Lamento nicaragüense

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que lleva casi 12 años en el cargo, se enfrenta al mayor desafío de su mandato. Su proyecto de reformar el sistema de pensiones, que en la práctica significa bajarlas, ha provocado una ola de protestas. La violencia desatada dejó en evidencia a un gobierno, un Estado, que hace agua por varios flancos, al igual que cualquier otro gobierno populista. A la espera de un diálogo nacional, se multiplican en el país las denuncias de actos violentos y represión que dejaron 34 muertos en los últimos días.
A pesar del anuncio de Ortega de que abandona ese proyecto de reformar las pensiones, las marchas continúan; lo que piden ahora los manifestantes es la renuncia de Ortega. El presidente y su partido, el Frente Sandinista, ganaron las elecciones de 2016 en medio de una gran controversia. Primero, la oposición denunció que Ortega no se podía presentar, porque ya había cumplido dos mandatos, y luego aseguró que hubo fraude electoral, aunque eso no fue confirmado por los observadores internacionales.
El problema para Ortega es que ya no es aquel joven guerrillero que participó en el derrocamiento del dictador Somoza en 1979; ni tampoco el Frente Sandinista tiene la pureza de entonces, lo que ha provocado que muchos sandinistas de la primera hora le dieran la espalda. La corrupción se ha extendido en Nicaragua y la familia Ortega acapara demasiado poder: Rosario Murillo, la esposa de Daniel, es la vicepresidenta del país. A Ortega también le perjudica la situación de Venezuela, su principal aliado. Su colega Nicolás Maduro lo respalda totalmente, pero ya no puede venderle el petróleo a precios bajos como hacía hasta ahora.
La directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, aseguró que el gobierno incurrió en “una violación masiva de derechos humanos” durante las recientes protestas, incluyendo la muerte y tortura de jóvenes para desalentar su movilización.
“Es una grave violación masiva de derechos humanos que se está dando en Nicaragua”, con pérdidas de vidas, torturas a detenidos, agresión a periodistas, cierre de medios de comunicación y daños a la propiedad, dijo Núñez. También jóvenes que fueron encarcelados durante las protestas relataron que sufrieron palizas a manos de supuestos oficiales de policía. “Fuimos torturados, como nunca en mi vida había sido golpeado (…) Entre más llorábamos más nos golpeaban”, denunció uno de ellos, Gilbert Altamirano.
En cuanto al diálogo convocado por Ortega, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, dijo que aceptaba servir de “mediador y testigo”, pero insistió a que el gobierno “evite todo acto de violencia”. Ortega y su vicepresidenta agradecieron a Brenes y la Conferencia Episcopal por aceptar participar. El empresario José Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), comentó que las condiciones son ahora favorables para conversar.
“Nosotros habíamos señalado como condiciones para sentarnos que haya libertad de expresión, libertad de movilización, libertad de presos (…) Eso se ha dado, ahora estamos esperando que la Conferencia Episcopal tome la decisión” de convocar el diálogo, dijo.
Otro requisito del Cosep para participar en las conversaciones era la revocación de la polémica reforma del sistema de pensiones, que aumentaba los aportes obreros y patronales para salvarlo de la quiebra, algo que Ortega hizo el domingo.
Esa reforma al sistema de pensiones que administra el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) había sido firmada el 16 de abril y publicada en el diario oficial dos días después. Ese mismo día estallaron las manifestaciones. “Son medidas sumamente importantes para asegurar la confianza, la estabilidad y bienestar” del país, afirmó la vicepresidenta y portavoz oficial, Rosario Murillo, al justificar la medida el día de su firma. Las medidas buscan “mejorar el balance financiero del sistema de pensiones” para enfrentar un déficit de más de U$S 76 millones, explicó entonces el INSS.
La reforma preveía aumentar de 19% a 21% el aporte patronal al régimen de seguridad integral, que abarca invalidez, vejez, muerte, enfermedad y maternidad. Posteriormente tendría aumentos graduales hasta alcanzar 22,5% en 2020. Las cotizaciones de los trabajadores se habrían incrementado de 6,25% a 7% sobre el salario mensual, mientras que la cuota del Estado aumentaba de 0,25% a 1,25%.
El INSS también debía deducir a los jubilados 5% de su pensión para cubrir su atención médica. La vicepresidenta dijo que la edad de jubilación se mantendría en 60 años, y en 750 las semanas de cotización.
A esta iniciativa, que significaba reducir las pensiones, según los estudiantes –puntales en las protestas– que iniciaron las manifestaciones el 18 de abril, el INSS ha sido saqueado por el gobierno del presidente Ortega, que lo ha usado para financiar todo tipo de gastos, incluso personales. Datos oficiales indican que el instituto mantenía hasta 2007 un superávit de más de 32,6 millones de dólares al cambio actual, cifra que se convirtió en un déficit de más de 76 millones de dólares a la fecha.
“Ese dinero se ha desviado en corrupción, han financiado fiestas, viajes y hoy día el seguro no tiene capacidad ni de comprar medicamentos”, dijo el estudiante Clifford Ramírez, de la Universidad Tomás Moro. A su juicio, la reforma busca que la población contribuya a “recuperar el dinero desviado”. En todo, Nicaragua vuelve a demostrar que es otro caso fallido, como el venezolano.