Uruguay y el gobierno electrónico

En los últimos años diversas oficinas públicas de nuestro país han habilitado la realización de algunos trámites a través de Internet, práctica conocida internacionalmente como “gobierno electrónico”, el cual ha sido definido por la Organización de Estados Americanos (OEA), como “el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) por parte de las instituciones de gobierno, para mejorar cualitativamente los servicios e información que se ofrecen a los ciudadanos; aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación ciudadana”. Para la OEA esta forma de aplicar la tecnología tiene implicaciones sobre la organización y función del gobierno en aspectos tales como el acceso a la información, la prestación de servicios y realización de trámites, la participación ciudadana y la optimización del uso de los recursos para el logro de los objetivos trazados, entre otros.
Esta revolución tecnológica ha modificado, aunque con diverso alcance, la organización administrativa clásica, tal como fuera pensada por el filósofo alemán Max Weber. De acuerdo con la especialista Yanina Welp, investigadora de la Universidad de Zurich, el modelo burocrático sobre el cual se basó Weber se desarrolló conjuntamente con la sociedad industrial, “dando respuesta al nuevo modo de producción, a la sociedad de masas y al afianzamiento de la economía monetaria que provocaron el crecimiento y la expansión de las tareas administrativas del Estado moderno”. Si bien la administración pública weberiana “representó la forma organizativa hegemónica del sector público durante buena parte del siglo XX”, la misma ha recibido diversas críticas en las últimas décadas tales como “el cuestionamiento de la estructura de la administración pública, debido a la percepción de que se ha vuelto demasiado costosa e ineficiente y a las dudas sobre su capacidad para actuar con independencia de otros actores, en un mundo cada vez más complejo e interdependiente”, y la existencia de “un déficit democrático basado en el aumento del desinterés y/o la desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos y las instituciones políticas, y hacia la administración pública en particular, por su falta de eficiencia y transparencia”. Esta percepción crítica del sistema clásico de la administración pública ha impulsado el desarrollo de experiencias de gobierno electrónico en distintos países.
El caso emblemático en esta materia lo constituye Estonia, un país sobre el Mar Báltico que cuenta con aproximadamente 1.300.000 habitantes y que forma parte de la Unión Europea desde el año 2004. Conocida como “el Silicon Valley europeo”, Estonia se ha transformado en una de las sociedades digitales más avanzadas del mundo. El tamaño de este país, la rapidez con la cual ha resuelto e implementado exitosamente los cambios que se ha propuesto y el hecho que hasta el año 1991 formaba parte de la antigua Unión Soviética con un régimen estatal, planificado y centralizado de toda su economía, lo hacen un caso obligado de estudio en diversas universidades del mundo. Según la edición 2017 de la encuesta publicada por el Instituto de e-Gobierno de la Universidad de Waseda (Japón) que califica a 65 países de todo el mundo, Estonia se ubica en el quinto lugar del ranking de gobierno electrónico, detrás únicamente de países como Singapur, Dinamarca, Estados Unidos, y Japón. El país latinoamericano con la mejor ubicación en este ranking es Chile con el puesto 40, mientras que Uruguay se encuentra en el puesto 55, detrás de México (42), Brasil (48), Argentina (53), Perú (54), Colombia (57), Venezuela (60) y Costa Rica (64).
De acuerdo con la OEA, los primeros esfuerzos de Uruguay en esta materia se remontan al año 1994, con el dictado del Decreto Nº 271/994, por el cual, entre otras cosas, se crea la Comisión Nacional de Informática (Conadi) como órgano asesor del Poder Ejecutivo en materia de informática. Otro paso de indudable importancia fue la creación, en el año 2000 del Comité Nacional para la Sociedad de la Información (CNSI) la finalidad de fijar una estrategia nacional de desarrollo en la materia. Sin lugar a dudas los avances tecnológicos producidos en los últimos tiempos han permitido que, los pasos iniciados hace más de veinte años, hayan tenido un impulso que nadie podía imaginar en ese momento, lo que ha determinado una necesaria adecuación de las políticas públicas a ese nuevo escenario electrónico. Iniciativas como la creación de la Agencia para el Desarrollo de la Gestión del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) en el año 2007, así como de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP), la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), y las páginas web Uruguay Concursa, Portal del Estado Uruguayo, Sistema de Información de Compras Estatales (SICE) constituyen tan sólo algunos de los ejemplos de cuanto se ha avanzado en esta materia. A pesar de todos esos esfuerzos, y de acuerdo con lo informado recientemente por el diario “El País”, sólo el 34% de los trámites de la Administración central está en línea, y tal vez por ello el presidente Tabaré Vázquez ha solicitado alcanzar el 100% de los mismos (1.630 trámites en total) en el año 2020. La situación entre los ministerios no es pareja: mientras la cartera de Turismo ya alcanzó esa meta en el ámbito de su competencia, el ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se encuentra en la peor situación ya que sólo uno de cada diez de sus trámites puede realizarse a través de Internet.
A pesar de todos esos logros, existen todavía muchos trámites que deben ser realizados en forma personal, a lo que se suma la solicitud de copias de documentos previamente emitidos por el propio Estado o por las Intendencias Departamentales (certificados, habilitaciones, constancias de registro, vigencias de poderes, etcétera), todo lo que transforma la vista a una oficina de cualquier organismo público en una suerte de vía crucis que demanda tiempo y dinero. A modo de ejemplo, es absurdo que un organismo del Estado exija a un ciudadano un certificado de vigencia de una carta poder para realizar un determinado trámite, cuando lo que corresponde es que la propia oficina corrobore si el documento está vigente o fue revocado, mediante consulta electrónica al registro correspondiente y en tiempo real.
La única solución para superar ese mar de papeles, sellos y burocracia es la efectiva digitalización de los trámites no sólo de la Administración Central sino también de los entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos departamentales, entre otros organismos que deben ser integrados cuanto antes al gobierno electrónico. Al fin y al cabo, las dificultades para realizar dichos trámites constituyen una violación de los derechos administrativos de los ciudadanos, con el agravante de que son éstos quienes pagan los impuestos que financian el funcionamiento del Estado y los sueldos de sus funcionarios, quienes deberían estar al servicio de la ciudadanía y no al revés.