosa “Ruta del dinero K”. O con los Panama Papers, que confirmó la amplia gama de servicios societarios para no residentes, donde se cuestiona el alto riesgo existente y no las prestaciones que se brindan en sí. Después, poco se ha sabido de sanciones específicas ligadas a este delito.
Por eso, cuando salta a la opinión un caso de lavado de activos, también aparecen innumerables propiedades inmuebles, tal como ocurrió con Balcedo, o con el mafioso italiano Rocco Morabito o Gerardo González Valencia, líder del cártel Los Cuinis, quienes se encontraban instalados en Uruguay desde hacía muchos años, mientras llevaban vidas austeras y se veían poco en la calle.
Al sindicalista argentino le aparecen nuevos bienes conforme avanza la investigación entre Uruguay y Argentina (que ya solicitó su extradición) y hasta el momento se han detectado 59 propiedades, de las cuales 19 son inmuebles o terrenos –algunos en lugares exclusivos–, además de autos de alta gama (38) y varios medios de comunicación. Sin dejar por el camino el zoológico de animales exóticos que tenía en uno de sus chalets y el dinero contenido en cofres fort que suma más de seis millones de dólares.
Por eso cabe siempre la pregunta: ¿Cómo ingresó Balcedo todo eso al país? y ¿de qué manera adquirió las propiedades sin que nadie preguntara o reportara acerca del valor de las propiedades? Hasta ahora, se calcula que la fortuna de Balcedo puede superar U$S 30 millones. Parece clara la afirmación de Gil Iribarne y los “terribles agujeros” en los controles de una cadena de mando endeble y en otra, de responsabilidades que no cumplen.
Por eso, el titular aún impacta cuando el fiscal de Corte, Jorge Díaz, aseveró que el dinero hallado en los cofres fort de Balcedo en bancos de plaza es “la mayor incautación de dinero vivo (en efectivo) en la historia de Uruguay”. Y esto no debería ser así, porque el mérito no está en la confiscación de ribetes novelescos, sino en la prevención, para evitar que estos hechos delictivos sucedan. Al menos tratar de rehuir de la visión de un Uruguay con plaza fácil para hacer negocios fraudulentos. Eso, también, nos aleja de una percepción “bananera”, que tantos perjuicios provoca entre quienes quieren hacer las cosas legalmente.
Un “terrible agujero”
