“Estamos preocupados por la alta informalidad que vemos en el ambiente inmobiliario. Tuvimos una reunión con la Cámara Inmobiliaria y se habló sobre esa situación”, dijo el operador inmobiliario Daniel Acosta, con 17 años de experiencia en el ramo.
Especificó que “la preocupación no es porque los clientes no vayan a la inmobiliaria a comprar, vender o alquilar, sino porque están cayendo en manos de gente que puede tener o generar algún problema el día de mañana”. Explicó que “es gente que anda trabajando con una bicicleta y una agenda bajo el brazo, y eso no da mucha seguridad al momento de hacer algún negocio. Debemos recordar que la documentación es muy importante para cualquier negocio y por eso las inmobiliarias piden toda la documentación para hacer una venta o alquiler”.
UNA COMPETENCIA “MUY MALA”
A su juicio, “hay una competencia muy mala, porque tenemos el pago de impuestos y comisiones, y no sabemos por qué el gobierno deja que esta gente trabaje así, y nos persigue a nosotros, que estamos totalmente controlados –y eso está bien– pero tenemos que pagar el BPS, los impuestos, los sueldos de los empleados, y esta gente está vendiendo en la calle, y es preocupante”.
Puso como ejemplo el caso de los alquileres, y que “no es hacer un contrato y guardarlo en un cajón. Hoy debe tener un registro para ser legal, pero vemos que hay gente que hace contratos particulares porque dice que se ahorra la comisión, pero corre un riesgo tremendo porque puede haber una inspección a esa propiedad, y si está alquilada y no está pagando los aportes que se deben pagar, o si tiene que hacer un desalojo”. En este sentido, Acosta dijo que “hay gente que ha quedado sorprendida al momento de hacer un desalojo porque el inquilino no le paga y no lo pueden hacer porque no hicieron los trámites de BPS e impuestos. Y eso es porque la gente no se asesora bien”, afirmó.
En cuanto a si tienen cuantificados a quienes están trabajando sin ser empresa, dijo que “son muchos. Y se entiende porque tal vez no tengan otra cosa de la que vivir, pero es una falla del sistema que nosotros tenemos todas las responsabilidades y esas personas no las tienen”, y que en Paysandú “hay entre 40 y 50 inmobiliarias establecidas”. Sobre si el nuevo sistema de bancarización, que obliga a que toda compra mayor de 5.000 dólares sea por banco, Acosta señaló que “eso puede ser que nos de una vía de mayor control”.
FALTA UNA LEY DE OPERADORES
No obstante, aseguró que “aunque no decimos que haya personas que sean embromadas en sus negocios, sí sabemos de casos que le han dicho un precio o una forma de arreglo, y cuando van a firmar se encuentran con otra situación. Y eso, en cualquier inmobiliaria, no lo va a vivir, nosotros somos muy responsables con los clientes, tanto comprador o vendedor como inquilino y propietario, tenemos una palabra sola”. Mencionó algunos casos de “hechos complicados que pasaron con personas que tienen una edad avanzada, deben tener mucho cuidado”.
Acosta dijo que “no hay ley sobre el operador inmobiliario, pero nosotros presentamos un proyecto hace cinco años pero quedó cajoneado. Y era para reconocer el trabajo que tenemos, y le daba garantías a la gente, que hoy no la tiene. Sí se la da la inmobiliaria porque es responsable, pero ante una persona física que no tienen casa, ni propiedades y andan deambulando, no hay ninguna garantía”.
