Desempleo y dificultades para la reconversión

El escenario laboral en Uruguay se complica y parece que los esfuerzos se dirigen a disipar la complejidad de la coyuntura, con nuevos debates sobre la mesa que mantienen el entretenimiento en un clímax seguro. Sin embargo, en las últimas horas se supo que la empresa Motociclo atraviesa por una muy complicada situación, con deudas por U$S 33 millones y el delicado equilibrio que se debe ejercer con anuncios de cualquier tipo porque hay 297 personas que dependen de esta fuente laboral.
En el este del país, Saman anunció el cierre de dos plantas en Río Branco y el despido de 33 trabajadores para concentrar su producción en Vergara, Treinta y Tres, bajar los costos y mejorar la eficiencia empresarial.
En líneas generales, hay problemas para la reconversión y la generación de empleo, a tal punto que algunos economistas calculan la pérdida de unos 55.000 puestos en los últimos cuatro años.
Con un incremento en los costos de producción, la baja rentabilidad de algunos sectores que hace años alertan sobre su problemática, sumado a las interpretaciones sobre la realidad agropecuaria que realiza el gobierno desde hace años, conformaron un cóctel que ahora deben tomárselo las comunidades dependientes de esas fuentes laborales que no se remiten solo a una industria en particular, sino a lo que conlleva la prestación de otros servicios indirectos, que también generan puestos de trabajo.
Es que la situación empeora y no hay caso. El gobierno no reacciona, sino todo lo contrario. Permanece estancado en su discurso aleccionador, basado en estadísticas propias, condimentado por el discurso político que compara hacia atrás y muestra parámetros como si fuera la regla general que rige a todos por igual.
Han ejercido tanta presión fiscal que hoy Uruguay se ubica en el tercer lugar del contexto suramericano como el país de mayor tributación y por encima del promedio regional. Los tributos correspondientes al esquema impositivo son el 33,18% del Producto Bruto Interno (PBI), cuando en el continente se ubica en 24,93%.
La baja rentabilidad y, por ende menores ingresos en la empresa, obliga a una retracción al momento de solicitar personal, porque es un factor que encarece aún más los costos. Además, un incremento en los procesos de automatización, cambió la mano de obra por las maquinarias y eso se puede apreciar en las industrias manufactureras que bajaron las horas trabajadas y aumentaron el stock de la tecnología.
En otros lugares no pudieron ni con uno ni con lo otro. El caso de Juan Lacaze es representativo de una zona del país que fue pujante con industrias papeleras y textiles que movilizaron la producción más allá de su zona de influencia. Hoy ya no existen y solo queda la esperanza de la extensión del seguro de paro a 270 trabajadores que tampoco lograron reconvertirse. La crisis social y económica en que se sumergen esas localidades que fueron grandes polos industriales, conspira contra el “país productivo con justicia social” que se reiteró como una cantinela durante las campañas electorales.
Ni la histórica Fábrica Nacional de Papel ni la Cooperativa Textil Puerto Sauce pudieron salir a flote ni enfrentarse a las transformaciones que planteaba la nueva realidad. Los extrabajadores de ambos emprendimientos recibieron una extensión excepcional del seguro, con la esperanza que funcionaran los planes diseñados por el Poder Ejecutivo para salir del pozo. Por eso, hoy se plantea un nuevo pedido que movilizó al presidente Tabaré Vázquez y su gabinete porque los operarios no pueden reinsertarse y eso no tan difícil de entender. Aunque al gobierno le cuesta.
Al menos el 80% no ha logrado acceder nuevamente al mercado de trabajo porque una mayoría tiene más de 40 o 50 años y varias décadas de aportes a la seguridad social. Y eso ocurre en cualquier parte del país. De hecho, ocurrió en Paysandú con las consecuencias conocidas. El mientras tanto se ha tornado difícil para quienes estaban acostumbrados a levantarse para ir a la fábrica porque ha sido un tiempo de capacitaciones en logística y desarrollo portuario, ante las oportunidades que brinda la ubicación de la ciudad. Pero la operativa de un barco en la terminal fluvial de Juan Lacaze y la posibilidad del transporte de cargas hacia Buenos Aires se demorará al menos seis meses. Los extrabajadores de Fanapel aguardan ante la posibilidad de reconvertirse en un emprendimiento que elabore bolsas de papel industrial y la cooperativa textil Puerto Sauce, cuyo estudio arrojó que no era viable, se transformó en un proyecto metalúrgico que se dedica al mantenimiento de la maquinaria de la planta. Pero emplea a siete mujeres, de un total de 70.
Esta ciudad dormitorio ve el crecimiento de la pobreza y la ironía casi perfecta de estar rodeada de hectáreas de plantaciones de eucaliptos con destino a la planta de celulosa, mientras cierran de a una las fábricas de papel. Si la salida es el seguro de paro, entonces todos estamos en problemas.
El nudo de la cuestión es que no hay otra salida porque cada extensión se resuelve, tras arduas discusiones parlamentarias.
A estas empresas se sumarán la extensión para Envidrio, Cerámicas Olmos y la Compañía Nacional de Cemento. En este último caso, la planta ubicada en Pan de Azúcar presenta problemas de competitividad ante una reducción de la demanda regional y hay 50 trabajadores de un total de 130, en el seguro rotatorio.
La industria y el comercio, junto a sectores productivos como el lácteo o el arrocero, van de la mano en esta crisis que impone una mirada basada en la aritmética, con razonamiento lógico y sin rodeos.
Sin embargo, hemos perdido demasiado tiempo en enfrentamientos y algunos liderazgos se han ocupado en ensanchar la brecha, en vez de acercar las posiciones para ver que aquí, perdemos todos. No alcanza con que el ministro de Economía Danilo Astori reconozca que el principal problema de la política económica es el desempleo porque enseguida agrega que no hay que “dramatizar” porque la situación no es “catastrófica”.
Habría que preguntarle a cualquiera que viva en Juan Lacaze si esa es una impresión general o particular, porque las consecuencias deben medirse en todos los plazos. Además, claramente no es lo mismo verla desde un escritorio en Montevideo que a fin de mes en cada hogar.