Es sabido que América Latina ha sido históricamente un subcontinente con diversidad de situaciones en sus economías y políticas de sus países en lo interno y en la relación hacia el resto del mundo, y más allá de dictaduras de uno y otro signo que han marcado durante décadas esta región, con el paso de los años se ha generado cierto consenso, pese a los anatemas de dirigentes populistas, en que parámetros macroeconómicos como el equilibrio fiscal no es de derecha o de izquierda, sino cosa de sentido común.
Es decir, que si se tiene déficit se vive un sueño que más tarde o más temprano nos dará contra la pared, porque se trata nada más y nada menos que gastar más de lo que se tiene, como si se pudiera llevar este agujero negro indefinidamente, sin pagar las consecuencias.
Pero, más allá del énfasis que se ponga en tal o cual línea económica, la realidad indica que un subcontinente con grandes recursos naturales todavía sigue dependiendo en extremo de explotaciones extensivas, con escaso valor relativo, y ello es un condicionamiento en el ingreso de divisas y generación de trabajo de calidad.
Igualmente, estudios de organismos especializados dan cuenta de que actualmente comerciar en la región es más fácil y rápido, aunque el progreso ha sido desigual entre los países.
El índice que mide la facilitación del comercio de 21 países latinoamericanos, que en 2016 representaban el 95% del comercio regional de mercancías, ha vuelto a aumentar dos puntos respecto al promedio obtenido hace dos años.
Este índice, que otorga a América Latina un puntaje de 69%, se refiere a la “simplificación, estandarización y armonización de los procedimientos y los flujos de información asociados requeridos para pasar los productos del vendedor al comprador y para realizar pagos a fin de reducir el tiempo y el costo del comercio”. Así lo afirma el reporte Facilitación del comercio y la implementación del comercio sin papel en América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Hay factores igualmente a tener en cuenta que podemos extrapolar como un común denominador para toda la región, con algunos matices, y al que refiere un reciente informe de la Cepal denominado “Políticas activas de mercado de trabajo para generar empleo y mejorar la calidad de los empleos en América Latina”.
En este escenario precisamente el tema de la educación y la formación profesional son de vital importancia, porque indica cómo se está preparando el subcontinente para encarar los desafíos de un mundo en el que agregar valor dentro de fronteras o en asociaciones entre países y bloques hace la diferencia a la hora de competir y mejorar la calidad de vida de los pueblos. De acuerdo a lo que se indica en el documento, “el sistema educativo formal se orienta a proveer una educación general y no está preparado en la mayoría de los países del mundo para responder eficientemente a las demandas de calificaciones que provienen de la actividad productiva. Es por ello que tanto desde el Estado como desde el propio sector empresarial, así como de organizaciones sindicales y de la sociedad civil, se promueven cada vez más programas de capacitación laboral y de formación profesional, de formación continua y de acreditación de competencias para facilitar la inserción laboral de quienes buscan empleo por primera vez, para elevar la empleabilidad de los trabajadores, responder a las demandas de las empresas y a los cambiantes requerimientos de mano de obra resultantes de las continuas innovaciones tecnológicas”.
En el escenario global, en este plano, nuestra región no queda bien parada, y el Uruguay no es una excepción ni nada que se le parezca, porque la educación se ha deteriorado a ojos vistas.
Le cabe por lo tanto la observación mencionada en el informe de la Cepal en el sentido de que “la formación profesional en sus distintas modalidades no puede subsanar, en muchos países, las deficiencias educativas generadas por una educación inicial (primaria, secundaria, bachillerato, etcétera, de mala calidad). En segundo lugar, la desconexión entre la oferta y la demanda educativa. En tercer lugar la falta de integración de la formación y la capacitación, en una estrategia general educativa. En cuarto lugar, es posible que en muchos casos los subsidios se otorguen a personas que se hubiesen capacitado igual aún sin recibir ningún subsidio, mientras que personas de grupos vulnerables, en especial jóvenes, no logran acceder a los beneficios del subsidio”.
Ahora, estas deficiencias en formación se conjugan con el hecho de que, según el Banco Mundial, las trabas en la región aún siguen siendo mayores que las de los países desarrollados de la OCDE. El informe, presentado en el marco de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, afirma que los altos costos y los tiempos del comercio en la región se deben en gran medida a las carencias en infraestructura.
Si bien la Cepal recomienda una inversión en infraestructura del 6,2% del PBI para alcanzar las metas, entre 1990 y 2013 el gasto promedio en América Latina fue de apenas 2,2%, muy por debajo de la inversión del 8,5% de China o el 4,7% de India.
Más allá de la carencia en infraestructura, el otro factor que aumenta los costos comerciales son las ineficiencias en los procedimientos administrativos. Según el informe, donde los países latinoamericanos más han avanzado en esta área es en las categorías Formalidades, Transparencia y Comercio, pero donde menos progreso ha habido es en la implementación de acuerdos institucionales y cooperación, comercio transfronterizo sin papel como el intercambio electrónico de certificados de origen y de certificados sanitarios, y la solicitud electrónica para reembolsos aduaneros. Esto se debe a que se requiere de infraestructura tecnológica sofisticada y a una mayor cooperación entre las agencias de los países.
Igualmente, entre otros aspectos positivos durante décadas los países de la región han ido reduciendo aranceles de importación a través de acuerdos de integración regional y de libre comercio con socios extrarregionales y ello se ha traducido en mayor comercio y calidad de vida, pero el contrapeso sigue siendo la burocracia en la región, que es desproporcionada para las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces no pueden internacionalizarse y se ven limitadas al mercado interno.
Pero en todos los casos y situaciones que se den en cada país, no habrá sustentabilidad sin hacer bien los deberes en materia fiscal y estrechar la brecha entre el gasto público y los ingresos, y sobre todo incorporar procesos con valor agregado en la forma intensa en que se necesita, con apoyo en la formación para el trabajo.
El poder multiplicador de riqueza, con apoyo en las cadenas de valor
