(PRESIDENCIA – EL PAÍS)
Con la presencia de la ministra de Industria, Carolina Cosse, el directorio de Ancap compartió los resultados del ejercicio 2017, que muestran ingresos netos de 39 millones de dólares, 6,9 % más que en 2016. La presidenta del ente petrolero, Marta Jara, señaló que el compromiso para este año es reducir en 25 millones de dólares los gastos de gestión en la paramétrica de combustibles.
Por línea de negocio los resultados operativos del año pasado mantuvieron las tendencias de 2016, con combustibles y lubricantes que muestran números positivos, en contrapartida al gas natural y el cemento portland que mantuvieron resultados negativos. El balance operativo total es de 2.059 millones de pesos, destaca la fuerte reducción de las pérdidas de gas natural en 25%, con respecto a 2016 y en el portland cerca del 50% con respecto al mismo período. Con respecto a la paramétrica de combustibles, la empresa se comprometió para este año a reducir en 25 millones de dólares los gastos gestionables (entre costo de venta y precio en el surtidor), con respecto a 2017, explicó Jara. “Si miramos el portafolio de la empresa, vemos una alineación en las áreas estratégicas, porque creemos que Ancap tiene una ventaja competitiva donde puede ser un motor para toda la economía”, sostuvo. Jara mencionó los distintos comportamientos de las subsidiarias, y resaltó el papel clave que desempeña Ducsa, “empresa emblemática que es la que nos acerca a todos los clientes del país”. Por su parte, la ministra Cosse, al igual que el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, reconocieron el trabajo del directorio, que presenta los estados económicos de la empresa semestralmente demostrando transparencia y seriedad que se traducen en resultados cada vez más positivos.
La presentación del balance se suspendió por unos minutos ante una intervención del sindicato de Ancap en reclamo por la privatización de un servicio portuario. En noviembre del año pasado, Ancap llamó a licitación para contratar una empresa naviera que brinde el servicio completo de fletes de combustibles automotrices (gasolinas y gasoil) desde la refinería de La Teja a los centros de distribución de Juan Lacaze (Colonia) y Paysandú. Esto puso en alerta al sindicato de la empresa pública que denuncia que está en marcha una privatización. La ministra de Industria, Carolina Cosse, se trasladó hacia donde estaban los manifestantes y se comprometió a recibirlos para escuchar sus planteos. Después de esto continuó la presentación.
INDDHH POR DERECHOS DEL COLONO
(EL PAIS)
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) consideró “no adecuada” la difusión de información de carácter público de un colono y opinó que “podría causar efectos inhibitorios al pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión e información y el derecho a la protesta pacífica”.
La resolución se realiza luego de que Presidencia publicara información sobre Gabriel Arrieta, el colono que llamó “mentiroso” al presidente Tabaré Vázquez tras una reunión celebrada en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). “Dicha conducta constituye un apartamiento por parte del Estado uruguayo de sus obligaciones de defensa, promoción y protección del derecho a la libertad de expresión”.
La Inddhh recomendó a Presidencia que retire “de inmediato de su página web el comunicado” y que publique en su página web la resolución tomada por la Institución. Presidencia había publicado el 20 de febrero que Arriera “desde 2008 tiene deudas con el INC, no ha pagado nunca por el uso de la tierra del Estado”.
“Fue denunciado por productores. Desde 2013 se inició el proceso de entrega de la tierra, estando ahora en el proceso judicial correspondiente”. El abogado Gustavo Salle había dicho a El País que más allá de los términos judiciales “acá lo importante es el hecho político y Arrieta va 4 y Vázquez 0 porque muestra que el Estado se maneja con venganza e intimidación cuando alguien enfrenta al presidente”.
MERCADO DE TRABAJO “NO SE RECUPERA”
(TELENOCHE)
El Director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa del IEEM, Ignacio Munyo, sostuvo que el mercado de trabajo en Uruguay “no se recupera” y advirtió por la suba de salarios por encima de la productividad.
Durante una disertación en un desayuno de trabajo organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), el economista sostuvo que desde 2014 se perdieron 41.000 puestos de trabajo por desfasaje entre el aumento de salarios y el crecimiento de la actividad productiva. “El salario ha crecido mucho más que la actividad productiva en los últimos años, y en un contexto de baja productividad y automatización de tareas deja un combo complejo para el aumento del empleo, esa es la realidad”, sostuvo. En ese sentido afirmó que se pueden incorporar mayores flexibilizaciones para los consejos de salarios que, si bien no están en discusión, se deberían revisar las categorías acordadas porque en su mayoría no se cumplen.
BANCOS SON “SEGUIDORES” DE INCLUSIÓN FINANCIERA
(180.COM.UY)
La ley de inclusión financiera se aprobó en abril de 2014 y luego tuvo varias reglamentaciones para su implementación. El coordinador de esta unidad en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Martín Vallcorba dijo en el programa No Toquen Nada por DelSol FM, que los bancos han invertido a raíz de las exigencias que les impuso la ley y reconoció que también ganaron. “Las instituciones que brindan este servicio no son de beneficencia, por lo tanto, desarrollan su actividad como cualquier otra actividad comercial porque hay una búsqueda de obtener un beneficio. La oportunidad está. Lo que hay que distinguir es entre recibir un beneficio razonable y beneficios extraordinarios, ahí es donde es parte de las políticas públicas encontrar mecanismos para que no sean rentas extraordinarias amparados en las políticas públicas”, explicó Vallcorba. En abril se incorporó el trabajo doméstico a la obligación del pago de salarios a través de una cuenta bancaria u otro instrumentos de dinero electrónico, el último gran hito en este sentido, según el coordinador del MEF.
Vallcorba también se refirió a los cuestionamientos de la oposición en el Parlamento con respecto a que los bancos son quienes impulsan esta ley, y dijo que no es así. “Todas las instituciones que querían participar de este mercado se tuvieron que sumar, no porque quisieran dar los servicios de forma gratuita a todo el mundo, no tenían otra alternativa porque la ley así lo estableció. Los bancos no están impulsando este proceso, son seguidores, se adaptan, reaccionan para no quedar por fuera, que la ola no les pase y que no haya otros actores”, afirmó. En diciembre de 2017 se anunció la última rebaja de los aranceles. Esto es un porcentaje de dinero que se les cobra a los comerciantes cada vez que se usa la tarjeta como medio de pago. Para tarjeta de débito bajó de 2,2% a 1,5%, al tiempo que para tarjeta de crédito pasó a ser de 4%.