(EL PAIS)
En 2006, el actual diputado del MPP, Daniel Placeres, era edil e integraba la dirección de la empresa Envidrio, que había firmado un contrato con la Intendencia de Montevideo para instalarse en el Parque Tecnológico Industrial (PTI) del Cerro. En una presentación de la empresa, figuraba en un certificado notarial que Placeres la integraba.
Dos años más tarde, una comisión de la Junta de Montevideo trató el tema y un informe de la IMM concluyó que ambos cargos eran incompatibles. A fines de 2006, un nuevo certificado notarial expresó que Placeres no integraba la empresa y no recibía sueldo. El hecho no generó consecuencias políticas ni penales para el entonces edil.
El presumario judicial cuya reserva se levantó en los últimos días –al que tuvo acceso El País– revela que Placeres entregó un escrito con respuestas a las preguntas del fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco y del abogado Enrique Moller, representante de dos diputados y un exlegislador que denunciaron ante la Justicia eventuales irregularidades en la concesión de préstamos por el Fondes entre 2012 y 2014 a cooperativas. Los préstamos alcanzaron los U$S 54 millones. La mayoría no fue devuelta.
En un escrito presentado el 6 de noviembre del año pasado, Placeres declaró: “Desde los inicios de Envidrio en el año 2005, hasta que renuncié para ser diputado, mi relación con esa firma fue como Presidente Honorario de la Asociación Civil 21 de Abril (Envidrio). Envidrio es un nombre de fantasía, la sociedad es Ebigold S.A. y la Asociación Civil 21 de Abril posee el 100% de la acciones de Ebigold S.A.”, agregó Placeres.
Consultado sobre los préstamos recibidos del Fondes, Placeres dijo que Envidrio recibió distintas partidas de esa entidad pública que totalizaron U$S 11,5 millones y se estableció un cronograma de pagos y garantías. “Envidrio tiene garantías parciales sobre el crédito otorgado. Se están cerrando las garantías finales. (Envidrio) no cumplió con los pagos aún, debido a que el dinero fue solicitado para hacer una nueva planta, la cual está en vías de inauguración”, expresó Placeres. Enseguida agregó que, en ese marco, Envidrio solicitó al Fondes reperfilar la deuda. El 20 de febrero pasado, el abogado Enrique Moller, representante legal de los diputados denunciantes, Rodrigo Goñi y Jaime Trobo (Partido Nacional) y del exlegislador independiente Gonzalo Mujica, solicitó a la Justicia que intime al Fondes a que entregue documentación sobre los préstamos otorgados a Alas U (U$S 11,2 millones) y a Envidrio (U$S 11,5 millones).
A pedido del fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) deberá pronunciarse sobre si en el préstamo otorgado por el Fondo de Desarrollo (Fondes) a Alas U y a Envidrio se observaron “las pautas” y “criterios” establecidos por la normativa vigente.
FA BUSCA SANCIONAR LEYES PARA VIVIENDAS
(EL PAIS)
Después de la aprobación en Diputados del proyecto de vivienda popular, promovido por Unidad Popular, el Frente Amplio apuesta a acelerar la aprobación de una serie de leyes para resolver la situación de deudores del Banco Hipotecario (BHU) y regular el valor de las viviendas de interés social.
El tema se volvió una prioridad para el oficialismo, después de que con el voto del diputado Darío Pérez (Liga Federal) se sancionara la iniciativa redactada por el legislador de Unidad Popular Eduardo Rubio. Ahora, la coalición instalará una comisión interna –integrada por parlamentarios y el Ministerio de Economía– que buscará recursos para destinar al área en la próxima Rendición de Cuentas del Ejecutivo. En el paquete de leyes que se pretende aprobar están: la solución para 23.000 deudores del BHU, la norma que habilita al Estado a disponer de inmuebles abandonados, la ley que regula el precio de los alquileres y también el valor de los inmuebles que a partir de ahora se incluyan dentro del programa denominado de vivienda de interés social.
Los legisladores que plantearon su preocupación por el tema fueron los diputados del interior del Movimiento de Participación Popular. En una nota firmada por Manuela Mutti, Carlos Rodríguez (Florida), Walter De León (San José), Martín Tierno (Durazno), Cecilia Bottino (Paysandú), Javier Umpiérrez (Lavalleja), Mercedes Santalla (Colonia) y Alfredo Fratti (Cerro Largo) se solicitaba habilitar el diálogo para alcanzar una solución para los deudores del BHU.
RÉCORD HISTÓRICO DE ASESINATOS
(TELENOCHE)
El mes de marzo será recordado por ser uno de los más violentos, ya que nunca antes tantas personas fueron asesinadas en un mes en Uruguay. Sin contemplar las muertes violentas registradas ayer sábado 31, hasta el 30 de marzo se contabilizó un total de 37 homicidios. Un total de 20 de los incidentes violentos que tuvieron resultados fatales se dieron en Montevideo y los otros 17 en el Interior, según los datos publicados por el diario El País. De esos 17, seis se registraron en Canelones, cuatro en Salto, dos en Maldonado, dos en Paysandú, dos en Rocha y uno en Cerro Largo.
En Montevideo, tres asesinatos fueron en el barrio Nuevo París, cuatro en el Cerro y Cerro Norte y dos en Sayago y Casavalle. Además, cuatro de las muertes fueron femicidios y en dos de los casos (en Quebracho y Salto) además de la mujer asesinada también fueron ultimados dos efectivos policiales que acudieron a repeler la agresión o que, en el caso de Salto, estaban custodiando a la víctima.
LEY NO SE CUMPLE POR FALTA DE CONTROLES
(180.COM.UY)
Uruguay tiene un marco legal de avanzada en cuanto a la Resucitación Cardíaca Básica y la desfibrilación pero que no se cumple por falta de sanciones. Desfibriladores mal distribuidos y falta de capacitación son los dos principales problemas, según los especialistas Gaspar Reboredo y Martín López.
La ley 18.360 de Acceso Público a la Desfibrilación y su decreto reglamentario (del año 2009) obligan a que haya un desfibrilador en todo lugar por donde pasen más de 1.000 personas mayores de 30 años por día. Un entrenamiento en Resucitación Cardíaca Básica puede ayudar en los paros cardiorrespiratorios que en el 80% de los casos ocurren lejos de un centro de asistencia. Además, en 9 de cada 10 casos, la persona que puede prestar asistencia (“primer respondedor”) no es personal de la salud. En Uruguay hay un promedio de 10 paros cardíacos por día.
Gaspar Reboredo, presidente del Consejo Nacional de Resucitación y licenciado en enfermería, dijo en el programa “No toquen nada” de Del Sol FM, que “en los lugares donde alguien tiene un paro y hay gente entrenada y un desfibrilador, recupera la circulación espontánea antes de que llegue la ambulancia en un 65% de los casos”.
“Uruguay es el único país del tercer mundo que tiene una ley de acceso público a la desfibrilación, nos pone a la altura del primer mundo”, dijo Reboredo. Y recordó una reunión en Praga sobre resucitación, donde todos los representantes anglosajones y nórdicos elogiaban la ley uruguaya hasta que el delegado argentino les dio un baño de realidad: “la ley que tienen los hermanos uruguayos es una porquería porque no impone sanciones a quien no la cumple”.
