Apenas la ley número 19.553 “Riego con destino agrario” fue aprobada, en octubre del año pasado, el sindicato de OSE puso en marcha la campaña para su derogación, señalando que el texto es inconstitucional –promueve la privatización de un recurso que se declaró bien público estatal– y además pone en riesgo ambiental a las cuencas del país.
En el marco de esta campaña estuvieron en Paysandú ofreciendo una charla sobre los efectos de la norma, que contó con el aporte de Ricardo Hladki, investigador de la Universidad de la República.
El presidente del sindicato Ffose, Gustavo Ricci, dijo a EL TELEGRAFO que entienden que la ley “es perjudicial, es una muy mala ley del gobierno, y nos queda el camino de repetir lo que sucedió en el año 2004, cuando la población en su amplia mayoría aprobó la reforma constitucional del agua, y estableció criterios claros, en su artículo 47, que determinan cómo se debe gestionar el agua. Nosotros entendemos que esta ley de riego viola, violenta claramente esos criterios y es por eso que estamos en la campaña”.
El directivo agregó que la Constitución de la República dispone, a partir de esa reforma, “que las aguas superficiales y las aguas subterráneas son de dominio público estatal. Lo dice claramente”.
Ricci señaló que también está previsto en la Constitución que “para gestionar el recurso hídrico, para planificarlo y para controlarlo se le debe dar participación a la sociedad civil, y el Parlamento vota esta ley, que en definitiva también es una forma de gestionar el recurso hídrico y nunca consultó a la sociedad civil”. Esto a pesar de contar con los ámbitos como los comités de cuenca y de los comités regionales.
El tercer “pilar” en el que se fundamenta la oposición del sindicato es que “esta ley de riego lo que permite es la gestión del recurso agua exclusivamente en manos de privados, a través de las sociedades y asociaciones agrarias de riego”, planteó.
PRIVATIZACIÓN
El sindicato sostiene que mediante este texto –aún pendiente de reglamentación– “se generan instrumentos que permiten un uso mercantilizado del agua. Por ejemplo: la ley de riego anterior prohibía cortar el agua a productores para riego, esta ley de riego permite a los privados, a los que gestionan el agua, cortarle el suministro a los productores si los productores no pagan por el agua que reciben”, advirtió Ricci.
Además indican que el texto también permite captar –genera condiciones favorables para ello– inversiones procedentes de personas (físicas o jurídicas) nacionales o extranjeras que no estén vinculadas al rubro agropecuario.
“Es decir, puede venir cualquier inversor, de cualquier rubro, de cualquier palo e invierte en el negocio del agua. Son cuestiones básicas que a nosotros nos lleva claramente a decir que esta es una muy mala ley y por eso hay que hacer la campaña para derogarla”, enfatizó el sindicalista.
El secretario general de Ffose, Robert Arias, la definió como “una ley que lo único que busca es captar inversión”. En este sentido observó que “no es solo una mala ley, sino que modifica otra ley, que es la conocida como de Participación Pública Privada (PPP), donde el agua nunca estuvo presente; esta ley agrega en uno de sus capítulos los reservorios de agua para riego”, como una inversión pasible de ser realizada mediante este instrumento. Arias insistió en que el único propósito es captar inversión, solo que “ahora cambiaron el discurso, no venden agua, venden ‘gestión’”, señaló.
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