El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, también denominada coalición DESC, trabajó sobre el quinto informe de Uruguay y su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc).
Las 13 organizaciones de la sociedad civil que conforman la coalición presentaron un informe alternativo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CCPR, en la nomenclatura de la ONU), cuya organización eligió tres recomendaciones del comité, a partir de las que Uruguay deberá informar sus avances a fines de 2018.
Mauricio Coutinho, coordinador de incidencia de Amnistía Internacional Uruguay y de la Coalición DESC, señaló a EL TELEGRAFO que “la particularidad –por eso importa el año y medio transcurrido desde el informe presentado por el Estado uruguayo que se cumplirá en diciembre– es que el comité eligió o designó tres de esas recomendaciones sobre las que Uruguay tienen que informarle de sus avances a fines de este año”.
Dichas recomendaciones se definieron “prioritarias” y se enfocan a “la instrumentación de la Ley de Salud Mental, la ley de violencia basada en género y una ley para el acceso a las personas con discapacidad en el sector privado, que no existe. Hay una reglamentación a nivel público y no la cumple casi ningún organismo”, resaltó.
Violencia de género
Con respecto a la violencia basada en género, el año pasado se consultó a un experto del comité DESC para iniciar a Uruguay en un diálogo entre la sociedad civil y el Estado, de cara a todas las recomendaciones, con particularidad en las tres mencionadas. “Este año retomamos ese diálogo, con presencia de Inmujeres, Mides, un juez del Tribunal de Apelaciones y varios actores vinculados con el tema de género, como la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia”.
Coutinho precisó que “manifestamos algunas preocupaciones” sobre esta ley. “Un gran tema es el presupuesto, en tanto esta ley mandata generar un sistema de atención a las víctimas por 24 horas, los 365 días del año y varios operadores judiciales han manifestado que la Justicia no tiene la infraestructura adecuada, ni recursos humanos ni capacitaciones para implementar esta ley”.
Además, contiene “algunos elementos extremos, porque tipifica 15 nuevas formas de violencia. Incluye y redefine a 13 tipos de violencia que ya existían en el Derecho y bajo distintos códigos. Por ejemplo, agrega una vinculada con las redes sociales o violencia cibernética”.
La iniciativa parlamentaria “crea un consejo asesor sobre esta ley, como existen tantos de este tipo. Pero no hay señales de una convocatoria a este consejo, con inclusión de la sociedad civil, la Universidad y la creación de un Observatorio sobre la violencia basada en género, localizada en el Poder Ejecutivo. Estas dos medidas contribuirían a su implementación y tampoco requiere un gran esfuerzo del Estado”.
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