Más que gusto a poco, como fue la reflexión de algunos dirigentes respecto a la respuesta del Poder Ejecutivo a los puntos planteados por los productores autoconvocados, la postura del gobierno fue la de simplemente ignorar y no reconocer que el gran problema que paraliza y condiciona al país –no solo a los productores, sino a prácticamente todos los sectores– es el excesivo gasto del Estado. Por lo tanto, no hay arreglo si solo se rasguña la superficie con alguna exoneración mínima para algún sector que esté peor que otros.
Lamentablemente, el Poder Ejecutivo solo anunció parches que en conjunto implican la “renuncia” a recaudar unos siete millones de dólares para auxilio de las actividades más problemáticas. Esto significa una gota en el mar del gasto del Estado y los costos que la mala gestión de determinados organismos y empresas provoca a los ciudadanos uruguayos (léase los ochocientos millones de dólares por las pérdidas y recapitalización de Ancap, las pérdidas por Pluna, los fondos perdidos del Fondes, la regasificadora fantasma, etcétera).
Por sus propios errores, por haberse pegado un tiro en el pie con la nefasta administración del expresidente José Mujica en cuanto a potenciar el gasto público y repartir generosamente en determinados círculos el dinero, la fuerza de gobierno ha optado por seguir tirando un tiempo más, hasta la próxima elección.
En cuanto a las medidas de fondo que se necesitan, como una verdadera reforma del Estado, no ha habido voluntad política de la coalición de izquierdas ya desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Así va a ser cada vez más difícil, si no imposible, hacer que el país reacomode sus costos a niveles razonables.
En este escenario, hay elementos contundentes que refieren precisamente a una de las reivindicaciones de los productores y de todos los sectores de actividad: el elevado precio de los combustibles, que son los más caros de la región y de los más caros del mundo. Paralelamente, un informe del Banco Mundial indica que el Uruguay es el país más caro del mundo, no solo por los combustibles, sino por todo el esquema de costos que aplica a sus ciudadanos y empresas.
Un análisis de El Observador, precisamente, dice que los uruguayos pagaron el año pasado un sobreprecio de U$S 441 millones por combustibles, porque volvieron a pagar las naftas y el gasoil a precios más caros que si hubiesen sido importados.
Así, si se considera el precio de venta de la nafta Súper 95 que fijó el Poder Ejecutivo el año pasado ($ 45,9) y el precio medio de importación para ese mismo producto ($ 42,64), los consumidores pagaron $ 3,26 más por cada litro que adquirieron en las estaciones de servicio. Algo similar ocurrió en el caso de la nafta Premium. El precio de venta al público fue de $ 47,6 y el valor medio de importación –incluyendo el margen de intermediación y los impuestos– fue de $ 44,6. Así los consumidores pagaron $ 3 más cada litro.
La brecha es más marcada en el caso del gasoil 50 S. Entre enero y mayo el precio en las estaciones fue de $ 41,8 y la media de importación de $ 28, lo que da una diferencia de $ 13,8 por litro.
Agrega el informe que si se repite el ejercicio con los precios del gasoil que estuvieron vigentes entre junio y diciembre, después que Ancap aplicara una rebaja, la brecha es de $ 9,4. En esos meses el gasoil se vendió en los surtidores a $ 38,5 y la media de importación fue de $ 29,1 por litro.
Los datos surgen del procesamiento realizado por El Observador en base a información de Ancap, el Ministerio de Energía y Minería (MIEM) y a la información obtenida del informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) que elabora la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). El precio de importación de los tres combustibles fue más bajo en todos los meses del año pasado respecto a su valor de comercialización en las estaciones de servicio.
Las cifras totales del mercado indican que el gasto de los consumidores en estos tres productos fue de unos U$S 2.591 millones, mientras el precio estimado para ese volumen cuando se hace el ejercicio con precios importados suma U$S 2.150 millones. De esa manera, importar combustibles habría ahorrado a los usuarios alrededor de US$ 441 millones.
Esos datos reflejan la política aplicada por el gobierno de no trasladar a precios la baja que registró el precio del petróleo en los últimos dos años. Del ahorro total que podría haber tenido el bolsillo de los uruguayos, U$S 347,4 millones corresponden al gasoil, que alcanzó ventas por unos 896 millones de litros.
Es decir que no ha alcanzado con recapitalizar Ancap con más de 600 millones de dólares, sino que además el refinado implicó tener que gastar 441 millones más, lo que arroja unos mil millones de dólares tirados por la borda para tener “soberanía” en los combustibles, cuando importamos el cien por ciento del petróleo que consumimos. Una paradoja que movería a risa si no fuera que nos cuesta sangre, sudor y lágrimas a todos los uruguayos.
Y esta problemática en un insumo clave tiene mucho o todo que ver con la competitividad que sistemáticamente pierde el país por sus altos costos internos, que se ven inflados simplemente porque cada vez nos cuesta más sostener al Estado omnipresente y voraz. Mientras, al gobierno no se le mueve un pelo, no da siquiera una señal de austeridad ni reconoce el problema. Nada hace por moderar el gasto público que devora la economía de las empresas del agro y de prácticamente todos los sectores de actividad.
En el promedio de 2017, la competitividad de los productos uruguayos empeoró frente al año previo y estuvo en su menor nivel en al menos 18 años. Por otro lado, el déficit fiscal mejoró al reducirse de 3,9% del Producto Bruto Interno (PBI) al cierre de 2016 a 3,5% del PBI en 2017, aunque por encima de la meta del gobierno (que era de un déficit de 3,3% del PBI).
Según informa El País, mientras el agro y otros sectores se movilizan por problemas de competitividad, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que “la apreciación real (del peso) en relación con el resto del mundo combinada con los débiles precios de los principales productos de exportación (como carne vacuna, arroz y soja) en el mercado mundial, ha debilitado la competitividad de las exportaciones de la mayoría de los productos manufactureros y agrícolas (incluso pese a que la performance exportadora muestra una imagen mixta, en particular debido a las fuertes cosechas en 2017)”.
El gran problema es que somos caros, que tenemos inflación en dólares, que los costos fijos por las tarifas de servicios públicos, insumos, energía, peso tributario, son infames y prohibitivos. Esto es insostenible para el país real, el que produce bienes y servicios dentro de la legalidad, tanto para el mercado interno como para quien compite con el resto del mundo.
Y no pueden esperarse respuestas a tono con el enorme desafío si desde el gobierno se sigue haciendo como si el problema no existiera, como si fuera un invento de gente interesada en desestabilizar al país, cuando se trata de un reclamo desesperado de quienes quieren producir valiéndose de sus propios medios y con el Estado como catalizador, en lugar de ser el eterno palo en la rueda.
Por un catalizador, no un eterno palo en la rueda
