Las personas usuarias de motocicletas están expuestas a mayores riesgos de colisión debido a que comparten el espacio de circulación con vehículos de mayor tamaño, porque son menos visibles y porque están en equilibrio precario sobre dos ruedas. Además, la falta de protección física las hace más vulnerables a sufrir lesiones en caso de accidentes.
Casi la mitad de las personas fallecidas cada año en Uruguay en accidentes de tránsito, circulaban en motocicleta. No es el único país de Latinoamérica donde esto ocurre: Brasil, Colombia y República Dominicana presentan índices similares de fallecimientos de motociclistas, según un estudio realizado el año pasado por la Fundación Gonzalo Rodríguez.
Las motocicletas, que han aumentado notoriamente en cantidad en los últimos años facilitan el transporte para muchas personas pero a la vez, se han convertido en un riesgo para sus usuarios y un grave problema de salud pública que afecta fundamentalmente a la población más joven.
Las cifras del Sistema de Información Nacional de Tránsito (Sinatran) indican que hasta fines de mayo de este año, los motociclistas representaron el 40% de las víctimas fatales; mientras que en igual período de 2017, sumaban un 50% de las muertes ocurridas en el país.
A pesar de haber ocupado grandes titulares, esta cifra parcial no debería ser tomada como una mejora sustancial sino ser evaluada en su justa medida en un contexto más amplio.
En este sentido, resulta preocupante que los lesionados estén aumentando: de las 11.287 personas que han sufrido lesiones por siniestros viales, 6 de cada 10 circulaban en birrodados (60,6%).
Esta situación hace pensar que la disminución de un 10% de las muertes de motociclistas desde inicios del año hasta fines de mayo en relación a igual período del año pasado podría ser un hecho fortuito y no necesariamente el inicio de una mejora sostenida a pesar que son significativas las acciones de concientización, fiscalización y prevención que se vienen desarrollando con la participación de diferentes actores gubernamentales y sociales.
Entre éstas se destaca la dirigida a un sector específico de alto riesgo que utiliza la moto como herramienta de trabajo y muchas veces opera desde la informalidad, lo que aumenta su vulnerabilidad: se trata de los denominados “delivery” o repartidores a domicilio, que han comenzado a capacitarse a partir de una iniciativa tripartita del Ministerio de Trabajo, Cambadu y Unasev, apoyada por el Pit Cnt a través de Fuecys, sindicato que convoca a los repartidores.
El objetivo es que estos trabajadores tengan la posibilidad en todo el país, de formarse de manera gratuita sobre una amplia gama de temas que tiene que ver con el ámbito de lo estrictamente laboral en cuanto a las formalidades legales, así como a superar las dificultades que el día a día de su oficio les impone su trabajo en vía pública.
En la víspera, el Ministerio de Trabajo informó sobre la entrega de los 203 primeros carnés oficiales a repartidores en motocicleta capacitados y el ministro Ernesto Murro anunció que 1.600 de las más de 3.000 personas que cumplen esa función en Uruguay ya están inscriptas para capacitarse. Actualmente otras 800 se están capacitando.
La alta demanda se basa no sólo en el interés de los trabajadores sino también en la obligación y controles que recaen sobre las empresas en cuanto a la exigencia de contratar repartidores habilitados, lo que repercute en la formalización laboral de los mismos.
Otros ciudadanos menos visibles y habitualmente sin voz propia para demandar mejoras y cuidados pero no por ello menos vulnerables son los niños.
En este sentido, es necesario llamar la atención una vez más sobre las inadecuadas condiciones en que generalmente son trasladados por sus padres o referentes adultos en motocicletas.
Los niños, en particular los más pequeños, tienen mayores probabilidades de sufrir consecuencias severas en un accidente porque su cerebro y cráneo son más vulnerables que los del adulto ya que no han alcanzado la maduración completa. No obstante, el uso de casco homologado para niños pequeños es muy bajo y hay resultados preocupantes en cuanto a alcanzar el posapié o el traslado de menores en ubicaciones no autorizadas en las motos.
Desde el ámbito local, no puede pasar desapercibido que diariamente se ven en las calles adultos circulando en infracción respecto a las medidas de seguridad básicas para el traslado de niños. Si bien no hay demasiados estudios sobre el tema, la situación de nuestra ciudad fue incluida en un estudio anterior de la Fundación Gonzalo Rodríguez, el cual señala que Paysandú cuenta con la mayor tasa de niños y adolescentes viajando en moto del país y que, por ejemplo, el 39% de los niños hasta 12 años viaja sin utilizar el posapié.
Evidentemente, no es lo mismo la situación de los “delivery” que la de los niños que son transportados en motos en condiciones inadecuadas o en clara infracción y, en consecuencia, las soluciones también deben ser diferentes.
Lo que parece indiscutible es que es un tema que necesita ser atendido debidamente y ante la falta de soluciones de fondo, aunque resulte antipático, la única opción es el rigor de la fiscalización porque lo que está en juego es, en definitiva, un bien mayor: nada más ni nada menos que la vida de nuestros hijos.
Es que existen normas y hay conductas elementales de seguridad vial que deben ser respetadas. La lógica así lo indica y también los números ya que según los informes de la Unasev, únicamente la mitad de los motociclistas utilizaba el casco de protección al momento del siniestro y sólo un 20% la vestimenta de alta visibilidad al momento del impacto.
En este sentido, es relevante tener en cuenta que la situación del país es muy dispar en cuanto al uso del casco y que si bien en algunos departamentos (como es el caso de Soriano, Rivera o Paysandú), lo usa aproximadamente el 90% de los motociclistas hay otros –como Cerro Largo– donde ese porcentaje escasamente llega a un 20%.
Esta realidad resulta un claro indicador de la existencia de niveles de conciencia del riesgo diferentes por parte de la población y distintas visiones de las autoridades locales en cuanto a hacer respetar o no las leyes nacionales vigentes. Hasta que estas situaciones y problemas comiencen a ser tomados seriamente en cuenta y cada uno asuma la responsabilidad individual e institucional que le competa, será difícil alcanzar la meta de un tránsito seguro para todos.
