Mismo drama, distinta reacción

El comentario por estos días respecto a la postura oficial de Uruguay frente a la crisis de Nicaragua se centró en que por suerte el gobierno y afines no se encuentran tan comprometidos –del modo que usted desee– con Daniel Ortega como con la Venezuela de Nicolás Maduro. Ante la actuación represiva del presidente nicaragüense, nuestros representantes salieron al cruce y condenaron la violencia y las muertes de personas inocentes. En cambio, con el mandatario venezolano –que lleva más tiempo y ha caído en fechorías en un largo período– no parece ser necesario expresarse del mismo modo. Porque, se sabe, hay similitudes en ambas crisis.
Ambas protestas, que estallaron en un mes de abril, han demandado la salida del poder de los izquierdistas Maduro y Ortega, por renuncia o adelanto de elecciones. Y los gobiernos siguen la misma estrategia. “Sacaron del juego a los líderes y partidos de oposición, pero no en competencia electoral, sino con sentencias del poder judicial y electoral, espurias e ilegales. Lo hizo Ortega en los comicios de 2016 y Maduro lo copió en los de 2018”, dijo a AFP el politólogo venezolano Luis Salamanca. Juan Felipe Celia, del centro de análisis Atlantic Council (Washington), señala que ambos mandatarios además “han censurado a los medios y consolidado el poder eliminando los contrapesos”.
Por el lado de la represión de las protestas también existen concordancias. Nicaragua tiene las llamadas “turbas sandinistas” y grupos civiles fuertemente armados; Venezuela, los conocidos popularmente como “colectivos”. “Han usado paramilitares afectos al gobierno para enfrentar a manifestantes”, anotó el internacionalista venezolano Mariano de Alba. “Supuestamente actúan por su propia cuenta, pero a pesar de su carácter civil forman parte de los aparatos de seguridad del gobierno para agredir e intimidar opositores”, comentó el analista Diego Moya-Ocampos, del IHS Markit (Londres). Pero “al gobierno nicaragüense se le ha pasado la mano, ha sido mucho más letal”, afirmó Salamanca.
En Venezuela hubo en cuatro meses de protestas unos 125 muertos; en Nicaragua superan los 300 en tres meses por la represión desatada por el gobierno de Ortega contra estudiantes y otros actores de la sociedad civil que se manifiestan desde el 18 de abril por cambios en el régimen de seguridad social.
Además, los opositores, en los dos países, señalan a Maduro y a Ortega de haber instaurado una dictadura, marcada por la corrupción y el control de los poderes del Estado, sobre todo el judicial y el electoral. Para responder a eso, el gobierno nicaragüense acusa a los manifestantes de “terroristas” y “golpistas de derecha” financiados por Estados Unidos, al igual que Venezuela. “El guión perfecto hoy se lo están aplicando a Nicaragua”, sostiene Maduro, quien denuncia una campaña para mostrar a ambos países “en caos” y al borde de “la guerra civil”.
El sociólogo nicaragüense Oscar Vargas estima que, como hizo Maduro, Ortega busca oxígeno en la negociación, mientras apuesta al “desgaste y la división del movimiento opositor, en una venezolanización del conflicto”. Ambos, coincide De Alba, han usado el “diálogo para ganar tiempo y bajar la presión interna”.
“La solución depende en gran medida del quiebre de la coalición oficial y del apoyo militar”, agregó. En esas conversaciones ha participado la Iglesia católica.
Y bajo este contexto, ambos gobiernos también han vivido un creciente aislamiento internacional, con Estados Unidos aplicando sanciones. La situación en Nicaragua, sin embargo, no ha tenido tanta atención como la de Venezuela, si bien la Organización de Estados Americanos (OEA) les ha dedicado varias sesiones.
El lunes pasado, el gobierno uruguayo adhirió la condena sobre la situación de violencia en Nicaragua. Lo hizo junto a otros 12 países de América Latina y el Caribe en una declaración que condena “los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua”. El texto firmado en el marco de la cumbre Celac-Unión Europea en Bruselas repudió “la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos”.
Además de Uruguay, la declaración fue firmada por los gobiernos de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Salvo Uruguay y Ecuador, el resto de los países integran el llamado “Grupo de Lima” que se ha expresado de forma frecuente contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Con una crisis económica mayor y con una exposición superior de los acontecimientos violentos que se registran con frecuencia, a Venezuela –desde este rinconcito del mundo– no se le achaca nada. Es que una diferencia entre ambos conflictos se concentra en el peso regional de cada país. Venezuela, con la petrodiplomacia del fallecido Hugo Chávez (1999-2013), logró lealtades en países del continente, y algunas se mantienen, como la uruguaya. “Al sistema interamericano le ha llevado más tiempo inclinar la balanza contra el gobierno de Venezuela que contra el de Nicaragua, que ha rebasado todos los límites”, opinó la analista nicaragüense Elvira Cuadra.
El pasado martes, la organización Human Rights Watch (HRW) se expresó respecto a la insólita posición de Uruguay frente a Venezuela. Para su director ejecutivo para América, José Miguel Vivanco, el silencio del gobierno uruguayo sobre la “dictadura” de Maduro “es desolador”. “Le envié una carta al canciller (Rodolfo) Nin Novoa para instarlo a adherirse a una declaración conjunta en la ONU de condena al régimen de Maduro”, escribió Vivanco en Twitter. En la misiva le pide que Uruguay se adhiera a la declaración sobre la crisis en el país caribeño que emitió Perú el 6 de julio en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta declaración, recuerda Vivanco en su carta, ya fue suscrita por 53 estados.
“Es decepcionante que Uruguay, un país que ha sido históricamente un aliado en la protección y promoción de los derechos humanos en la ONU, aún no se haya adherido a esta iniciativa”, marca en la carta dirigida a Nin Novoa. Sí, absolutamente decepcionante. ¿Qué tan comprometido está Uruguay con Venezuela? Es la gran pregunta.