Impunidad para uso discrecional del dinero de todos los uruguayos

Si bien desde el punto de vista jurídico el dictamen del fiscal en crimen organizado Luis Pacheco, en el sentido de no encontrar elementos legales para procesar al expresidente de ALUR y actual senador Leonardo de León tiene fundamentos atendibles –hay más de una biblioteca al respecto– las razones que argumenta el fiscal para tomar esta decisión paradójicamente son lapidarias para el exjerarca, y se pone a la vez la vara de medir la corrupción en un siguiente escalón para el sistema político y directamente en el Frente Amplio, fuerza a la que pertenece el cuestionado.
El proceso en la Justicia se inició a partir de una denuncia del líder del Partido Independiente, senador Pablo Mieres, en lo que consideró mal uso de la tarjeta corporativa en ALUR, una empresa paraestatal perteneciente a Ancap que funciona dentro del derecho privado, y por lo tanto sostenida por el dinero que aportamos compulsivamente todos los uruguayos a través de impuestos y tarifas públicas monopólicas.
Según el dictamen del fiscal, el entonces director y luego presidente de ALUR, Leonardo de León, hizo un “uso discrecional de tarjetas corporativas” de la empresa en el país y en el exterior, “por sumas significativas y sin rendir cuentas” y “no es razonable” que la necesidad de incurrir en gastos de representación “se verificara en la cantidad de situaciones en las que quedó acreditado el uso de las tarjetas (151)” ni “tampoco es razonable que en algunos casos se usara la tarjeta con la finalidad de cubrir gastos de alojamiento, pues se supone que tales gastos se hallaban cubiertos por los viáticos recibidos”.
Pero aún así, Pacheco resolvió archivar el caso porque “le faltaron elementos” para poder procesar a De León, dijo en una entrevista concedida a El País el fiscal especializado de Crimen Organizado, quien advirtió que si bien los ejemplos demuestran “un uso claramente indebido de la tarjeta” de ALUR, los principios de lesividad y de intervención mínima del Derecho Penal y la relativamente escasa entidad de tales gastos, conducen a la Fiscalía a no requerir el inicio de un proceso penal y a no formular requisitoria por presuntos delitos de apropiación indebida.
Según el fiscal, párrafo aparte merecen algunas situaciones puntuales examinadas, como el gasto de alojamiento en que incurrió el denunciado en el Hotel Santa Cristina, de Durazno, el 30 de octubre de 2013, ya que en este caso el motivo de su presencia en dicha ciudad fue el de asistir a un evento de la “Fundación Propuesta Uruguay 2030”, ajeno por completo a la gestión de ALUR.
Según Pacheco, surgen “serias dudas” respecto de una estadía en el Hotel Alvear de Buenos Aires, el 6 de agosto de 2014, fecha en la que casualmente se lanzaba en Argentina la fórmula presidencial Vázquez-Sendic; un gasto en un restaurante de Cataratas del Iguazú el 5 de abril de 2014, y otros, en los que a juicio de la Fiscalía fueron insuficientes las explicaciones brindadas por el indagado, por cuanto invocó reuniones y acuerdos de cooperación con distintos empresarios, pero no específicamente en las fechas de los gastos.
La Fiscalía concluyó que el entonces director y luego presidente de ALUR hizo un uso discrecional de la tarjeta, y puede decirse –en consonancia con las conclusiones de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)– que incurrió en conductas contrarias “al principio de probidad” en la función pública, por “una despreocupada” administración de dineros que en un 90,79% se trataba de dineros públicos.
Paralelamente, Pacheco solicitó a la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, que cite a De León para indagarlo sobre sus vínculos con un individuo acusado de lavar dinero en España. La Fiscalía entendió, además, que el exgerente de ALUR, Manuel González, no incurrió en delito en el caso de la construcción de la planta de bioetanol en Paysandú.
Hasta aquí, la exposición de los elementos jurídicos, que incluso son discutibles, como tantas cosas en la Justicia, porque hasta se habla de cifras de poca monta, cuando es notorio que hay procesamientos por mucho menos que ese dinero, y si el denunciante apela la decisión del fiscal, que es una alternativa, podrían revisarse conceptos en cuanto a si son pertinentes o no los argumentos expuestos en esta oportunidad por el mismo. Pero desde el punto de vista del comportamiento del exjerarca, es notorio que hizo un uso indebido de los recursos de la empresa, y que solo se ha salvado en esta oportunidad del procesamiento por el hecho de que ALUR funciona dentro del derecho privado y no estatal, con el agregado de que De León no fue denunciado por los actuales directivos de la empresa, pese a los abusos.
El pronunciamiento por lo tanto pasa por vacíos o resquicios legales por un lado, y porque no hay voluntad política de los directivos de hoy por denunciar estas irregularidades, porque como dice el refrén “son bienes de difunto”, y ello va en consonancia con el archiconocido caso de los 100.000 dólares que se pagaron en lugar de los 100.000 pesos que correspondían por ALUR, y que nunca se recuperaron.
Y desde el punto de vista político, ¿qué va a hacer el Frente Amplio, cuando hay connotados dirigentes que han metido la mano en la lata, pese a que el presidente Tabaré Vázquez se comprometió que a quien incurriera en tales prácticas “se la cortamos”? Porque este es un caso claro de ello, aunque sea mediante la tarjeta de crédito de la empresa estatal, en lugar de meterse efectivo en el bolsillo.
La dirigencia de la fuerza de gobierno hasta ahora sigue mirando para otro lado y haciéndose la distraída, sin actuar en consonancia con lo que se ha proclamado, pero sobre todo jugando para la tribuna. Porque en lo que respecta al expresidente de Ancap, Raúl Sendic, con procesamientos por hechos que protagonizó al frente de la empresa pública, nunca se llegó a considerar su caso por el plenario de la coalición de izquierdas, pese al pronunciamiento de su comisión de ética.
Por motivos políticos precisamente, y quedando posiblemente a la expectativa de futuros nombramientos o postulaciones, el propio Sendic renunció a la vicepresidencia y liberó a su partido de pronunciarse sobre su caso, aunque éste pudo haberlo hecho igualmente en forma posterior a su renuncia, y con severidad. No cuesta mucho inferir que en realidad el Frente Amplio eludió siquiera considerar la aplicación de una sanción que iba a ser, cualquiera fuera, muy traumática para el equilibrio interno que intenta preservar contra viento y marea, pese a continuos sacudones, el presidente Tabaré Vázquez.
Pero sobre todo, obviando el aspecto político, nos quedamos con que si se cometen delitos en Ancap, que es empresa estatal, hay sanción en la Justicia, y si se hace lo mismo en una empresa como ALUR, que también es de Ancap y por lo tanto un ente del Estado, pese a que se rija por el derecho privado, hay impunidad. Y resulta muy preocupante, porque el Estado tiene 60 empresas que se rigen bajo derecho privado, por lo que son muchas las posibilidades de meter la mano en la lata y salir ilesos.