(EFE)
La Justicia fijó en su proyecto de Rendición de Cuentas, que reasignará los recursos lo que resta del período del actual Gobierno (2020), un coste anual para “implementar adecuadamente” la ley de violencia hacia las mujeres basada en género en 943.217.786 pesos uruguayos (29.975.461 dólares). Así lo señaló el Poder Judicial a través de un comunicado sobre la propuesta elaborada por el ente público y presentada este lunes al Ministerio de Economía y Finanzas y al Parlamento Nacional.
El Poder Judicial, además, plantea “la creación de 33 cargos de jueces, 66 cargos de defensores públicos, 65 actuarios, 34 psicólogos, 12 médicos psiquiatras y 34 médicos forenses”, para atender las “exigencias” de dicha ley. Asimismo, apostilla en su introducción que esta normativa fue aprobada “sin los recursos necesarios para su aplicación integral, sobre la base de la existencia de Juzgados Especializados que no fueron creados por esa norma”.
Tanto el Poder Judicial como la Fiscalía ya habían destacado en otras oportunidades que esta ley, que se aprobó el pasado diciembre, no contaba con los recursos suficientes. Por otro lado, el presupuesto presentado incluye también la “concesión del beneficio ‘salario vacacional’; una partida para compensar a funcionarios con título habilitante que desempeñan tareas propias del escalafón profesional; la extensión y profundización de las soluciones informáticas en toda la República”. Asimismo, contempla “recursos adicionales para el funcionamiento del nuevo Código de Proceso Penal; refuerzo de los servicios de Mediación; fortalecimiento de las políticas de capacitación; establecimiento del régimen de dedicación exclusiva de los Defensores Públicos Adjuntos”, entre otras “mejoras planteadas”.
MORABITO PERMANECERÁ EN URUGUAY
(EFE)
El mafioso italiano Rocco Morabito, detenido en Uruguay en setiembre de 2017, deberá permanecer en la prisión a la espera de la extradición a su país, tal como lo resolvió la jueza del caso, Dolores Sánchez, ante un pedido de liberación de su defensa. El fiscal del caso, Luis Pacheco, no se opuso al requerimiento aunque solicitó medidas cautelares, cierre de fronteras y uso de tobillera electrónica, detalló Telenoche.
Dicho medio agregó también que el pedido de la defensa de Morabito, que puede apelar la decisión de la jueza, se basó en que “según indica el Código del Proceso Penal, si alguien está requerido por otro país no puede estar encarcelado por un tiempo superior a 120 días”.
El mafioso, que residía en una mansión en Punta del Este fue detenido en Montevideo y le incautaron dinero, cheques por 100.000 dólares y documentos de identidad falsos, así como varias armas y vehículos de lujo. Morabito, de 51 años, es acusado de haber pertenecido entre 1988 y 1994 al cártel Ndrangheta de la Mafia Calabresa, una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas en la que éste organizaba la distribución en la ciudad de Milán. Vivía desde hace una decena de años en Uruguay con un pasaporte brasileño con la falsa identidad de Francesco Antonio Capeletto Souza, y, según los investigadores, el conocido como “el rey de la cocaína de Milán” se ocupaba de hacer llegar la droga desde Sudamérica al norte de Italia.
COMISIÓN REPUDIA AGRESIÓN
(EFE)
La Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación manifestó, “enérgicamente, su total repudio a toda conducta discriminatoria” ante la agresión sufrida por una “persona afrodescendiente discapacitada en su lugar de trabajo”. Según el ente, las agresiones físicas y psicológicas que padeció el funcionario de una estación de servicio de Montevideo por parte de cuatro compañeros de trabajo son un tipo de “agravio” que no solo “ofende y vulnera la dignidad humana de la víctima sino que constituye una ofensa a toda la sociedad uruguaya”.
“En este caso particular, la Comisión observa que se ejerció discriminación múltiple y agravada puesto que la agresión fue motivada de forma concomitante por su condición étnico racial, de discapacidad y religiosa”, señaló el comunicado.
Asimismo, el escrito recalca que en un estado de derecho “el racismo y toda discriminación son inadmisibles y por tanto objeto no sólo de preocupación sino de acción continua para erradicar definitivamente este flagelo”. La comisión, presidida por el Ministerio de Educación y Cultura, también subrayó que ante este tipo de conductas son “tan necesarias las respuestas legales así como el fortalecimiento y la profundización de las líneas de trabajo en educación en derechos humanos”. El Poder Judicial informó el pasado 22 de junio que la jueza Graciela Eustachio condenó con prisión a cuatro empleados de una estación de servicio que agredieron física y psicológicamente a un hombre discapacitado por su condición racial y religiosa. La denuncia fue realizada por dueño del local, quien recibió a través de redes sociales dos videos de las agresiones, realizadas dentro del establecimiento.
FISCALES OBLIGADOSA PEDIR PRISIÓN
(EL OBSERVADOR)
La Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó las modificaciones al nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el mes pasado. Con esa aprobación, el proyecto pasará al plenario de la cámara alta donde será votado la semana que viene, con la objeción de algunos sectores oficialistas, pero con los votos de la oposición.
Si la reforma prospera y se transforma en ley, pasará a ser obligatorio que los fiscales pidan al juez prisión preventiva en casos de reiterantes que cometieron delitos gravísimos. En la versión original del proyecto redactado por el Ministerio del Interior, la prisión preventiva era preceptiva para delitos gravísimos en reiterantes, pero eso se acotó a los fiscales a la hora de pedir la prisión y será el juez el que defina si la otorga o no. A su vez, se incluyó una modificación propuesta por el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, sobre los procesos abreviados –cuando fiscales y delincuentes llegan a un acuerdo para reducir la pena y resolver el caso en poco tiempo sin llegar a juicio– a partir del cual las víctimas también podrán participar de esos acuerdos. En casos de delitos gravísimos de reiterantes, los fiscales no podrán acordar con los victimarios una pena menor a la prevista en Código Penal. La reforma de la norma propone, además, limitaciones a la libertad anticipada para delitos como el homicidio, copamiento, secuestro o contra la libertad sexual de las personas. El senador del MPP Charles Carrera, presidente de la comisión, indicó a la prensa que “en líneas generales se respeta lo pedido por el Poder Ejecutivo y a través de esas modificaciones se están dictando instrucciones de política criminal a los operadores”.