El cambio cultural

Utilizar un blog personal para difundir información –hasta ese momento– privilegiada, es una estrategia comunicacional. Aquí y en Estados Unidos. Ahora y en la época de Joseph Goebbels. Y los resultados son los esperados, porque las reacciones se anticipan y seguidamente se atemperan, cuando los resultados están a la vista porque los datos se mostraron con anterioridad y no lo hizo quien debía hacerlo.
Para aquellos que no manejan con asiduidad el lenguaje de las nuevas tecnologías, explicaremos que –de acuerdo a la definición de la Real Academia Española– un blog es un sitio web que incluye, a modo de diario personal de su autor, contenidos de su interés.
Y así presentó el encargado de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior (Unicom), las “peores estadísticas de delitos desde que se lleva registro”. Lejos de reconocer que las advertencias se escuchan desde hace años, ocurre que –de manera sostenida– se buscan explicaciones sobre los orígenes del delito y la realidad que lo circunda. Lejos de esto, la ciudadanía no precisa mayores explicaciones sobre una situación que vive diariamente, sino gobernantes que repriman y atrapen delincuentes, con lecturas claras del “hacer” y no desde el “hablar” o “escribir”. De hecho, los datos oficiales aseguran que se aclara el 50% de los delitos y si ahora la solución pasa por designar mayores recursos a la creación de una dirección nacional que unifique las investigaciones, denota el fracaso de otros instrumentos como el guardián o las escuchas telefónicas.
Con la presentación de tantas “novedades”, mientras tanto se explican las razones de su incremento. Y atraviesan al nuevo Código de Proceso Penal, votado e impulsado desde el oficialismo como la solución a prácticamente todos los males, el aumento del sicariato y los delitos por narcotráfico. Como sea, ningún razonamiento resulta válido, si se transforma con mayor rapidez la forma de delinquir que las cabezas de nuestros gobernantes, que perdieron tiempo valioso en diatribas ideológicas y en confrontar con la oposición. Mientras se preocupaban por contestarle al contrario y por blindar al ministro del Interior, los crímenes alteraban la forma de vida de los ciudadanos y con creces quedaba por el camino aquel razonamiento que decía que “si usted no andaba en nada raro, no tenía por qué tener miedo”.
El nuevo código, que pretendía brindar soluciones reclamadas desde distintos sectores, complicó a jueces y fiscales y transformó en un caos el trabajo de unos sobre otros. En paralelo, se creaba una mayor institucionalidad ante los reclamos que brotaban desde diversas zonas del país y porque tuvo que entenderse –aunque costó la vida de trabajadores que salían de trabajar– que hay buenos y malos en todos lados y esto no es una guerra entre “ellos o nosotros”. De lo contrario, la solución sería mucho más simple y se adoptaría como modo de vida el del viejo “Lejano Oeste”.
Pero las explicaciones de las resoluciones resultan más interesantes aún. El subsecretario del Interior dijo que para la creación de la Dirección Nacional de Investigación Policial, se tomaron los ejemplos del FBI, en Estados Unidos o la Policía de Investigaciones de Chile, bajo el asesoramiento de expertos de Cambridge, Londres o Nueva York.
Sin embargo, el 1º de diciembre de 2017 cuando el ministro Bonomi presentó los datos sobre la evolución del delito en Uruguay y la cantidad de homicidios aclarados, dijo: “Hoy estamos por arriba del FBI en el nivel de aclaración. Con una acotación más: el FBI considera un homicidio aclarado cuando el fiscal decide llevarlo a juez. Nosotros lo consideramos aclarado cuando el juez determina que es culpable aquel que llevamos ante la Justicia” y aclaró que Scotland Yard es el organismo internacional con mayor esclarecimiento de homicidios. Claro que la pregunta es: ¿Si estamos mejor que ellos, para qué los tomamos de ejemplo? Incluso siendo tan pequeños en extensión territorial y con más cantidad de policías per cápita que México (el doble) y el segundo en América Latina, detrás de Argentina, el resultado es a favor de nuestros vecinos y es que ellos experimentaron un descenso en el delito.
Aunque nos repitan que los cambios serán culturales o no serán, y que los datos se utilizan en beneficio de otros intereses, en Uruguay asesinan a trabajadores que salen de sus lugares de trabajo. Y si el delito cambió hace rato, es bueno reconocer que quienes tienen las riendas demoraron en reaccionar porque siempre resultó más fácil el enfrentamiento que el reconocimiento de la existencia de un nuevo escenario. Ahora el cambio cultural no será fácil de instalar porque desde el gobierno primero se dividió entre “buenos y malos” y “ellos contra nosotros”. Así lograron una sociedad cada vez más dividida y abonada por las gruesas adjetivaciones que se amontonan en las redes sociales hasta llegar a esa “combinación de factores” que se presenta como una novedad, cuando es algo tan obvio.
Por el momento la culpa es de los jueces, según declaraciones oficialistas, que emiten fallos contrarios al sentido común y asignan policías a la custodia de una víctima de violencia doméstica, quitándolos del patrullaje callejero. También la tienen cuando dejan en libertad a alguien, a pesar de las diligencias basadas en el nuevo sistema penal acusatorio que otorga protagonismo al fiscal en una investigación.
Sin embargo, hay que recordar que antes la culpa era de cualquiera de nosotros por andar con un reloj, celular o championes de determinada marca y si era un policía, seguro que no tenía chaleco o se encontraba en un “223”. Después se explicaba todo por los “ajustes de cuenta”, hasta que llegó a cualquiera que anduviera por la calle y no llevara dinero. Solo nos resta esperar a quién le tocará la próxima echada de culpas que bajo el halo de “razones” se argumenta hasta el paroxismo. Claro que ninguna crítica brindará solución a esta escalada de violencia, pero tampoco el blindaje ni las excusas. Porque mucho antes de que alguien utilizara las muertes como una forma de hacer política, existía otro alguien que infundía divisiones en una sociedad ya dividida.
Los actos de renunciamiento no deben exigirse solo hacia un lado, sino a quien gobierna. Ese, que resuelve para quienes lo votaron o no, debe mitigar las fragmentaciones sociales que son la base de todo lo antedicho.
De lo contrario, continuaremos con la misma forma de hacer política que todos lamentamos.