Ha corrido mucha agua bajo los puentes desde aquella cruzada promovida por los sindicatos y el Frente Amplio –cuando éste era oposición– en que a fuerza de eslóganes se rechazaba la inversión extranjera, se organizó un plebiscito y hasta se difundían videos y carteles para denunciar que los que venían del exterior con capitales de riesgo eran “piratas” –se los pintaba con el parche en el ojo y todo–, que desembarcaban solo para llevarse nuestras riquezas.
Los principales promotores de esa propaganda interesada eran sobre todo los sindicatos de funcionarios públicos y grupos de extrema izquierda, supuestamente defendiendo la soberanía nacional, pero como ha quedado harto demostrado, en cada acción lo único que realmente les importa es defender sus intereses como verdaderos “dueños” de las empresas públicas, con trabajos bien remunerados, puestos inamovibles y condiciones y horarios de trabajo muy benignos.
Pero ya en el gobierno, con la dura realidad a cuestas, y descartado el delirio de gobernar sobre eslóganes, el discurso ha cambiado y se ha borrado con el codo lo que se ha escrito con la mano, y se ha asumido que si no se aporta capital de riesgo con inversión no se generan puestos de trabajo ni riqueza.
El Estado, en cambio, solo se dedica a administrar los recursos que obtiene de los sectores reales de la economía, y generalmente lo hace mal. No tiene la capacidad ni la eficiencia para crear riqueza por sí mismo, pero sí debería tener como cometido fundamental generar condiciones para las inversiones.
Valgan estas reflexiones para situarnos en la realidad de hoy, con la izquierda en el gobierno desde hace tres períodos, con el resultado del aumento incesante del gasto público que ha llevado a un déficit fiscal que no se ha podido abatir, una deuda externa en ascenso que hace una década sería calificada de astronómica y donde la austeridad desde el gobierno sigue brillando por su ausencia.
La necesidad de inversión para quebrar este círculo vicioso rompe los ojos y el gobierno de Tabaré Vázquez parece haberlo asumido, en esta coyuntura no solo ofreciendo el oro y el moro para contar con una nueva planta de celulosa de UPM, sino también poniendo en marcha un paquete de medidas –tardías ya– para alentar la inversión, venga de donde venga, porque crear riqueza, aumentar la actividad económica, exportar y dinamizar la economía, es el único camino sustentable para revertir este proceso de virtual estancamiento.
Una pauta de la importancia de captar capitales de riesgo la da el senior manager de PwC consultores, Marcos Soto, cuando analiza para El País los principales factores en juego para lograr atraer capital extranjero y los desafíos que se presentan en este camino.
Trae a colación el economista que Uruguay vivió un proceso extraordinario de llegada de capitales en la década 2005-2014. En esos años, la captación de inversión extranjera alcanzó U$S 1.985 millones como promedio anual, es decir, 20 veces más de lo que se recibió en toda la década de los 1990 y nueve veces más si lo medimos versus la evolución del PBI.
Sin embargo, Soto acota que “se observa una notoria y preocupante retracción de la inversión en Uruguay en estos últimos tres años. En 2017 se desplomó. El dato de cuentas nacionales marca un retroceso de 15,5%, acentuada en la caída de inversión privada. Es la menor tasa de inversión desde el 2005”.
En cuanto a qué requiere nuestro país para ser destino de capitales de riesgo evaluó que corresponde “preguntarnos si aquellos fundamentos que nuestro país muestra con orgullo en el exterior para posicionarnos –me refiero al conjunto de estabilidades sumado a incentivos de tipo fiscal–, siguen siendo determinantes a la hora de tomar la decisión de invertir”.
“En PwC a nivel global hemos intentado identificar esos elementos de valoración actual y concluimos que el 41% de los inversores están muy preocupados por las amenazas cibernéticas o perturbaciones tecnológicas, considerándolas la mayor amenaza para los negocios, subiendo del quinto puesto en 2017 al primero. Es el mundo en que vivimos. Además, los inversores clasifican la incertidumbre geopolítica (39% extremadamente preocupados), la velocidad del cambio tecnológico (37%), el populismo (33%) y el proteccionismo (32%) entre las cinco principales amenazas”.
Consideró que entre estos factores uno de los que posiblemente más nos toque es el “populismo”, fenómeno que es independiente de la orientación política. “El economista Martin Lousteau lo define como la subordinación permanente del largo plazo, al corto plazo. La inversión (extranjera) directa, a diferencia de la especulativa, se caracteriza por el ánimo de permanencia. Esto es el largo plazo. Si una economía tiene recurrentemente un horizonte temporal de corto, al final esa cuenta se paga, y el inversor eso lo sabe. No estoy diciendo que el Uruguay esté atravesando un proceso de esta naturaleza, pero discusiones públicas recientes como el llamado tema de los cincuentones o la ley de vivienda sin fuente de financiamiento son síntomas de cómo el largo plazo puede verse desplazado del análisis”, evalúa.
Ocurre que también está de por medio el factor Mercosur, porque mientras por un lado Uruguay ha tratado de mostrarse como una economía abierta “pertenecemos a una unión aduanera que se ha caracterizado por lo contrario. El Mercosur como bloque es proteccionista. Y esto es particularmente sensible en Uruguay, que carece de mercado interno de relevancia. La inmensa mayoría de las inversiones tendrán inevitablemente el interés de colocar lo producido en el exterior. Hoy más del 60% del comercio internacional se realiza entre grupos vinculados formando cadenas globales o regionales. Pero para ello se necesita fluidez y eficiencia aduanera. Entonces como país debemos facilitar esos flujos comerciales, y sobre todo hacerlos eficientes”, reflexiona.
Pero, acotamos, con ser estos elementos de recibo, no puede soslayarse que más allá de estos aspectos, las limitantes estructurales son las que más condicionan el interés de los capitales por invertir en el Uruguay, porque otros países también implementan sus propios paquetes de incentivos y por lo tanto el presunto elemento diferencial termina desapareciendo, pero seguimos siendo el más chiquito del bloque.
Y a estos elementos estructurales, sumamos políticas de gobierno que en búsqueda de estabilidad interna, llámese sobre todo el control de la inflación, no ha priorizado el incremento de la oferta de bienes y servicios con mayor productividad y baja de costos. Por el contrario, lo que ha hecho es seguir incrementando el costo país, los enormes costos de producción y salariales, medidos en pesos y en dólares, y este aspecto es crucial cuando cualquier inversor, tanto del exterior como de dentro de fronteras, evalúa los pro y los contra de una decisión empresarial. Pero tampoco se ha analizado en profundidad el impacto en las decisiones de los inversores de la “inclusión financiera”, excusa por la cual el Estado se entromete en la economía de las empresas hasta ser un socio más, y el avance del sindicalismo y la negociación colectiva, que agregan otro sillón en el directorio de las empresas, con capacidad extorsiva. Aunque tanto el Gobierno como las fuerzas sindicales lo nieguen y griten a los cuatro vientos que eso es mentira, la realidad termina dando su veredicto, por aquello que tanto se repitió durante la campaña electoral estadounidense de 1992: “¡Es la economía, estúpido!”
Lógicamente el inversor buscará su rentabilidad por el riesgo operativo asumido donde los “costos país” juegan un rol decisivo. Y es aquí donde surge el mayor escollo, no solo para captar nuevas inversiones, sino para mantener las fuentes de trabajo existentes, en las que día a día se suman las empresas que tienen números en rojo, sin que desde el gobierno se acuse recibo de este escenario y se sigue con piloto automático en medio de la tormenta.
Aquellos “piratas” que ahora son tabla de salvación
