Vulnerables

La violencia intrafamiliar e institucional contra personas mayores no es un fenómeno nuevo, pero requiere un abordaje en mayor profundidad, no solo por una razón de justicia con quienes la padecen sino también porque es un asunto todavía desconocido en una sociedad en la que, paradójicamente, el envejecimiento poblacional se presenta como el fenómeno demográfico de mayor incidencia social, económica y sanitaria para las próximas décadas.
Por otra parte, el tema no se inscribe sólo en las dimensiones antes señaladas sino que representa en primera instancia, un asunto de derechos humanos prácticamente invisible en la agenda pública.
Es un hecho reconocido que los derechos de las personas mayores muchas veces resultan vulnerados por distintos actores que, por medio de reacciones institucionales o humanas, producen negligencia o abuso.
A eso hay que agregar el aislamiento social, la baja participación en actividades comunitarias o el abandono familiar que padecen muchos adultos mayores, siendo aspectos que impactan fuertemente en su salud física y psicológica.
El Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó días atrás que recibe entre 500 y 600 consultas anuales relacionadas con derechos, situaciones de violencia intrafamiliar e institucional.
A modo de comparación, podría decirse que es una cifra bastante mayor de las 156 que en 2015 recibió el Servicio de Atención a la Violencia Intrafamiliar del Mides (que funciona en Montevideo) por situaciones que en la mitad de los casos estaban relacionadas con ataques psicológicos mientras que en un 21% se trataba de negligencia y abandono y, en un 15% agresiones patrimoniales y físicas.
Se trata de cifras que seguramente no son representativas de la realidad nacional, en la medida que emanan de una organización que funciona a demanda del afectado o familiares o allegados y, por lo tanto, carece de mecanismos de detección de situaciones de abuso y maltrato.
Por otra parte, éste es un tema escasamente tratado aún por estudios poblacionales y estadísticas, pudiéndose considerar a los datos manejados como la punta de un iceberg que aún falta por conocer.
Aún así, un dato revelador es que en los casos detectados el abuso y maltrato se presenta fundamentalmente en las relaciones intrafamiliares y en la mitad de las situaciones es ejercido por los hijos de la persona mayor, lo que revela la fragilidad y decadencia de los vínculos familiares.
En este complejo panorama también escasea la información sobre la situación de las personas mayores institucionalizadas en las denominadas “residencias para ancianos” o “casas de salud”, seguramente porque aún queda mucho por avanzar en controles sobre las mismas. Es conocido que una ínfima cantidad se encuentran habilitadas y es vox populi la existencia de muchas más que operan sin ningún tipo de controles.
Se trata de espacios en que sólo el control estatal podría llevar a la detección temprana de situaciones de maltrato y abuso dado que muchas de las personas mayores que viven en estos lugares no cuentan con seguimiento de sus familias, encontrándose en situación de soledad y desamparo.
En Uruguay el 14% de la población está constituida por personas mayores de 65 años, quienes tienen acceso en materia de derechos a la seguridad social, al Sistema Nacional Integrado de Salud y al Sistema Nacional de Cuidados cuya instrumentación es todavía muy lenta y llega a un pequeño porcentaje de adultos mayores en situación de dependencia.
Nuestro país aprobó en 2016 la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, mediante la Ley 19.430, que, en el artículo 9, especifica los elementos vinculados con el tema de la violencia, el abuso sexual y patrimonial y el maltrato físico, psicológico, la negligencia y el abandono.
Esto significa que el Estado tiene el deber de generar los mecanismos necesarios para promover y garantizar una vida sin ningún tipo de violencia para los adultos mayores.
La directora del Instituto Nacional de Personas Mayores, Adriana Rovira, informó recientemente de la conformación de un grupo de trabajo para la construcción de un protocolo de intervención para los casos de violencia hacia las personas mayores, integrado por la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior e Inmayores, sumado a la sociedad civil, a través de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos y de la Red Nacional de Personas Mayores.
“El objetivo que se plantea con la elaboración del protocolo es contribuir con el reconocimiento de las especificidades de las personas mayores bajo el enfoque de derechos humanos cuando estas acuden a los dispositivos judiciales y policiales”, dijo.
Señaló también que es necesario generar mayor conciencia acerca del abuso y el maltrato a la vejez, situaciones que muchas veces no son visibles y que es necesario trasladar del ámbito privado al público y transformarlas en un acto político en sí mismo, como elemento de reivindicación que se debe introducir en la agenda pública.
Por su parte, el Plan Nacional de Cuidados anunció este año la apertura de entre 10 y 15 centros de día, espacios dirigidos a brindar atención a personas mayores de 65 años con dependencia leve, quienes permanecerán en el local durante cuatro horas y a quienes se brindará estimulación física y cognitiva para retrasar el avance de la dependencia.
En este sentido, informó que 4.000 personas que han justificado dependencia severa disponen de asistente personal y otras 4.000 están en proceso de contratarlo en las oficinas del Banco de Previsión Social.
Se trata de cifras totalmente insuficientes como aporte de soluciones reales, pero seguramente serán primeras experiencias de funcionamiento que debería ser rápidamente evaluado, mejorado y replicado en todos los departamentos, dado que es un problema generalizado a nivel nacional.
No se puede desconocer que se trata de un tema que implica situaciones complejas en su planteamiento y mucho más en su solución. Aún así, en los últimos años ha habido avances conceptuales y en normativas que protegen los derechos humanos de las personas mayores.
No obstante, el abuso y maltrato en la vejez sigue siendo un fenómeno poco percibido por la sociedad, lo cual dificulta el diseño de políticas públicas con la finalidad de poder realizar intervenciones oportunas y realizar un trabajo de generación de conciencia que implica ubicar a la persona mayor como un sujeto de derecho que puede decidir y disponer sobre su vida y con sus propios recursos.
Por nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos, esa es una tarea que debería involucrarnos a todos.