Hay una máxima que resulta obvia, pero conviene recordarla: un juez actúa cuando el hecho delictivo fue consumado y las fuerzas de seguridad tiene la función de evitar que esos hechos ocurran. Es que nuevamente se contrapone una acción contra otra, a raíz de las declaraciones del ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
El secretario de Estado criticó que la justicia disponga custodias policiales para proteger a las víctimas de violencia doméstica, en vez de resolver el encarcelamiento de los agresores. Por esa razón es que se mantienen ocupados a 500 policías en Montevideo y unos 100 en Canelones: “con estas decisiones están determinando las políticas públicas y eso no corresponde. El juez no puede sacar policías de la calle cuando está planificado un sistema de patrullaje, vigilancia y acercamiento a la población”, declaró el ministro.
Lo cierto es que el nuevo código de proceso penal traería dificultades para las cuales el sistema uruguayo no estaba preparado para enfrentar ni estructural ni coyunturalmente, y mucho menos culturalmente hablando.
De hecho, los fiscales reconocen la utilización del “juicio abreviado” para enfrentar la falta de recursos y los problemas administrativos, que no pueden resolver de otra forma. Por eso, evitan los juicios orales que obstaculizan la búsqueda de evidencia que puede tardar meses en obtenerse, mientras cuentan con recursos escasos. Y a eso no lo afirma la oposición ni los medios hegemónicos que opinan todo el tiempo sobre la problemática que tiene la actual gestión con la inseguridad ciudadana, sino Brenda Puppo, quien es la presidenta de la Asociación de Fiscales. Tan complicado es, que hay fiscales que adelantan su proceso jubilatorio porque no dan abasto, aparte de Gustavo Zubía, cuyo caso es conocido.
Las últimas declaraciones del ministro vienen a cuento de una decisión del juez de Atlántida, Marcos Seijas, por dejar en libertad al presunto homicida de un comerciante en el balneario San Luis, muy conocido ahora por tratarse del lugar al que el presidente Tabaré Vázquez dirigió su especial atención, en compañía del ministro de Transporte, Víctor Rossi, y no de Bonomi.
Incluso dicho encuentro con los vecinos, sumado al último llamado parlamentario al jerarca de Interior, ameritó la conformación de una comisión interinstitucional, dependiente de Presidencia y que se encargaría de delinear soluciones para enfrentar la inseguridad. Hasta el momento no hay mayores informaciones sobre el “paquete de medidas” que se estudian y si la comisión se reúne de acuerdo a lo planificado.
Lo cierto es que esta confrontación de Bonomi continua y constante con el Poder Judicial, provocan respuestas entre los magistrados que habían advertido de manera consecuente, las dificultades que generaría este nuevo escenario. Y si el objetivo era lograr estas reacciones, entonces ya lo ha conseguido: “está bombardeando al Poder Judicial para desviar la atención sobre algunos resultados que no serían del todo buenos en cuanto a investigación y prevención, que son las tareas específicas de su cartera”, dijo el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Alberto Reyes.
Si el ministro confunde las acciones que debe cumplir un fiscal y un juez, de acuerdo al nuevo código, no es muy difícil imaginarse el grado de confusión que tiene la población al momento de reclamar. Por eso, es peligroso lo que hace Bonomi o cualquier integrante del Poder Ejecutivo que no tenga las cosas claras y use el criterio de los antiguos, que ostentaban la guerra como un arte y repetían que la mejor táctica de defensa era un buen ataque.
La reflexión no es un patrimonio en la política moderna. Sin embargo, hay cuestiones que hasta resultan básicas pero conviene demostrarlas. En las últimas semanas, el Ministerio del Interior instó a una optimización en el uso de las tobilleras para los casos de violencia doméstica porque son dispositivos de elevado costo. Se deben colocar dos, uno a la víctima y la restante al agresor. Ante un aumento de las denuncias, los jueces dispusieron la instrumentación de la herramienta de acuerdo a la gravedad de las situaciones, que en algunos casos se extravía o rompe. Como se había anunciado que el Poder Ejecutivo no compraría nuevas tobilleras, los jueces comenzaron a disponer de las custodias ante hechos de extrema peligrosidad para la víctima. Ahora, resulta ser demasiado. Entonces, surge la pregunta necesaria: ¿qué respuesta debe otorgar la justicia ante un delito que cada vez se denuncia más, y cuyo accionar judicial también era ampliamente criticado?
Según el nuevo código, la Fiscalía investiga y acusa. Es así que un juez no puede solicitar mayores pruebas ante la ilegalidad que representa tal acción porque su función es imparcial. Pero a Bonomi no le agradan los “tecnicismos”, por eso confronta por el lado más fácil. Sí es real que el nuevo código bajó la cantidad de procesamientos con prisión y sin prisión, pero tal consecuencia fue advertida desde diversos ámbitos.
De la misma forma, se advirtió que ineludiblemente el delito se correría hacia el Interior, tal como ocurrió en departamentos cercanos –como Salto– hacia donde se tuvo que redefinir la política de seguridad ciudadana. Los cruces de palabras, el desconocimiento del código, la falta de recursos en la justicia y el Ministerio del Interior y la necesidad de confrontar cuestiones que no son comunes a todos, se vuelve un caldo de cultivo difícil de digerir.
En todo caso, el exdirector nacional de Policía, Julio Guarteche, ya fallecido, reiteraba la necesidad de que todos los actores tuvieran la misma percepción sobre la inseguridad. Y acá, desde el comienzo se cuestionó su utilización para fines políticos partidarios, mientras se acreditaba a una “sensación térmica”, cuando en la calle –y no solamente en la cuadra de la residencia de Vázquez– se notaba un incremento de la violencia en las rapiñas.
Está claro que los corporativismos no le hacen bien a ninguna discusión, pero la búsqueda de culpables aporta mucho menos. En alguna oportunidad se deberá reconocer que dejaron pasar el tiempo sin hacer caso a las alertas y cuando salieron a actuar el campo ya estaba minado.
Y es como suelen repetir los juristas, con la frase del criminalista Edmond Locard, “el tiempo que pasa es la verdad que huye”.
“El tiempo que pasa es la verdad que huye”
