Con diferencia de pocas horas se han registrado en el país eventos protagonizados por actores de nuestra comunidad, que tienen el común denominador de hacerse eco, cada uno de distinta manera, de inquietudes y reclamos que reflejan además visiones distintas desde la sociedad respecto a las respuestas que se necesitan para atender los planteos.
Sin dudas representativo de un clamor general es el corte de ruta que más de un millar de personas llevó a cabo en las afueras de la ciudad de Salto, ante una ola de violencia que ha generado episodios sangrientos, incluyendo el asesinato de un comerciante entre el sin fin de delitos contra la propiedad y las personas que se cometen en Salto, como así también en Paysandú y en cada rincón del país en los que la delincuencia se ha incorporado como factor de distorsión de la vida cotidiana, incluso dando paso a una ola de desconfianza del prójimo y miedo para personas que se sienten particularmente vulnerables y lo que es peor, indefensas.
Y precisamente en este sentido en el diálogo de los manifestantes, de vecinos de todo Salto, por encima de simpatías partidarias e ideologías, con el jefe de Policía, el clamor fue que no hay respuestas desde el Estado, desde la Policía, desde la Justicia, desde el Poder Ejecutivo, a la delincuencia y la violencia instalada. “En vez de estar acá, desalojando a los vecinos que reclamamos, la Policía debería estar sacando a los pichis de sus guaridas, porque hacen lo que quieren”, fue el sentimiento expresado por varios de estos ciudadanos, que sin dudas es representativo del sentir de la gran mayoría de los uruguayos, en el lugar y ámbito en el que estén, al llegarse a un estado de cosas que ha hecho desbordar el vaso de la paciencia de los vecinos.
Y desde la fuerza de gobierno se ha percibido –no en forma unánime, lamentablemente– por fin, que en este como en tantos otros reclamos que se suceden desde hace años, no se trata de activistas disfrazados para desestabilizar al gobierno, como suelen decir los defensores a ultranza de “derechos humanos” que no son tales, sino de sobreprotección y explicaciones para el accionar de delincuentes que tienen a la sociedad como su coto de caza.
En fin, el anuncio del presidente Tabaré Vázquez de encabezar personalmente las acciones en materia de seguridad, a partir de la coordinación entre organismos y dependencias que tienen que ver con la problemática, es un indicio de que se ha asumido que los reclamos son auténticos, que no son una chicana política de la oposición. Ha pasado desde entonces mucha agua bajo los puentes, y también corrido mucha sangre y transcurrido situaciones dramáticas, desde la época en que el exministro del Interior José Díaz llevó a cabo su delirante idea de “humanización de las cárceles” y liberó masivamente delincuentes, pasando por la exministra Daisy Tourné que dijo, pretendiendo tomarnos por tontos, que la inseguridad era solo una “sensación térmica” creada por los medios de prensa.
Un segundo episodio al que nos referimos es el congreso de la Federación Rural, el pasado sábado. Con el contundente lema “Desde el Interior por un Uruguay mejor”, la gremial decidió ir más allá del reclamo de mayor competitividad para el campo, y abordar temas de seguridad y educación.
Así, participaron en la actividad representantes de la organización Eduy21, que el pasado 16 de mayo presentó una serie de propuestas para llevar adelante una reforma educativa, así como figuras del sector empresarial y sindical, al tiempo que se contó con la presencia del fiscal de Corte, Jorge Díaz, el senador Pedro Bordaberry, el decano de la Facultad de Derecho y exministro del Interior, Juan Andrés Ramírez, para referirse a la creciente criminalidad en el país.
Durante el panel de seguridad, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que el Ministerio Público está “trabajando fuertemente” en la protección a los testigos para combatir a los grupos criminales. Díaz dijo que ya existe una herramienta legal para realojar a quien pueda ver su vida en riesgo por dar su testimonio, pero que “hasta el momento no se había utilizado” en buena medida porque se necesitan recursos que hoy no están.
Por su parte el exministro del Interior y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Juan Andrés Ramírez, hizo hincapié en la necesidad de crear de una guardia nacional integrada por militares, de la que es impulsor.
El hecho de que desde esta como otras gremiales del agro, e incluyendo al movimiento “Un solo Uruguay”, tengan entre sus inquietudes la problemática de la falta de seguridad, confirma, por si alguien tenía alguna duda –hace pocas horas tuvimos el episodio del robo a un local de pagos en la localidad limítrofe de Algorta– que la inseguridad ha alcanzado ribetes intolerables, aunque sectores radicales de izquierda sigan tratando de minimizar la problemática, y sigan en la tesitura de victimizar a los delincuentes.
Asimismo, las referencias a la necesidad de bajar los costos del agro volvieron a estar presentes este año. El presidente de la Federación Rural (FR), Jorge Riani, afirmó al cierre del evento que el gremialismo rural necesita que de una buena vez el Estado se ajuste el cinturón, que los productores uruguayos tienen un problema de competitividad y que la FR propone que se mantenga un dólar competitivo, considerando el atraso cambiario que existe de un 17%, según lo estimó el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El dirigente afirmó que el pasado 23 de enero de 2018 se registró un hecho que habrá de quedar en la historia, el día que mucha gente sobre todo de tierra adentro “se empoderó” de la situación. Aclaró que no fueron, ni son parte de la organización en referencia a Un solo Uruguay, comentando que la movilización no fue solo de la gente de campo, sino que involucró a todos los sectores de la sociedad, sobre todo del interior del país, que no está pasando por un buen momento.
Un tercer evento al que aludimos es al documento aprobado por el XIII Congreso del Pit Cnt que finalizó este viernes y que plantea la necesidad de aplicar una mayor carga tributaria al sector agropecuario y limitar las exoneraciones que se le otorgan a las empresas.
Entre varias consideraciones, el documento –elaborado por AEBU, Sunca, Untmra y Fuecys y aceptado por el 60% de los delegados que participaron del congreso– solicita que haya una revisión integral de la tributación del agro.
El escrito sostiene que en los últimos años el sector “se ha expandido de manera importante de la mano de la valorización que registraron los productos primarios y que salen de la tierra”.
Tres eventos que aunque parezca que están poco relacionados entre sí, tienen un hilo conductor con clara evidencia de por dónde pasa el eje de algunas de las inquietudes del país real: los ciudadanos desprotegidos reclaman seguridad, y los productores del agro, con su vital aporte a la riqueza nacional, piden menor peso del Estado para poder trabajar con algún margen de rentabilidad y no ser devorados por los números en rojo.
En tanto, los sindicatos obnubilados por la ideología de la lucha de clases, de la doctrina de “los buenos y los malos” solo pretenden que se aplique más impuestos a los “oligarcas” para dejar todo como está y para que siga gastando el Estado, de cuyos sindicatos se nutre fundamentalmente el movimiento sindical, de espaldas a los problemas que vive el país real y sin reparar en que se mata a la gallina de los huevos de oro. Sólo queda desearles suerte en su proyecto de país, y el último que apague la luz.
Tres eventos que marcan el Uruguay de hoy
