El 2018 se presenta como un año complicado, con el conflicto planteado por el sector agropecuario, la última Rendición de Cuentas de la administración de Tabaré Vázquez, con la instalación de consejos de salarios y mesas de negociaciones entre sindicatos y empresas, la mirada puesta en el déficit fiscal que no descendió de acuerdo a la meta del gobierno, y las características que le imprimirá la clase política, en tanto se debaten candidaturas en los partidos ante un período preelectoral.
La agenda del Ejecutivo deberá tener la cintura y espalda política necesaria como abarcar este escenario, si se tiene en cuenta que la “caja” sólo puede tocarse hasta el 30 de octubre.
En primera instancia, los reclamos del agro se presentaron con urgencia y las diversas gremiales no se manifestaron dispuestas a extensos cabildeos, sino a soluciones acordes a los planteos. Sin embargo, hasta el momento, no se vislumbran otros anuncios a los ya efectuados, mientras las gremiales esperan nuevas propuestas que contengan respuestas de fondo.
En 2018, el gobierno deberá avanzar en la infraestructura exigida por UPM para instalarse en Uruguay, tras acordar un memorándum de entendimiento. También este año tiene que convencer a su propia fuerza política ante las demoras en los análisis de los parlamentarios oficialistas sobre la pertinencia de la firma de Tratados de Libre Comercio, además de las gestiones que lleva adelante la Cancillería entre la Unión Europea y el Mercosur, cuya presidencia temporal le corresponde a la delegación uruguaya en la segunda mitad de este año.
Mientras el Fondo Monetario Internacional prevé que la economía crezca 3,4%, en Uruguay se sabe que la inflación bajó gracias al atraso cambiario y al aumento de las tarifas.
Esta “consolidación fiscal”, según la definición del ministro de Economía, Danilo Astori, ha planchado otros guarismos, como el desempleo, y han mejorado los ingresos por exportaciones.
Pero las condiciones de competitividad siguen por debajo de las expectativas ante el crecimiento de los costos y el endeudamiento por inversiones efectuadas en un sector, como el agropecuario, que –en comparación– ha innovado por encima de otros.
Y las desigualdades sociales hoy atraviesan a sectores de la economía que no mejoraron los salarios, si se toma en cuenta el costo de una canasta básica, además de las bajas capacitaciones que enfrenta la fuerza laboral frente a un mundo robotizado. Las visiones ciertamente anquilosadas en otros tiempos, desdeñan las realidades que presentan la tecnificación y globalización, que repercutirá en más empleos inestables y cierres de empresas. Por eso el “crecimiento con distribución” no es garantía de desarrollo ante una sociedad desequilibrada, que ha profundizado la brecha existente, en un complejo escenario continental de desigualdades atribuidas –siempre– a gobiernos anteriores. De hecho, hoy, se pende de un proyecto de industrialización y creación de infraestructura denominado UPM, y eso en sí mismo resulta desalentador porque confirma que las agendas políticas, de expansión social y económicas tenían un nombre único, amparado por la multinacional finlandesa.
A esto debe sumarse la capacidad de apertura que manifiesta el Poder Ejecutivo toda vez que envía delegaciones a las urbes donde se crea la innovación y el interés manifiesto en la apertura de nuevos mercados. Pero los esfuerzos deben medirse con la región, e incluso hacia la interna de la fuerza política que digita la política exterior y, lo que es peor, resuelve bajo condicionamientos ideológicos.
Esta complejidad se avizora bajo la modalidad de anuncios efectuados tanto del Ejecutivo como de los representantes sindicales, quienes revelaron las prioridades enfocadas en la preservación de los puestos de trabajo.
El presidente Vázquez quiere saber cuáles serán los ministros que se dedicarán a la campaña electoral para afianzar su equipo de cara al 2019 y dentro del económico, se encuentra a uno de sus posibles candidatos. Danilo Astori no pudo bajar el déficit fiscal de acuerdo a las previsiones establecidas y al cierre de 2017 permanecía en 3,5% del PBI. Los números rojos no ceden y, según los analistas económicos, tampoco variará en su cierre hacia el 2018. Cabe recordar que en la última Rendición de Cuentas, el oficialismo calculó un déficit de 3,3% al finalizar el año pasado, 2,9% al cierre del presente período y 2,5% en el último año.
A pesar de un aumento de la recaudación impositiva, el incremento del IRPF y el IASS, la creación de nuevos impuestos y las tarifas públicas que se usan como variables de ajustes para acomodar otros números de la economía, el gasto supera a los ingresos.
En el promedio de 2017, la competitividad de los productos uruguayos empeoró frente al año previo y estuvo en su menor nivel en al menos 18 años. Por otro lado, el déficit fiscal mejoró al reducirse de 3,9% del Producto Bruto Interno (PBI) al cierre de 2016 a 3,5% en 2017, aunque por encima de la meta del gobierno (que era de un déficit de 3,3% del PBI).
Y, como en todos los casos los números no mienten, el tipo de cambio real (la proporción entre el valor de dos divisas), se encuentra en el menor nivel en promedio de las últimas dos décadas. Por eso empeoran los niveles de competitividad que preocupan a los sectores vinculados a la producción nacional, en tanto el déficit fiscal se traduce en el principal desafío enmarcado en este contexto.
De hecho, el año comenzó con escasas respuestas positivas porque el dólar baja, a pesar de las continuas compras del Banco Central y en las pizarras se puede apreciar la sensibilidad que presenta la moneda estadounidense, cuya devaluación se calcula en torno al 11%, de acuerdo al último informe del Fondo Monetario Internacional.
Por estas razones, el 2018 se vuelve clave y dependerá de las resoluciones que adopte el Poder Ejecutivo en materia salarial y fiscal, con ajustes por inflación, sin aumentos del gasto en la última Rendición de Cuentas de la administración Vázquez y un ahorro en la función pública, a pesar de las persistentes dificultades por demostrarlo. Pero, como ya ha sucedido en otros períodos de gobierno, en los años electorales aumenta el gasto y, por ende, el déficit recibido por el gobierno de José Mujica. Cabe recordar que en cinco años (2009-2014) este guarismo subió de 1,7 del PBI a 3,5%.
Es decir que las fichas están sobre la mesa y sólo resta saber qué mano continuará el juego en este último tramo.
La economía dependerá de las manos que muevan las fichas
