El líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, aseguró a EL TELEGRAFO que solamente faltan detalles de redacción del proyecto para comenzar con una campaña que pretenderá reunir las firmas del 10% del padrón electoral, a efectos de promover una reforma constitucional que permita adoptar medidas, que entiende necesarias para afrontar los problemas de seguridad del país.
“Vamos a salir a juntar firmas para hacer una reforma constitucional, porque o hay reforma constitucional o va a ser muy difícil cambiar la realidad que hoy tenemos, con 300 homicidios por año, de los cuales el 50% no se esclarece, 20.000 rapiñas, donde hay 5.000, 6.000 o 7.000 rapiñas que no se denuncian y donde todos los días pasa algo”, dijo.
El nacionalista afirmó que “la gente está mal, está muy mal. Cómo no va a estar mal con lo que está pasando con el tema de los femicidios, con el tema de muertes, que son una cosa increíble. A un productor avícola, en Canelones, lo coparon y lo mataron; el botija del golf, el otro muchacho que había comprado las tijeras y al otro día estaba por abrir una peluquería. Nos estamos acostumbrando a eso”.
Larrañaga dijo que ya durante la última interpelación al ministro de Interior, Eduardo Bonomi, fue señalado como demagogo por esta iniciativa. “¿Es demagógico pretender que los delincuentes cumplan la integridad de la pena que le ponen los jueces, sin beneficiarse de libertad anticipada o de cualquier otro instrumento liberatorio de la pena?”, se preguntó.
El dirigente aseguró que la pena que propone, de reclusión permanente, revisable, para “los que violan, abusan y matan a niños, niñas y adolescentes, conjuntamente con los que cometen el delito de sicariato o múltiples homicidios”, es compatible con los derechos humanos, “porque incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró, frente a distintas apelaciones de fallos, que es compatible con la dignidad humana, porque tiene una razonable expectativa de liberación”. En contrapartida, preguntó si “¿vamos a liberar tipos que no son rehabilitables?” y planteó que mientras “es posible que la Prefectura cumpla funciones de policía en la franja costera o que el Poder Ejecutivo remita un proyecto de ley, donde los militares pueden cumplir funciones de policía a 20 kilómetros de la frontera, no lo pueden hacer en el barrio Norte, en Casabó”.
SAGRADO
En función de estos factores, insistió en que la reforma pretende instalar un nuevo orden, “una nueva concepción en materia de seguridad, que ahora quizás estamos analizando que pueda haber, con autorización de juez competente, la posibilidad de allanamientos nocturnos, cuando en el hogar se sepa o se tenga certeza de que hay operaciones delictivas”, dijo.
Hoy en día, la Constitución no permite a la fuerza pública ingresar por la noche a una vivienda, aun con orden de un juez, sin la autorización del jefe de familia. “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y de día, solo con orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”, dispone el artículo 11 de la Constitución de la República. “¿Cómo combatís el narcotráfico si no permitís con orden judicial el allanamiento de casas que todo el mundo sabe que se utilizan para cometer delitos?”, se preguntó.
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