(EL PAIS)
El doctor Ricardo Pérez Manrique, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, recién designado juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, calificó como “lamentable” la intención del gobierno de modificar el Código del Proceso Penal vigente desde noviembre. Un proyecto a estudio en el Parlamento pretende –entre otras cosas– que la prisión preventiva sea obligatoria cuando los acusados son reincidentes frecuentes y en caso de delitos graves.
Pérez Manrique sostiene que la modificación es innecesaria, y que los problemas de articulación que hay hoy entre fiscales y policías para atacar la delincuencia se deben al poco tiempo que lleva de curso el nuevo sistema.
“Se debió dar tiempo para que las coordinaciones entre la Fiscalía y la Policía corrigieran esos problemas. Ante la inseguridad, la Policía se echó y se puso en un área de protección y quedó en una zona gris que fue aprovechada por los delincuentes”, dijo el magistrado. También afirmó que le parece “bastante lamentable llegar a una reforma legal para que esto se esclarezca”.
Según datos oficiales dados a conocer en las últimas horas, en lo que va de 2018 se registró una suba de más del 50% de las rapiñas respecto al año pasado, situación que analistas señalan como un efecto secundario de la modificación del código.
Pérez Manrique advirtió que si se llegara a modificar el código puede ocurrir que los abogados planteen recursos de inconstitucionalidad con el propósito de entorpecer los procesos. “Se puede abrir una caja de Pandora donde cada vez que se vaya a aplicar una prisión preventiva se interponga un recurso de inconstitucionalidad. Además los organismos internacionales de derechos humanos son contrarios a una prisión preventiva que no tenga naturaleza cautelar”, dijo.
Por otra parte, el exministro de la Corte afirmó que no han tenido efecto las políticas sociales en el combate a los núcleos marginados. “Desde hace mucho tiempo hablamos de que la sociedad uruguaya se ha convertido en una fábrica de delincuentes; es la industria más próspera del país porque sigue funcionando”, dijo. También señaló que “Las políticas sociales no han logrado revertir ese contexto. Es más, tenemos un aumento muy preocupante de la marginalidad cultural. Hay zonas donde al Estado se le hace muy difícil marcar presencia”.
Aconsejó al respecto “reconocer que existe una brecha social muy profunda” y asumir que el problema no se resuelve de un día para el otro”.
MOLESTIA POR CIRCULACIÓN DE FOTOS DE SENDIC PROCESADO
(EL OBSERVADOR)
El abogado Gúmer Pérez, uno de los defensores del exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, expresó molestia por la circulación a través del servicio de mensajería WhatsApp de unas fotografías del fichaje de su defendido en el Poder Judicial. Sendic fue procesado el 29 de mayo por reiterados delitos de peculado y por abuso de funciones, cometidos durante su gestión en Ancap.
Según da cuenta El Observador, en las imágenes Sendic no aparece vestido con el traje azul inmaculado con que ha asistido a las audiencias de este proceso, sino que se lo ve con una campera oscura y una camisa desabotonada. En una de ellas en que mira de frente puede leerse el número asignado –328.836–, y la fecha en que fueron sacadas: 29 de mayo de 2018, el mismo día del fallo judicial.
“Supongo que son las fotos del prontuario, que es lo que se arma en el Instituto Técnico Forense (ITF) con todas las personas a quienes se les dispone el procesamiento”, dijo Pérez, sorprendido con la divulgación de una información reservada respecto a un ciudadano que no tenía antecedentes penales. “Me llama poderosamente la atención cómo es que circula esto, quién habrá sido la persona que divulgó estas fotos”, aseguró.
La Policía Científica es la dependencia encargada de fotografiar a toda persona procesada, un material que luego es enviado al Registro Nacional de Antecedentes Judiciales –que funciona en la órbita del ITF–, para que la Justicia constate si el imputado tiene antecedentes penales u otros procesos iniciados.
El pasado martes 5 de junio Sendic apeló la sentencia de procesamiento que redactó la jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu. Sus abogados consideran, entre otros puntos rebatibles, que se “invirtió el principio de inocencia”.
OSE COLOCÓ TÍTULOS DE DEUDA POR U$S 31 MILLONES
(EL OBSERVADOR)
En procura de fortalecer la estructura financiera de la institución OSE colocó títulos de deuda por valor de U$S 31 millones y obtuvo una demanda en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) que fue el triple del monto disponible: U$S 95 millones.
De esta forma, el ente concretó la Serie II del “Fideicomiso Financiero OSE I”. Los títulos tienen vencimiento a 22 años y un interés de 3,55% anual en Unidades Indexadas y recibieron grado inversor nota “A” por la calificadora “Care”.
Esta inversión permitirá a OSE llevar adelante obras de saneamiento e infraestructura, además de cumplir con compromisos de servicio de deuda. Eduardo Barbieri, gerente general de Bevsa, afirmó que es prioritario “continuar impulsando mecanismos que permitan a Uruguay invertir en obras que son fundamentales para el desarrollo y bienestar de la comunidad” y agregó que “el éxito de la emisión es una señal fuerte de confianza en el instrumento del fideicomiso, fundamentalmente por la cantidad de oferentes y rendimiento alcanzado”.
La cancelación del capital y los intereses de los títulos de deuda se realizará en 80 cuotas trimestrales, iguales y consecutivas en los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año.