(EL OBSERVADOR)
El BPS anunció que suspenderá el pago de las Asignaciones Familiares a partir de setiembre a 10.450 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años que no están registrados en ninguna institución educativa. En caso de figurar entre los no registrados en centros de enseñanza y estar inscriptos, se deberá presentar en las oficinas del BPS el certificado que compruebe la inscripción en algún instituto público o privado de enseñanza: Primaria, Secundaria y CETP (ex UTU) o en instituciones de educación no formal. El plazo para hacerlo es antes del 31 de julio. De todos modos, se aclara que de presentar la constancia con posterioridad al 31 de julio, se rehabilitará el beneficio de forma inmediata.
Desde el lunes 2 de julio se puede consultar si los menores están comprometidos a través de la web de consulta de inscripción y asistencia a centros de enseñanza, por teléfono al 1997, o en todas las sucursales del BPS. El comunicado del BPS señaló también que “se continuará recibiendo información directa de los centros de enseñanza y del Mides, quienes desplegarán actividades y visitas en procura del retorno de estos beneficiarios al sistema educativo”.
Los 10.450 no registrados representan al 3% de los beneficiarios totales de las asignaciones que son 30.506 niños y adolescentes, en tanto los identificados por fuera del sistema educativo abarcan a 9.700 hogares.
CIERRAN FILAS POR LULA
(AFP)
El Frente Amplio cerró filas ante lo que consideró una “persecución judicial” en Brasil contra el expresidente Luiz Inacio Lula Da Silva, y se dijo atenta al devenir en el país vecino. Una resolución de la Mesa Política Nacional indicó que “se está ante una persecución judicial contra el expresidente Lula, no solo para evitar que sea candidato (en las elecciones de octubre), sino para impedir que realice campaña electoral”.
Para la fuerza política existe “una nueva ofensiva judicial y de la Policía Federal contra el expresidente”, luego que se revirtiera la decisión de un juez de liberar a Lula. Favorito para las elecciones presidenciales de octubre con 30% de las intenciones de voto, Lula cumple desde hace más de tres meses una pena de 12 años y un mes de prisión, por cargos de corrupción y lavado de dinero, en la sede de la Policía Federal de Curitiba. Según el FA, la situación procesal de Lula “expresa la connivencia entre actores judiciales y de la Policía Federal” que afecta “el Estado de Derecho del vecino país”. La postura del partido de gobierno se suma a la de la izquierda de Chile, que apoyó la candidatura de Lula en una carta difundida el martes, con la firma de la expresidenta socialista Michelle Bachelet y otras figuras.
