El régimen democrático y republicano reconocido por nuestra Constitución Nacional tiene uno de sus pilares fundamentales en la separación de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en los controles a los cuales se encuentran sometidos cada uno de ellos. Si bien los orígenes de esta división se remontan a pensadores como Aristóteles, la construcción moderna de este concepto base de la vida democrática es fruto del pensamiento de Locke y sobre todo de Montesquieu. En nuestro país, las normas constitucionales prevén diversos mecanismos de control del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo, como por ejemplo el pedido de informes, el llamado a Sala de los ministros, el nombramiento de comisiones parlamentarias, con fines de fiscalización sobre el funcionamiento de la Administración o a fin de recabar datos para mejorar la legislación, las declaraciones formuladas por las cámaras y la censura de los ministros, entre otros. En efecto, de acuerdo con lo previsto por el artículo 119 de la Constitución Nacional, tanto la Cámara de Senadores como de Representantes tiene la facultad, por resolución de un tercio devotos del total de sus componentes, de hacer venir a Sala a los ministros de Estado para pedirles y recibir los informes que estime convenientes, ya sea con fines legislativos, de inspección o de fiscalización y sin perjuicio del mecanismo de censura previsto por el texto constitucional.
En el marco de ese derecho consagrado constitucionalmente, y que tanto molesta al Gobierno nacional y al oficialismo frenteamplista, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, concurrió al Parlamento para ser interpelado por el senador colorado Pedro Bordaberry. Durante la interpelación, Bonomi realizó una intervención que fue formulada de tal manera que parecía que renunciaba a su cargo, pero que finalmente resultó un engaño para atacar al legislador que cometió el “atrevimiento” de interpelarlo, sin importar que se tratase de un derecho de cualquiera de los legisladores que componen ese poder del Estado. La ocurrencia de mal gusto de Bonomi fue festejada por todo lo alto no sólo por el resto de los legisladores frenteamplistas presentes en sala, sino también por las redes sociales, sin advertir la gravedad en la cual había incurrido quien debería ser un ejemplo de tolerancia y respeto a las minorías parlamentarias. Para los seguidores del Gobierno se trató de un amague exitoso y original, que guardaba plena relación con la definición que de esa palabra hace el diccionario de la Real Academia Española: “indicio o señal de algo que finalmente no llega a suceder”.
La actitud de Bonomi representa una falta de respeto no sólo para el senador interpelante, a quien entre otras cosas se le despreció por pertenecer a un partido con escaso electorado, sino también al resto de los legisladores presentes y al sistema democrático en su conjunto. Integrante de un Gobierno nacional que no permite las críticas y que trata de amordazar cualquier opinión contraria a los cantos de sirena que se emiten desde la Torre Ejecutiva, Bonomi despreció una vez más a las minorías por el sólo hecho de serlo. Minorías que al fin y al cabo no lo son tanto, porque en votos, la oposición sumada es apenas un poco menos que el oficialismo. Resultó curioso asimismo que una persona que en el pasado empuñó las armas convencido de que la violencia era la forma para acceder al poder haya proclamado que se comenzaba a cerrar un ciclo donde se deja la descalificación por encima de los argumentos. ¿Qué mayor descalificación de un semejante puede existir que asesinarlo por la espalda o violar sus derechos humanos, prácticas corrientes desarrolladas por el Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) al cual pertenecía en aquellos años de violencia irracional y fratricida el ministro Bonomi? Es importante tener en cuenta que en el año 2000, en declaraciones formuladas al semanario “Búsqueda” el General Líber Seregni fue claro y contundente al expresar que las violaciones de los derechos humanos cometidas por los militares, amparados en la impunidad del Estado, se encontraban en el mismo nivel a las cometidas por el MLN, que mantuvo cautivas en la llamada “Cárcel del Pueblo” a diversas figuras políticas, empresariales o diplomáticas de la época como Ulyses Pereyra Reverbel, Ricardo Ferrés, Carlos Frick Davie y el Embajador Británico Geoffrey Jackson, entre otros.
El amague de Bonomi agravia, asimismo, a los ciudadanos que votaron por los legisladores que integran el Parlamento, ya que deja entrever una filosofía de neto corte antidemocrático: el Frente Amplio no va a permitir que las figuras del oficialismo sean criticadas ni cuestionadas, como tampoco se permitirá que se hagan conocer opiniones disidentes con la versión oficial color de rosa emanada de las altas esferas del poder. En esta embestida contra quienes no comparten sus ideas (la otra mitad del país, le duela a quien le duela) el Gobierno Nacional ha utilizado todo el aparato estatal disponible tal como sucedió en los ataques desde Presidencia de la República contra el colono que discutió con el Presidente Tabaré Vázquez, contra el padre que fue rechazado junto a su hijo por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), contra la organización de la última edición del evento denominado “Expoactiva” o contra los obispos de la Iglesia Católica por el documento difundido recientemente que denunciaba la fragmentación social de nuestro país.
Cualquier medio es bueno para presionar y atacar a los que no se doblegan frente al gobierno del Frente Amplio y tienen el atrevimiento de intentar ejercer su derecho a expresarse libremente. Hoy por hoy quien tenga una opinión diferente del gobierno y quiera expresarla tiene que estar preparado para que difundan sus datos personales a través de la prensa (en clara violación a normas nacionales e internacionales en vigencia) como forma de intimidarlo.
Algo que si cualquier medio osa hace por su cuenta contra cualquier otro ciudadanos –así sea el peor de los delincuentes–, será castigado con todo el peso de la ley, tanto en lo penal como en la órbita civil. A este ritmo, tal vez en pocos meses el gobierno comience a practicar, como sucedió en Argentina durante el kirchnerismo, una política de “aprietes” a través de inspecciones de organismos recaudadores como la Dirección General Impositiva o el Banco de Previsión Social a quienes no piensen como el gobierno frenteamplista, con la clara finalidad política de acallar sus opiniones.
La vida de las personas está marcada por sus acciones en los diversos ámbitos en los cuales desarrollan sus actividades. En el año 1972, cuando habían transcurrido apenas treinta y seis horas de ser liberado tras 288 días en la prisión tupamara, el empresario Ricardo Ferrés se reintegró a trabajar en la empresa sanducera Azucarlito. Durante su reclusión, Ferrés fue sometido a condiciones inhumanas de confinamiento y uno de sus hijos falleció en un accidente automovilístico, a pesar de lo cual siempre manifestó que tenía no odio ni rencor contra sus secuestradores.
El ministro Bonomi, por su parte, quien fuera integrante de la organización guerrillera que secuestró a Ferrés, sigue cultivando la misma intolerancia y el mismo desprecio por el que piensa diferente. Su actitud antidemocrática no es tan sólo un amague, sino que se trata de un hecho consumado, tal como lo fue el asesinato por la espalda del policía Rodolfo Leoncino el 27 de junio de 1972, en una parada de ómnibus, hecho por el cual el propio Bonomi se declaró “políticamente responsable” en el año 2009.
El amague del ministro Bonomi
