La bancada del Partido Nacional realizó un nuevo llamado a sala al intendente Guillermo Caraballo. En esta oportunidad, para considerar “la situación de pública notoriedad sucedida en la Dirección de Tránsito, en la que se constató una serie de irregularidades administrativas con ribetes ilícitos en cuanto al otorgamiento de libretas apócrifas, eliminación de multas por infracciones de tránsito, falta de contralores y de lineamientos claros operativos”.
Un llamado a sala al intendente, pero que sigue el mismo lineamiento ya expresado por la principal bancada de oposición, en rechazo al director Federico Álvarez Petraglia. De hecho, solicitaron a Guillermo Caraballo que lo destituyera. Si bien aún no hay convocatoria a esa sesión extraordinaria, queda claro que deberá realizarse. Tampoco se sabe si Caraballo asistirá o, como hasta ahora, se hará representar. Tomando en cuenta los anteriores llamados a sala, su principal representante ha sido Federico Álvarez Petraglia.
El director de Tránsito Público y de Asesoría Letrada dijo a EL TELEGRAFO que “si el intendente decide que yo vaya, acompañándolo o representándolo, resultará una excelente oportunidad para explayarnos en todo lo que hemos descubierto y denunciado. Y vamos a poder informar de primera mano a los ediles que ha quedado claramente al descubierto que los actos ilícitos comenzaron a desarrollarse en la anterior administración, precisamente del Partido Nacional y de Bertil Bentos, cuando la Dirección de Tránsito estaba a cargo de (Haroldo) Canoniero”.
“Vamos a poder explayarnos gracias a la oportunidad que nos brinda el Partido Nacional, que nos ha acusado de omisos e ineptos, pero resulta que hemos descubierto incluso actos ilícitos que se desarrollaron cuando ese partido era gobierno. Ahora será la Justicia la que deberá decidir en cada caso y encontrar a los funcionarios responsables y tomar las decisiones que correspondan”.
Aseguró además que “cualquier llamado a sala en la Junta Departamental debe ser bien recibido, porque son reglas de la democracia. Es claro que la Junta tiene que ejercer los controles respectivos y necesarios”. Asimismo, destacó que se eligió el período 2014-2018 para hacer la investigación “porque entendimos que debíamos comenzar por nuestro propio período de gobierno, agregando parte del anterior. Como ya lo ha publicado EL TELEGRAFO, operaciones fraudalentas se concretaron en 2014 y 2015. Y de la investigación realizada surge que se operó sobre facturas hasta fines de 2012, antes del comienzo del Sucive”.
Pero dijo que “esto no quiere decir de ninguna manera que la investigación que estamos llevando adelante, en la que claramente hemos obtenido muy buenos resultados, que nos han permitido denunciar ante la Justicia hechos fraudalentos, se concentro solo en esos años”.
“Ni que decir que es compleja, porque hay que avanzar movimiento por movimiento. Pero una vez culminada esta etapa, podremos pensar en seguir investigando hacia atrás y determinar si no hay otros funcionarios infieles involucrados”, agregó.
