La conjunción de una diversidad de factores harto conocidos, que solo se han ido acentuando con el paso del tiempo, ha llevado a una realidad socioeconómica –sobre todo en materia de empleo– que solo no la veía quien no quería y que se ha manifestado desde hace ya tiempo en el Interior. Pero recién ahora, cuando repercute en Montevideo, se le está dando trascendencia desde el centralismo; reaccionando mal y tarde, como suele ocurrir.
Una de esas reacciones se ha materializado en las últimas horas, a través de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que promueve “incentivos” para “la generación de nuevos puestos de trabajo”.
La iniciativa incluye un capítulo que se denomina “promoción del empleo” y en la exposición de motivos el gobierno intenta “contribuir” a la creación de empleo, “dado que recientemente se ha constatado un enlentecimiento en su creación, con énfasis en trabajadores de más de 45 años”.
Así, a los empleadores que contraten nuevos trabajadores, el Estado subsidiará el 25% de las retribuciones mensuales sujetas a montepío y, si la persona tiene más de 45 años, el subsidio alcanzará al 40%.
El monto máximo del subsidio será del 25% de 1,5 salario mínimo –$ 5.036, actualmente– y se otorgará por 18 meses. A su vez, el incentivo se aplicará únicamente sobre nuevos empleos que tengan un sueldo máximo equivalente a 2,5 salarios mínimos ($ 33.575 actualmente).
Para poder utilizar ese subsidio, las empresas deberán estar al día con sus pagos al Banco de Previsión Social, Dirección General Impositiva y Ministerio de Trabajo, no ser beneficiarias de otros incentivos tributarios o subsidios al momento de promulgarse la ley y no haber efectuado despidos o enviado personal al seguro de paro en los 90 días previos a la contratación del trabajador y en los 90 días posteriores.
“No se considerará incumplimiento de este requisito el despido por notoria mala conducta”, establece el proyecto.
El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo que desde 2014 se perdieron 45.000 empleos “y eso nos duele, preocupa y ocupa”. El objetivo del gobierno es que se generen unos 5.000 puestos de trabajo mediante esta ley.
Sin embargo, este planteo parece una aspirina queriendo calmar el dolor de una cirugía mayor, por cuanto ante la coyuntura las empresas no están pensando en incorporar personal, sino en reducir la plantilla, porque los costos las asfixian y el mercado se ha constreñido significativamente, con una tendencia poco alentadora. Los números en rojo, empate o escasa rentabilidad que configuran el panorama empresarial, no dan margen para lanzarse a aventuras por si las cosas se revierten mágicamente en el corto plazo.
En las antípodas de la realidad que vive el país tenemos al Pit Cnt, que sigue apelando a la lucha de clases y a los viejos esquemas de las oligarquías y los explotados como la causa de todos los problemas, en un delirio que ignora olímpicamente los enormes costos que enfrenta el empresariado “explotador” por impuestos, cargas sociales, energía, servicios y déficit en infraestructura, entre otros males.
No puede extrañar que, ante un panorama de decreciente desempleo y cierre de empresas, como vemos a diario, en el Pit Cnt se señale que ven al gobierno “callado”, “quieto”, “sin marcar agenda” y se interpreta que eso da espacio a “sectores reaccionarios” entre los que están algunas gremiales empresariales, por lo que analiza más medidas de lucha, sin descartar un paro general.
El integrante del Secretariado y presidente del sindicato de la bebida (FOEB), Fernando Ferreira, dijo a El País que las cámaras empresariales buscan generar “un clima de inestabilidad en el marco de una campaña electoral adelantada”. Ferreira consideró que las gremiales empresariales utilizan para su estrategia la preocupación por los puestos de trabajo, en particular en el Interior. Elementos de esa estrategia son el retiro de las gremiales rurales de los Consejos de Salarios, la falta de voluntad de algunas cámaras empresariales de acceder a dar correctivos por inflación y en algunos casos las propuestas del sector privado para que los salarios bajen en términos reales, dijo.
Es decir, que lejos de presentarse una situación económica harto complicada, con la incertidumbre de si se podrá mantener mucho tiempo más la fuente de trabajo, para el Pit Cnt los empresarios simplemente tienen mala voluntad, apelan a su perfil de clase “dominante” y están en campaña con los sectores “reaccionarios”.
La respuesta a la crisis para esta óptica de confrontación está en la “lucha” de los “sectores populares” y no en buscarle la vuelta a los serios problemas que implican los gravosos costos de abrir y mantener cualquier empresa en el Uruguay. En el sector privado, naturalmente; porque dentro del Estado abundan los “curros” de cargos inventados que son financiados –hasta que se pueda– precisamente por los empresarios y los trabajadores. Mientras, las empresas estatales pueden perder dinero a manos llenas porque siempre aparecen recursos desde los bolsillos de todos los uruguayos para financiar las pérdidas y eventualmente recapitalizarlas.
Una manifestación clásica de esta dicotomía entre los “buenos y los malos” surge nítidamente en el caso de que, pese a los serios problemas de colocación de sus productos en el exterior, parte de los empleados del frigorífico “Las Moras”, ubicado cerca de La Paz, Canelones, ocuparon durante una semana la planta. Ello supuso una pérdida diaria de U$S 30.000 para la empresa, que cayera un negocio con una cadena de supermercados europea y que productores que iban a vender ganado a la empresa los enviaron a otras plantas. También se retiró una cuadrilla “kosher” que había venido a verificar que los cortes en la planta se hicieran de acuerdo con las exigencias del mercado de Israel.
A la vez, los problemas de la industria láctea se han potenciado sin que aparezcan soluciones reales, tras algún paliativo como el de la empresa sanducera PILI, y la reducción del área de arroz está llevando desocupación al sector arrocero, desde que tras el cierre de la planta de Saman en Rio Branco que estaba operativa —la otra había dejado de trabajar el año pasado—, otras empresas del sector como Glencore y Agroindustrial Casarone estarían adoptando una decisión similar en las próximas horas.
El cierre de las plantas o la reducción de las plantillas de trabajo se debe al aumento de la capacidad ociosa, por una reducción del área arrocera en las últimas zafras, situación que se puede agravar más con la caída de 20% del área para la zafra 2018/19, donde no se estarían plantando más de 130.000 hectáreas.
Con números en rojo en las últimas seis zafras, incluso pese a los rendimientos récord por hectárea que logró el cereal —la producción arrocera uruguaya es una de las más eficientes del mundo y produce calidad cuidando el medio ambiente—, la reducción del área para la próxima zafra se da por lo que le está costando a los productores refinanciar deudas para volver a plantar, tanto a nivel de bancos, como de los molinos, que son los que financian buena parte del área destinada al cultivo.
Los mismos costos altos de combustible, mano de obra y energía le pegan también a la industria, que tiene menos arroz para procesar y vender, pero que cuenta con costos fijos a los que debe hacer frente todos los meses.
Pues este es el país real, al que lamentablemente se le sigue ignorando y menospreciando desde los gobernantes en sus escritorios de la capital y dirigentes nacionales del Pit Cnt, con posturas cómplices y hasta genuflexas de buena parte de dirigentes del Interior, que por motivos ideológicos lamentablemente siguen embarcados en seguir el juego y los eslóganes que se potencian desde Montevideo.
De espaldas al país real
