Antel brindará apoyo al Sistema Nacional de Cuidados y explorarán servicios basados en las nuevas tecnologías

(ANTEL)
El directorio de Antel y la Secretaría del Sistema Nacional de Cuidados firmaron un convenio para facilitar la incorporación de servicios de telecomunicaciones a la población comprendida en dicho sistema.
La cooperación también supone explorar el desarrollo de servicios innovadores, relacionados al uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el área de los cuidados. Paralelamente, se organizarán actividades conjuntas de difusión para sensibilizar sobre la promoción de la corresponsabilidad social entre Estado, familias, comunidad y mercado, así como para incentivar el desarrollo y uso de las TIC.
La titular de Industria, Carolina Cosse, sostuvo que la concepción de Antel y de su ministerio es que la comunicación esté al servicio de una política de desarrollo integral. En este sentido el acercamiento entre la empresa de telecomunicaciones y el Sistema de Cuidados “es fundamental” para ambas partes, porque “son dos mundos que tienen mucho para hacer juntos en Uruguay” y “tienen todo para ganar”.
Por su parte, el presidente de Antel, Andrés Tolosa, destacó que la empresa intenta apoyar al máximo los proyectos del Estado, con la difusión de sus beneficios a través del envío de SMS, así como también mediante la plataforma de video en línea Vera+ y las redes sociales.
Antel pondrá, además, a disposición sus salas de videoconferencia para desarrollar instancias de capacitación en todo el país, al tiempo que otro de los aportes serán computadoras recicladas por el plan Antel Integra.
“Se dará conexiones a los hogares que no tienen un teléfono fijo, un servicio básico para que el Sistema Nacional de Cuidados tenga comunicación con el hogar”, indicó. La Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, subrayó que las bases de este acuerdo son la cooperación, la solidaridad, el trabajo interinstitucional y la corresponsabilidad, “con el objetivo de llegar a todos y cada uno de nuestros compatriotas”, con el cuidado como un pilar de la protección social.
Finalmente, el Secretario Nacional de Cuidados, Julio Bango, reconoció que crece el uso de las nuevas tecnologías, tal como sucede en el caso de la teleasistencia. “Pero hay otros servicios que se pueden desarrollar y es nuestro interés explorar con Antel nuevas posibilidades”.
CAUSAS JUDICIALESSIN AVANCES
(EFE)
Tras 45 años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura cívico-militar, el 27 de junio de 1973, cientos de causas judiciales e investigaciones están “estancadas” ya que no ha habido una “voluntad política de avanzar en la verdad”, aseguró a Efe la exfiscal Mirtha Guianze.
Se estima que en Uruguay permanecen casi 200 personas desaparecidas. El Observatorio Luz Ibarburu, una organización referente en materia de derechos humanos, calcula que hay más de 300 causas judiciales en curso, de las que solo 13 cuentan con una sentencia. Según narró Guianze, alrededor de 1985 –con la restitución de la democracia– se llevó adelante en el país una política de “tratar de olvidar” y de “destruir” los archivos sobre la dictadura, mientras que en el 2000 hubo un nuevo impulso en materia de investigación con la creación de la Comisión para la Paz, que intentó recabar datos sobre los detenidos y desaparecidos.
Para Guianze, uno de los principales obstáculos que en la actualidad existen se encuentra en el propio Poder Judicial. “El impulso (del 2000) se frenó, porque la mayoría de los juicios están en proceso, pero no se avanza. En este momento, la postura de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por mayoría, es que los delitos han prescrito”, afirmó. Asimismo, explicó que de los cinco ministros que componen el SCJ, tres de ellos consideran que los crímenes de lesa humanidad prescribieron, mientras que los dos restantes piensan lo contrario.
En este sentido, consideró que otro obstáculo para avanzar en la verdad y justicia es que no existe “voluntad de prensa”, ya que –salvo excepciones– “a nivel masivo no se difunden hechos que fueron horrendos y que configuraron terrorismo de Estado”.
MOTÍN DEJA UN MUERTO Y CINCO HERIDOS
(EFE)
Un interno de la cárcel de Canelones murió de un “paro cardiorrespiratorio” y otros cinco resultaron heridos durante una revuelta protagonizada por 17 reclusos, informó el Ministerio del Interior. El fallecido, de 23 años de edad, contaba con siete operaciones al corazón y sufrió un infarto durante el motín. Además, “no contaba con ningún tipo de lesión y fue atendido en primera instancia por los doctores del establecimiento”, según el comunicado.
La Compañía Especial de Operaciones Penitenciarias (CEOP) fue accionada “para reducir a los internos” mientras que personal de la Dirección Nacional de Bomberos se encargó de apagar el incendio provocado por los revoltosos. Luego del incidente, las autoridades incautaron “14 cortes carcelarios y un arma de fabricación casera, aparentemente de plomo, que podría llegar a detonar un proyectil”. Por su parte, la fiscal Alicia Schiappacasse dispuso la autopsia del cuerpo del joven fallecido y el “relevamiento forense para los cinco lesionados leves”. Los 16 internos que participaron del motín fueron trasladados a la “Unidad Nº 4, Santiago Vázquez”.
DENUNCIADA PORDIFAMACIÓN
(EL PAIS)
Familiares del comerciante salteño Néstor De Mattos, asesinado el pasado 25 de mayo en un hecho que aún se mantiene impune, presentaron ante la Justicia una demanda penal por presuntas difamaciones e injurias en contra de la diputada del MPP, Manuela Mutti.
En compañía de su asesor legal, Pablo Perna, tres hijos de la víctima se presentaron ante la sede del Juzgado Penal de 8º Turno para iniciar un juicio contra Mutti, a raíz de sus afirmaciones ante medios de comunicación nacional que vinculaban a De Mattos con el negocio de la venta de estupefacientes. Estas afirmaciones fueron luego desmentidas y tanto la Justicia como la Policía no vinculan a la víctima con el negocio de las drogas sino que lo investiga como una rapiña. Según los primeros indicios el hombre se resistió al asalto y en el momento en que en cayó al piso fue asesinado de dos balazos en la espalda por el delincuente, que aparentemente actuó solo. El abogado Perna dijo que se presentó una denuncia por presuntas difamaciones e injurias contra la diputada, que indicó además que el homicidio se había realizado en el marco de un ajuste de cuentas y que el comercio funcionaba como una “boca” de venta de pasta base. La jueza Lucía Granucci, encargada del caso, dispone de un plazo de siete días hábiles a partir de la fecha para convocar a audiencia.