Tras reunirse con los diez fiscales que trabajan en Paysandú, con la filial del Colegio de Abogados y con el Comando de la Jefatura de Policía, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Jorge Díaz, dijo que la Policía sigue teniendo las mismas potestades para trabajar e investigar como antes del Código General del Proceso, y si alguien interpreta que “la Policía está de manos atadas”, hay que cambiar el texto de la ley, aunque su espíritu no sea ese.
También afirmó que debería reformarse la ley sobre penas mínimas y máximas para el delito de homicidio, que atentando contra el bien más preciado como es la vida, tiene una mínima de 20 meses mientras que la rapiña, que atenta contra la propiedad utilizando la violencia (que pone en riesgo la vida), tiene una mínima de 4 años, y calificó tal situación de “irracionalidad”.
“Hay una alteración de la de la dosimetría en el Código Penal, que normalmente indica que los delitos de mayor gravedad deben sancionarse con más pena que los de menor gravedad, algo que parece de sentido común, y sin embargo el Código de 1934 a la fecha lo hemos ido toqueteando tanto, que a esta altura tenemos un delito de homicidio que tiene una pena mínima de 20 meses de prisión y un delito de rapiña que tiene un mínimo de cuatro años, y si tiene agravante de uso de armas cinco y cuatro, y el copamiento ocho. Y la mínima del copamiento está más cerca de la máxima del homicidio que de la mínima”. (Más información en edición impresa)
